No debemos engañarnos. Javier Duarte ya fue juzgado y condenado. Lo que hoy haga la PGR, lo que decidan los jueces y magistrados sobre su persona, nada tienen que ver con la condena social.
Para los mexicanos (y, con seguridad, para muchos ciudadanos de otros países) Javier Duarte es el mejor ejemplo de ese cáncer que ha invadido a la política de México: La corrupción.
Lo que la gente espera constatar en los próximos meses (no hay forma de que los juicios en contra de Javier Duarte concluyan antes de las elecciones del 2018) es si la “justicia formal” llega a las mismas conclusiones que en el juicio ciudadano, y si se consigue, de alguna forma, que devuelva lo robado, aunque en ese punto predomina el escepticismo, pues además de aquellos que no creen que lo obliguen a regresar un solo centavo, están los que advierten que, de lograrlo, esa fortuna sólo cambiará de un corrupto en desgracia, a otro corrupto, pero en el poder.
Como consecuencia de este espectáculo jurídico-circense, algunos de los excolaboradores están seriamente preocupados. Han percibido en todo este proceso una creciente disposición de las partes (Javier Duarte y gobierno federal) de alcanzar acuerdos benéficos para ambos.
Algunos diputados federales, otros diputados locales o personajes de la vida política de Veracruz que hoy están “en la banca”, temen seriamente que vayan a ser “puestos” por quien fuera su jefe, a cambio de algunos beneficios penitenciarios, o para ratificar el acuerdo de inmunidad para Karime Macías.
Todos ellos tienen las manos manchadas, todos le metieron la mano al cajón, al principio por instrucciones de su jefe, pero después por voluntad propia, como una forma de adjudicarse una comisión por los servicios prestados.
Estos personajes están muy pendientes de cada detalle que surja del proceso judicial. Entienden que los mismos argumentos que utilice Javier Duarte en su defensa, podrían servirles a ellos. Antes verificarán que hayan sido útiles en el proceso del exgobernador.
Los hay quienes recurren al argumento gremial. Se acercan a políticos de su mismo partido y les piden protección, porque en su lógica, “todos robamos; hoy me persiguen a mí, pero mañana tú podrías ser el objetivo y querrías que tus compañeros de partido te defendieran”.
La argumentación de la defensa es la misma que ya se había plasmado en este mismo espacio hace ya muchos años, desde los tiempos en que gobernaba Fidel Herrera Beltrán: No hay forma de que las autoridades demuestren que el recurso desviado fue a parar a los bolsillos o a las cuentas de un servidor público.
Las fuertes sumas desviadas fueron llevadas a cuentas concentradores del propio gobierno estatal y en esa maraña financiera se le pierde la pista, a través de empresas “fachada” y disposiciones en efectivo. Ni la Auditoría Superior de la Federación ha logrado seguirle el rastro al dinero. Esa instancia se limita a denunciar los montos desviados y menciona a los responsables de las cuentas-destino, pero no puede demostrar que esos servidores públicos se apoderaron de dichos fondos.
No será un proceso sencillo. La estrategia planteada por el despacho jurídico Del Toro Carazo y Asociados considera la posibilidad de prolongar los juicios y desplegar una campaña mediática que termine transformando al presunto delincuente, en una “víctima del aparato de gobierno”. Así lo ha hecho con la exlideresa del SNTE Elba Esther Gordillo y así podría hacerlo con Javier Duarte.
Mientras eso sucede con el proceso federal, en Veracruz el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares habrá de soltar nuevas bombas de humo, de manera que la gente preste poca atención al hecho de que sus tan cacareadas órdenes de aprehensión contra Duarte ya fueron rechazadas por un juzgado de distrito (suspensión provisional).
Al principio le sonaba mal a Yunes Linares que la PGR se atribuyera el mérito de la captura y enjuiciamiento de Javier Duarte. Hoy, ante la debilidad que han mostrado los fiscales federales, el gobernador de Veracruz concluye que quizá no sea tan malo que sea la Federación la que cargue con el costo de presentar procesos endebles contra alguien con el suficiente poder económico para contratar a los mejores abogados para que lo defiendan.
* * *
Epílogo.
El senador Pepe Yunes Zorrilla sostuvo una reunión de trabajo con líderes cañeros de 15 ingenios del estado, pertenecientes a la CNC y la CNPR, quienes le expusieron diversas solicitudes de apoyo y gestiones, a las cuales el representante popular se comprometió a dar cauce en el Senado de la República. Lo acompañó el dirigente estatal de la CNC, Juan Carlos Molina. *** Este miércoles habrá de comparecer ante los diputados el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, otro que ha sido juzgado y sentenciado por la sociedad veracruzana, sólo que a este lo tachan de inepto. *** La ocasión se pinta sola para que hable de la incontenible violencia. Podría hablar, por ejemplo, de la doble ejecución cometida este martes en Cosoleacaque. Abías Salomé Salomé conocido como “Cabeza de Cochino”, viajaba en una camioneta Nissan, tipo Frontier, que era conducida por su sobrina. De pronto sujetos armados a bordo de una camioneta, los interceptaron y les dispararon varias veces, para enseguida huir del lugar. Los dos fallecieron. *** También podría explicar qué hace su gente mientras siguen apareciendo cadáveres en todo el estado, como el cuerpo encontrado en el camino que conduce a la comunidad Las Sirenas, del municipio de Rafael Delgado. Fue identificado como Eduardo Espinoza Martínez, de 50 años de edad, taxista. Su cuerpo estaba maniatado, con los ojos vendados y con huellas de dos disparos en la cabeza. *** Ojalá este miércoles Téllez Marié explique qué está haciendo por la seguridad de los veracruzanos.
filivargas@gmail.com |
