Los despidos han continuado desde entonces, al menos otros 85, de manera más escalonada. Pero el maltrato laboral ha permanecido igual o peor. A los trabajadores de confianza se les notifica la conclusión de contratos que no conocían. Y para evitar que acudan a los tribunales laborales a demandar, se les promete una supuesta recontratación a cambio de que firmen su renuncia a ejercer cualquier clase de acción legal en contra del Congreso veracruzano.
Esto, de acuerdo con una persona afectada que le expuso la situación de los trabajadores del Congreso de Veracruz a quien esto escribe y que por obvias razones, pidió mantener a resguardo su identidad.
“En mi caso fueron casi ocho años y me despidieron. Sólo nos daban 12 días por tres años, y la firma de un convenio donde renunciabas a todo, entre que no te pagaban conforme a ley. Después de unos días convencieron a la compañera que estaba embarazada y fue despedida”, relató la persona afectada.
Y continuó: “a algunos nos han hablado para que regresemos, pero con la condición de firmar el convenio y así perder la antigüedad que llevamos, con salario reducido. Y no de inmediato. Te dicen que en unos tres meses te contratarán. Pero eso sí, que firmes el convenio”.
Sin embargo, a diferencia de lo que se maneja en el discurso, los despidos de personal no tienen que ver con una política de ahorro y contención del gasto. Muchos de los lugares que han dejado los trabajadores despedidos han sido vueltos a ocupar por personal nuevo. Y las personas que perciben salarios de más de 50 mil y hasta de 80 mil pesos mensuales continúan en el Congreso, ganando lo mismo, pues son trabajadores sindicalizados y, por ende, inamovibles. Igual que la flotilla de “aviadores” colocados en el Poder Legislativo como pago de facturas político-partidistas.
Los despidos masivos -relata la persona afectada- fueron operados directamente por el director de Recursos Humanos del Poder Legislativo, Jaime Mejía de la Merced, mientras que la representación legal del Congreso no la llevaría el director de Servicios Jurídicos, Ángel Ramírez Bretón, sino un despacho privado de abogados, lo cual constituiría de suyo una irregularidad en cuanto a atribuciones.
“Obviamente, la gran mayoría interpondrá una demanda. Éramos realmente los que sacábamos la chamba y nos hicieron enseñarles a los nuevos. Eso no es malo, pero fue con dolo. Si varias secretarias sindicalizadas ganan entre 50 o más de 80 mil pesos mensuales, ¿por qué no les redujeron los bonos tan altos, en lugar de despedir tanta gente que no encontrará trabajo? Obvio que no, son del Sindicato. Y el líder nos ha dicho que tiene que cuidar a sus hijas. ¿Y las demás madres? ¡No se vale!”, sentenció la persona afectada.
No sorprende el modus operandi. Es mucho muy similar al que se utilizó en el Poder Ejecutivo del Estado para despedir personal desde el mes de diciembre pasado, cuando asumió el poder en Veracruz el “gobierno del cambio”.
Y de igual manera como sucederá con el Ejecutivo, cuando los juicios laborales concluyan, las consecuencias legales y económicas para el Poder Legislativo de Veracruz serán desastrosas. Pero los actuales diputados y funcionarios ya no estarán ahí. El de atrás, paga.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras |
