El obús llegó certero y por más que el equipo presidencial lo intente esquivar, las esquirlas de la detonación han causado ya el daño esperado.
Si en América Latina el complejo problema que representa la corrupción es un asunto estructural, en México, el tema, ha cobrado tintes de asunto de estado, en donde todas versiones de este flagelo han sido exploradas y por mucho superadas.
No existe en ninguna otra parte del orbe, un concepto tan acabado y desarrollado como el de la corrupción; y esto es importante precisarlo, porque las mismas autoridades internacionales responsables del estudio de este fenómeno social, han apuntado, que la institucionalización del fenómeno hacen replantearse todas las teorías al respecto.
De esa manera, el escándalo provocado por el Diario O Globo de Brasil confirma lo que ya en Veracruz era una verdad conocida, el corporativo fundado por Marcelo Odebrecht habría tocado con sus tentáculos a varios funcionarios tanto federales como estatales.
Mientras las interrogantes se ciernen sobre Emilio Lozoya Austin, ex titular de Pemex, a quienes fuentes acusan de haber recibido 10 millones de dólares por parte del gigante petrolero para conseguir algunas licitaciones en la refinería de Tula, Hidalgo, la realidad es que los hilos de todo este entramado construido al amparo de dos ex gobernadores veracruzanos, apenas comienza a deshilarse.
En este mismo espacio el pasado 13 de junio de 2017, le presente información recabada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a la que este reportero tuvo acceso; en ella se daba cuenta de que al menos dos empresas offshore utilizadas por Odebrecht para el pago de sobornos transfirieron 3 millones 754 mil dólares a una compañía “de fachada” del estado de Veracruz.
Dicha información estaría sustentada en documentos de la Fiscalía brasileña a los que tuvo acceso MCCI.
El dinero de dichas operaciones habría sido enviado a Blunderbuss Company de México SA de CV, una empresa constituida en 2008 en Poza Rica, Veracruz, que carece de instalaciones y de operaciones comerciales visibles.
Detrás de esta compañía operaba una red de prestanombres vinculados todos al Gobierno veracruzano cuando fue encabezado por el hoy reo Javier Duarte así como a la oficina de Odebrecht en México.
Las transferencias se hicieron entre agosto de 2010 y febrero de 2011 a través de dos bancos: Credicorp de Panamá y Meinl Bank Antigua Limited, institución controlada por Odebrecht en la isla caribeña de Antigua.
MCCI obtuvo el acta constitutiva de Blunderbuss y constató que los socios son personas ajenas a actividades empresariales. Uno de los supuestos accionistas es un vendedor de seguros que reside en una pequeña casa en la ciudad de Papantla y el otro socio –quien funge como administrador único de la empresa- es un exempleado de una gasolinera que vive en una colonia popular de Poza Rica.
Las transferencias de las empresas offshore de Odebrecht a Blunderbuss empezaron a fluir al mes siguiente de que Javier Duarte fue electo gobernador de Veracruz y cuando estaban en curso dos de las más grandes inversiones de Odebrecht en aquel estado: la modernización de la refinería de Minatitlán en la que el gobierno de Felipe Calderón autorizó un sobrecosto de 66% (pasó de 634 millones de dólares a mil 055 millones de dólares) y la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, en la que Pemex accedió a suministrarle gas etano a precio preferencial por 20 años.
Los documentos consultados por MCCI -y que hiciera públicos El Financiero- forman parte de la investigación de lavado de dinero y pago de sobornos que la Fiscalía brasileña realizó en torno a operaciones de Odebrecht en Suiza, Andorra, Mónaco, Islas Vírgenes, Islas Caimán, Antigua, Barbados, Panamá y Brasil.
En el expediente al que se tuvo acceso hay cientos de carátulas de estados de cuenta y reportes de transferencias de distintos bancos. En una revisión exhaustiva, MCCI localizó seis operaciones con la empresa “fachada” ubicada en Poza Rica.
Blunderbuss Company de México -la empresa veracruzana a la que Odebrecht transfería dinero- se constituyó el 3 de junio de 2008 ante el notario José Manuel A. Hernández Cabada.
En el acta aparece como supuesto dueño Plinio Roldán Lecona Argüelles, exempleado de una gasolinera, de 29 años de edad, que tiene su domicilio en una humilde vivienda en el callejón Heriberto Jara, en la colonia popular Las Valentinas, de Poza Rica.
También funge como socio el vendedor de seguros Santiago Castellanos Estrada, de 66 años de edad, quien tiene su casa en la calle Xoyotán, en el fraccionamiento Tajín de Papantla, Veracruz.
La empresa tiene once objetos sociales, que incluyen la construcción, la asesoría en administración y mercadotecnia; intermediación en toda clase de negocios, servicios de computación, contratación de personal para otras empresas (el llamado outsourcing), gestión de créditos y compra, venta y renta de inmuebles.
El 19 de diciembre de 2012 se realizó una asamblea extraordinaria para ampliar el objeto de la sociedad a la prestación de servicios “llave en mano” en las áreas administrativa, servicios operativos y procesos de producción, así como la comercialización de todo tipo de mercancías, incluyendo la exportación e importación.
Pese a su amplia variedad de servicios, no hay registros de actividad de la empresa. En la base de datos del Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), de la Secretaría de Economía, no se tiene ni siquiera la referencia de su domicilio. Es una empresa que sólo existe en el papel.
Lo que evidentemente abre muchas interrogantes respecto al papel que está asumiendo la actual administración estatal al ser cuestionada respecto al tema; pues dicho por el propio gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, en una reciente entrevista radiofónica, es un asunto que no compete a la Fiscalía General del Estado investigar, aun cuando la serie de delitos cometidos se hubieran podido fraguar en el estado.
Respecto a ello, sería importante saber, ¿bajo qué condiciones mantiene el gobierno de Veracruz relación con el consorcio brasileño?, ¿cuáles son los status de al menos una concesión para el manejo, control, y operación del servicio de agua potable en la zona conurbada de Veracruz puerto? ¿Qué otros permisos o concesiones tiene Odebrecht a través de sus diversas filiales en la entidad? Las interrogantes son muchas y lamentablemente las respuestas se siguen dando a cuenta gotas.
Este reportero busco a los integrantes MCCI para ampliar la información al respecto, teniendo como respuesta la negativa de poder presentar datos para el estado, tras documentar amenazas a reporteros en estados como Tamaulipas.
La podredumbre detrás de este escándalo toca intereses poderosos lo que confirma que la información recopilada es verdadera. Ahora solo queda cuestionarnos ¿hasta cuándo se podrás saber la verdad entorno a este entramado?
Al tiempo.
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