Es obvio que no será fácil llegar hasta las entrañas de este caso pero Carmen Aristegui publica una carta firmada por el abogado Paulo Díez Gargari y recibida en la Oficina del Procurador General de la República Dr. Raúl Cervantes Andrade, en la que se afirma que la PGR designó un Ministerio Público “a modo” para interrogar a Emilio Lozoya sobre los presuntos sobornos de Odebrecht.
Además, el abogado Díez Gargari, sostiene que la MP está adscrita a la Coordinación General de Investigaciones (CGI), que no es competente en este caso, y a la Dirección General de Asuntos Especiales (“DGAE”), que no existe jurídicamente.
Es decir, como aquí se había adelantado, el citatorio de la PGR a Emilio Lozoya Austin, podría tratarse de un ejercicio de simulación para lavarle el expediente al ex director general de PEMEX.
Por otro lado, se publica en la misma nota mencionada de la Jornada, que no solo en la PGR se hacen esfuerzos por amainar los efectos del caso Odebrecht, sino también en el Congreso de la Unión, ya que la misma diputada federal Rocío Nahle se inconformó porque la mesa directiva de la Comisión Permanente bajó de la agenda del día un punto de acuerdo propuesto por Morena para citar a comparecer a los titulares de la PGR y de la Secretaría de la Función Pública, a fin de que informaran sobre las investigaciones en torno a los sobornos de Odebrecht.
Pidió una explicación y el presidente de la Comisión Permanente, Pablo Escudero (PVEM), le respondió que fue a petición del PRI y el PAN, concluye la nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, publicada hoy en La Jornada.
Como se dijo antes, el Caso Odebrecht ha resultado una hebra de hilo demasiado gruesa que podría servir de lazo de horca para los dos partidos más poderosos del país.
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