Y retumba la pregunta del millón: ¿Es necesario llegar hasta este extremo para salvar los bienes o la propia vida? Para el grueso de la población, sí, “pues de que lloren en mi casa, mejor que lloren en la suya”.
Pero ¿a qué va todo esto? A que el día de ayer en Veracruz se aprobó por unanimidad, con 42 votos el dictamen que reforma la fracción III y deroga la fracción IV del artículo 25 del Código Penal del Estado de Veracruz con el propósito de ampliar los alcances de la legítima defensa de la forma siguiente:
“Se presumirá la legítima defensa, salvo prueba en contrario, el hecho de causar un daño, lesión o incluso prive de la vida, a quien, por cualquier medio, trate de penetrar o penetre sin derecho al lugar en que, temporal o permanentemente, habite el que se defiende, su familia o cualquier persona a la que tenga obligación de defender”.
“O donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que tenga igual obligación de defensa, o bien, lo encuentre al interior de alguno de aquellos lugares; siempre y cuando medien circunstancias que revelen la probabilidad de una agresión”.
No quisiera decirlo así, pero esta reforma se convierte en una licencia para dañar, lastimar e incluso para matar a cualquier persona que atente contra nuestro patrimonio, persona, incluso “el honor”.
Pero no solamente es Veracruz el que está haciendo reformas en esta materia. El primero en regular la legítima defensa, fue Nuevo León; el segundo, fue Baja California Sur; el tercero, Guanajuato y también se está proponiendo en estados como Tamaulipas, Baja California, Campeche, Quintana Roo y Tabasco. No dudo que más estados reformen sus Códigos Penales, pues ante el incremento de delitos y derivado de que en México apenas el 1 por ciento de los delitos se castiga, se opte por dejar el “descargo al ciudadano”.
Es verdad, ante la inseguridad que invade al país, los estado están siendo rebasados, y con estas reformas a los Códigos Penales de los Estados se está autorizando a cada ciudadano a defenderse. Desde mi punto de vista, esto significaría que el Nuevo Sistema de Justicia Penal no está funcionando como debiera, pues si el delincuente es asesinado ya no se le permite su resarcimiento dentro de la sociedad.
Ante estas nueva reformas, sin duda el tráfico de armas se incrementará en el país, aunque también el riesgo de que muera gente inocente, pues nuestro sistema de justicia muchísimas veces se equivoca al ejercerlo.
Hace unos meses escuchaba una entrevista al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, decir que los crímenes por armas de fuego se habían incrementado, y que las estadísticas mostraban que se suscitaban en su mayoría después de alguna riña donde había estado presente el alcohol. Esto viene a mi mente porque ¿Qué pasará cuando alguien después de algunos alcoholes se sienta “ofendido en su honor” por algún amigo en su casa? ¿Quién provocó la agresión? ¿Se pudo haber evitado?
Sin duda, ante el hartazgo social de la inseguridad, la reforma suena bastante buena y exterminadora pero ¿es la solución provocar miedo en los delincuentes?
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