-Negar vigilancia oficial en las áreas de influencia de tiendas de conveniencia, bares y demás negocios que estén abiertos después de las 22:00 horas, obligándolos a colocar cámaras de seguridad y contratar guardias privados, dejando a los clientes en absoluta vulnerabilidad ante pandillas de ladrones;
-Y lo más grave y reciente: Obligar a los ciudadanos a pertrecharse con armamento y municiones para ejercer la legítima defensa, incluso causando la muerte del agresor, sin que por ley sea juzgado como homicida por los tribunales de Veracruz.
A las medidas con las que busca deshacerse de obligaciones en materia de seguridad pública, atribuyéndolas a empresas y particulares o delegándolas en los ayuntamientos, el gobernador Yunes Linares ha tratado de endilgar al gobierno federal los casos de ejecuciones entre bandas del crimen organizado, el robo de combustible y aquellos considerados como delitos contra la salud (producción, transporte, tráfico, comercio y posesión de estupefacientes), por considerarse delitos de fuero federal.
Y ya sabemos que desde que comenzó su andadura como gobernador, rogó, pidió y, finalmente, exigió (o exactamente al revés) que el gobierno de Enrique Peña Nieto mantuviera el apoyo de la Secretaría Armada de México en ciudades como Veracruz, que se ha extendido a Coatzacoalcos; que entrara de lleno la Gendarmería Nacional, la Policía Federal Preventiva y la Policía Militar.
Por cierto, ha servido de muy poco, porque los índices delictivos han crecido desmesuradamente, particularmente en materia de delitos de alto impacto como los homicidios dolosos y los secuestros, aunque también los robos violentos de vehículos, negocios y transeúntes, además del asalto violento de vehículos de transporte público en las principales carreteras de la entidad.
Lo que vemos, entonces, es un gobernador perseguido por el señalamiento de no haber cumplido la promesa de acabar con la violencia en tan solo seis meses y que busca desesperadamente adelgazar las atribuciones y obligaciones del gobierno estatal para alcanzar estándares de seguridad que permitan ya no solo la atracción de inversiones para generar empleo, sino incluso conservar en pie a las empresas asentadas en territorio veracruzano que han empezado a migrar ante la falta de garantías para mantener las fuentes de empleo. Y eso le pega electoralmente tanto al PAN como al hijo, de su mismo nombre, que impulsa para que lo suceda en el puesto.
Nueva licencia para matar… o ser asesinado
El gobierno panista cada vez se parece más al que encabezó el priista Javier Duarte de Ochoa. En agosto de 2014, el entonces secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, hoy preso en el penal de Pacho Viejo y –según dicen- con un pie fuera de la celda, recomendó a la ciudadanía que se sentía insegura invertir en un candado, en una alarma “que ahora son muy baratas”, “encargar la casa”, “instalar sensores” o “hasta tener un perro”, porque la Secretaría de Seguridad Pública es responsable de vigilar las calles, pero que los ciudadanos son los responsables de lo que sucede en su casa.
La semana pasada, el Congreso local dio los argumentos para retomar esa propuesta. Porque Bermúdez nunca habló de que compraran un arma, aunque es de intuirse que estaba implícita en su recomendación de que los ciudadanos se hicieran cargo de sus casas.
En efecto, los diputados locales aprobaron por unanimidad el dictamen con proyecto de decreto que legaliza la muerte en legítima defensa, una iniciativa presentada por el PAN en julio, y que justifica la actuación de los particulares en caso de invasión de sus viviendas, sin el riesgo de ser condenado por el delito de homicidio.
El dictamen establece la legítima defensa de la persona, de su familia, de su honor o de sus bienes, o de la persona, honor o bienes de otro, repeliendo una agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual tenga un peligro inminente, salvo que pruebe que intervino alguna de las circunstancias como la provocación del agredido, o que previo a la agresión pudiera haberla evitado y que el daño que causare el agresor hubiera sido fácilmente reparable o notoriamente de poca importancia comparado con el que causó la defensa.
Según la reforma, “concurren los requisitos de la legítima defensa, respecto de aquel que rechazare al agresor, en el momento mismo de estarse introduciendo o realizando actos idóneos encaminados a lograr entrar a su casa o departamento habitado, o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño causado al agresor”.
Los legisladores argumentaron que el robo a casa habitación y a negocio ha derivado en delitos concurrentes como allanamiento de morada, daños, lesiones, en algunos casos violación y hasta la muerte, y su incremento ha provocado que las familias deban gastar en medidas de protección que en algunos casos son muy costosas y en otros inaccesibles.
Lo que no consideraron son los riesgos derivados de la proliferación de armas de fuego en manos de particulares, el hecho de que legalmente estos no pueden contar con armas de alto calibre exclusivas de las fuerzas armadas (como las que sí portan los criminales) y los riesgos de su mal manejo en manos inexpertas e, incluso, su uso en casos que no establece la ley con esta iniciativa, como la de portarlas fuera del domicilio.
¿Qué sigue ahora?, ¿crear las medidas legales indispensables para que los particulares nos podamos armar, tomar cursos de tiro y adquirir en armerías legalizadas las municiones requeridas para una, dos o más armas de fuego que podamos accionar en casa, aun cuando exista el riesgo de que caigan en manos de menores de edad?
Puede que no suene mal, de no ser porque más al rato saldrán con la pavonada de que el asalto a casas habitación o a negocios ha sido porque los ciudadanos no hemos hecho nada para defendernos de las bandas criminales que, por cierto, ante la mínima reacción de legítima defensa seguramente tomarán represalias que pueden ser más dañinas para el defensor y su familia.
Motociclistas, en la lista negra
¿Se imagina estar obligado a vestir un jersey que en la parte trasera lleve impreso su nombre completo, dirección y número telefónico, porque con ello será fácil localizar a quienes hayan cometido algún delito, tan pronto sean captados por las hipotéticas 7 mil cámaras de vigilancia que se instalarán en Veracruz?
Pues, guardadas las proporciones, eso quiere imponer el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a todos los motociclistas en la entidad si se adiciona un último párrafo al artículo 38 de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial para el Estado, a fin de obligarles a portar un chaleco y casco con el número de la placa de la unidad.
Para el abogado Fidel Ordoñez, no se trata de ninguna medida de seguridad "el que los motociclistas hagan el trabajo que no hace la policía al investigar quien realmente comete los delitos; es muy absurdo el hecho de que nos digan que debemos de instalar alarmas de seguridad en nuestras casas y debemos de vestir de determinadas formas como para que nos digan que de esa manera estamos protegidos."
El experto en derecho ha hecho ver que el uso de marcas está prohibido en la Constitución, y señala que la mayoría de los delitos se comete porque la policía no hace su trabajo.
Según la exposición de motivos de esta iniciativa, el fin es regular la circulación de motocicletas en el estado bajo el más estricto apego a la Ley, y salvaguardar la integridad de la población veracruzana: “Es necesario instrumentar medidas de control sobre los conductores y pasajeros de motocicletas, considerando el incremento en la comisión de delitos que utilizan como instrumento este tipo de vehículos”
Ya veremos si la iniciativa pasa en el Congreso, donde tiene a una pandilla de incondicionales a los que no les importa pasar por una recua de asnos.
Comentarios: belin.alvaro@gmail.com | www.alvarobelin.com | Twitter: @AlvaroBelinA | http://formato7.com/author/abelin/ |
