La violencia estrepitosamente a la alza. De acuerdo información de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) que emitió por medio del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en el 2017, se tiene registrado dos mil 220 homicidios y 163 secuestros. Poniendo al estado de Veracruz en la “vanguardia” delictiva y posicionándose dentro de los primeros lugares [en el tercer lugar para ser exactos] a nivel nacional y en vías de ser la número uno en actos criminales, que van de desde robo a los ciudadanos en la vía pública, a casa habitación, robo de automóviles, secuestros, “levantones” para tráfico de órganos y trata de blancas. 

De acuerdo con información de Causa Común dirigido por María Elena Morera, en una investigación presentado el pasado 6 de noviembre del año en curso, titulado: “Veracruz, un estado a la deriva”; exhibe que la entidad en una importante plaza delincuencial a causa de su geografía. 

“Goza de una ubicación privilegiada, con uno de los principales puertos comerciales y con vías carreteras que lo conectan con sus estados vecinos de San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Hidalgo, Tamaulipas y Tabasco”. 

Muy cierto es que en la entidad se trafica productos legales, pero la incidencia establece que el negocio que actualmente se están desarrollando tanto marítima, aérea y terrestre, es el tráfico de estupefacientes y no dudamos que hasta por estos mismos métodos se esté llegando al tráfico de personas con la anuencia absoluta de las autoridades tanto estatales como federales. 

María Elena Morera también expone que en Veracruz se disputan la plaza al menos cuatro grandes grupos criminales como lo son: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo, Los Zetas, Cárteles Unidos y Jarochos Unidos. A decir del propio gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, las zonas con más conflicto en la entidad es la zona montañosa de Córdoba-Orizaba y al norte, Poza Rica y Boca del Río. 

Lo cierto es que todo el estado de Veracruz vive una crisis evidente de ingobernabilidad. En donde los cárteles son quienes están lucrando y mandando en el estado. Por ello, cada día es más notorio que todos los servidores públicos, alcaldes en funciones y electos, y legisladores, transiten con camionetas blindadas y un séquito numeroso de guardaespaldas tanto para ellos como a sus familias.

Mientras que el ciudadano común, es al que están asesinando, con los métodos más espeluznantes y siendo protagonistas de actos de barbarie absolutamente escandalosos. En la actualidad, las técnicas de los grupos delincuenciales es mucho más agresiva, pero no es muy diferente al que utiliza el gobernador  del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, su “fiscalito”, Jorge Winckler Ortiz y sus séquitos de colaboradores fiscales que violentan no tan sólo a las víctimas sino a los familiares de manera inmediata –seres humanos que fueron brutalmente asesinados- al estigmatizarlos como parte de la delincuencia organizada por la forma como fueron localizados. Es un método para cerrar líneas de investigación en ipso facto. También las víctimas son vehículo de extorsiones por parte de la FGE en donde les exigen dinero a cambio de soltar los cuerpos de sus familiares. 

El día de ayer, el corresponsal de la semanario Proceso, Noé Zavaleta, indicó que dentro de la información emitida por la plataforma de la Secretaria de Gobernación, expone que existe 19 mil 343 robos, de los cuales dos mil 492 son robos con violencia a vehículos y 234 robos con violencia a casa habitación. Es importante advertir que existen muchos casos en las que las víctimas prefieren no interponer denuncia ya sea porque los amenazaron o porque simplemente no tienen ningún tipo de confianza en las autoridades o tal vez saben que el “fiscalito” no va a investigar absolutamente nada. 

Es decir, el reporte oficial realmente no muestra la incidencia delictiva real que está generándose en el estado; un resultado que puede duplicar o hasta triplicar el reporte oficial que mantiene la SESNSP.

Y prosigue María Elena Morera: 

“Y en esta disputa el horror se hace presente con la localización de fosas clandestinas en las cuales, aun preliminarmente, ya se cuantifican por cientos las víctimas, y donde por supuesto es urgente que la fiscalía del estado garantice que se realizarán las pruebas de ADN necesarias para identificarles plenamente” Acto que no lo está realizando el fiscal, al exponer que no cuenta con dinero para los reactivos de ADN teniendo que aplicarse los colectivos de familiares de desaparecidos [y que fueron realmente quienes localizaron las fosas porque la autoridad no le da la gana de ensuciar sus botas] a realizar diversas actividades para obtener dinero para ello. Mientras que el fiscal Jorge Winckler Ortiz no suelta el dinero para prioridades, pero si para utilizar los recursos en comilonas, luces proyectadas en la FGE y además, traer “guaruras” armadas para él y su familia; sin olvidar claro, el exceso gastado para viáticos de él  y sus colaboradores cercanos, quienes gozan de las mieles que emerge del poder y el pago de aviadores con sueldos exorbitantes. El gobierno del “cambio” es pura simulación, cuando en las dependencias se siguen incurriendo en las mismas prácticas priístas. 

“A esta tragedia no contabilizada tenemos que sumarle la que sí se reporta y en ella los datos también son graves. Del 2000 a 2009, la tasa de homicidios en el estado se mantuvo en un rango entre 6-7 por cada cien mil habitantes. Sin embargo, a partir de 2010 hubo un repunte importante hasta alcanzar los 15.5 para el 2016, más del doble que el año anterior. Según cifras del SESNSP, de febrero del 2016 a febrero del 2017 hubo un incremento en el número de homicidios de 158 % (…) Y luego podemos tener un problema de subregistro. Ya en febrero de este año fue enviado al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública un registro de 109 homicidios dolosos y, sin embargo, Lantia Consultores sumó 137 ejecuciones durante el mismo periodo. Es de notarse esta inconsistencia cuando, teóricamente, la cifra de ejecuciones debería ser menor que el total de homicidios que la Fiscalía admite ante el Secretariado (…) Por si fuera poco, desde el 2002 se registran 22 homicidios contra periodistas en la entidad (sólo durante la administración de Javier Duarte hubo 17 asesinatos de periodistas) haciendo de Veracruz el estado más peligroso para dicha profesión” expone Morera en su informe. Aunque debemos recordar que en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, se cuenta con el registro de tres periodistas asesinados y una número grande de comunicadores violentados en aras de su ejercicio periodístico por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Naval y la Fuerza Civil. Sin dejar a un lado la violencia constante por parte del ejecutivo estatal, que emite en contra de la prensa siempre que los cuestionamientos no son “modo” para embellecer su administración. 

Un método de ofensiva recurrente que va en contra de la libertad de expresión y censura que el “gobierno del cambio” ejecuta en contra de los columnistas, periodistas y fotoperiodistas que integran la prensa veracruzana y que critican sus pésimos resultados como gobernante del estado. Pero la violencia y censura no proviene nada más de él, sino que motiva a casi todos los servidores públicos de su gabinete, el poder judicial y una gran mayoría del legislativo. No hay respeto a la prensa de Veracruz. La violentan y la denigran de manera constante.

La Asociación Civil “Alto al secuestro” expone que los estados con mayor incidencia en la actual administración de Enrique Peña Nieto son: En primer lugar, el Estado de México, Tamaulipas en segundo lugar y Veracruz en la tercera posición. Seguidos por las entidades de Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Michoacán. Veracruz aumentó en el número de secuestros de septiembre a octubre, pese a que Yunes Linares argumente que se ha dado un importante revés al crimen organizado, la realidad es que en su administración a aumentando vertiginosamente con pésimos resultados por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz a cargo de Jorge Winckler Ortiz. 

La justificante del gobernador de Veracruz es que los hechos delictivos es una incidencia nacional. Tal vez le haría bien leer [y no tan sólo sus discursos a modo] los reportes que hacen las Asociaciones Civiles, pues estas reportan que en ciudades como Aguascalientes, Colima, Guanajuato y entidades como Baja California y Yucatán, existen cero secuestros. Un resultado que quisiéramos tener en la entidad veracruzana y no un incremento cada día más insoportable como el que estamos teniendo en la actualidad. 

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