El primero de enero del presente año, en este mismo espacio, se publicó: “El voto de confianza al que tenía derecho ya lo agotó. Compró con él la aprobación de un Fiscal General a modo y la posibilidad de hacer ajustes a su presupuesto en los próximos tres meses”.
En la última sesión ordinaria del 2016, la Legislatura aprobó el Presupuesto de Egresos para el presente año, aunque a la propuesta enviada por el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado, incorporó un Artículo transitorio, el Quinto, en el que se advertía que “El Poder Ejecutivo del Estado, en un plazo que no excederá de noventa días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá presentar ante el H. Congreso del Estado una propuesta de ajustes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2017, con la finalidad de incorporar en su cuerpo normativo las previsiones que resulten necesarias (…).
Noventa días después, en lugar de una “propuesta de ajustes”, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares envió una carta al Poder Legislativo en el que le daba a conocer que “durante el año se harán los ajustes que sean necesarios, mismos que se notificarán puntualmente a esta soberanía, en atención a las disposiciones legales que nuestro estado contempla. Siempre en estricto cumplimiento en la aplicación de los recursos etiquetados para los fines a los que están destinados”.
Esto es, que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien había advertido que no se podía aprobar el presupuesto de egresos enviado al Congreso Local por su antecesor, Flavino Ríos Alvarado, porque “no se ajustaba a la realidad que enfrenta Veracruz”; que además señaló que, en caso de que se aprobara dicho presupuesto “se vería obligado a incurrir en las irregularidades que hizo el gobierno de Javier Duarte de Ochoa al usar recursos etiquetados para el pago de nóminas u otros gastos personales”, terminó recorriendo el año con ese mismo documento.
No hizo ajuste alguno, y si lo hizo, no lo informó al Congreso local.
El mismo Artículo Quinto transitorio del Presupuesto de Egresos para el 2017 dispone que “el Ejecutivo del Estado podrá ejercer los recursos del presente ejercicio fiscal, mediante una clasificación administrativa del gasto, de conformidad con lo previsto por el artículo 41 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”.
Así, el gobernador dispuso de los recursos que le llegaron este año como mejor le pareció. Es cierto, las transferencias a los municipios, a la Universidad Veracruzana y a otros entes autónomos se han realizado puntualmente, pero no a todos les fue bien. Ya el senador Héctor Yunes Landa exhibió el incumplimiento del gobierno estatal a sus obligaciones con los Institutos Tecnológicos de la entidad, en un rezago que implica más de 400 millones de pesos.
Estas lagunas en el Decreto de Presupuesto de Egresos le han permitido al gobernador disponer libremente de recursos que no están contemplados para su aplicación, como es el caso de los fondos que la Procuraduría General de la República (PGR) ha recuperado a partir de investigar transacciones ilegales durante la pasada administración.
La más reciente devolución de recursos al gobierno estatal fue anunciada apenas la semana pasada por el gobernador y sumó 40 millones 300 mil pesos, monto que -según el propio mandatario estatal- “será destinado a reconstruir el Hospital General de Poza Rica y a darle mantenimiento al Hospital de Tuxpan”.
La Secretaría de Finanzas subió a su portal el monto de lo que, en efectivo, ha sido recuperado y suma más de 722 millones de pesos.
Las preguntas que surgen son:
¿Quién le autorizó al gobernador de Veracruz a definir de manera unipersonal el destino de esos fondos?
¿Por qué no cubrir con ese dinero parte de lo que se debe a los Tecnológicos?
¿Por qué no asignarlo para abatir el déficit que se padece en el Instituto de Pensiones del Estado?
¿Y si lo destinan a pagarle a la Universidad Veracruzana, o a los ayuntamientos, o a los empresarios?
Si las autoridades federales recuperaron ese recurso, fue porque detectaron su uso indebido. Suena lógico que en esas investigaciones se haya detectado el destino original de esos fondos y, por lo tanto, lo que correspondía era que se aplicaran en esos mismos rubros.
Aún no se entera Miguel Ángel Yunes Linares que el voto de los veracruzanos lo convirtió en el depositario de la responsabilidad que corresponde a su investidura de gobernador. Nadie le dio poderes para disponer de los fondos públicos de forma arbitraria.
Justo el mismo pecado por el que tanto criticó a Javier Duarte.
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Epílogo.
A propósito de transparencia y rendición de cuentas, el pasado viernes, en el Centro Recreativo Xalapeño, el maestro Eugenio Hernández Velasco, “El Tato” dio una conferencia con el tema: “Fundamentos de la participación ciudadana en el Sistema Nacional Anticorrupción”. El ponente fue presentado por uno de sus maestros en la carrera de Derecho, el doctor José Lorenzo Álvarez Montero. Ojalá se dieran más fotos como este para hablar de los pasos que se dan para abatir la corrupción en México, y el papel que juega la sociedad. *** Si alguien ve por ahí a Luis Manuel Salgado González, aquel que fuera director de Administración de Comunicación Social, en la gestión de Gina Domínguez, por favor avísenle que lo anda buscando Lorenzo Antonio Portilla, el titular del ORFIS. Se le requiere para “pruebas y alegatos” derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2016. El citatorio fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado número 489, del viernes 8 de diciembre. Tiene tres días hábiles para comparecer. Debe ser importante. *** El alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez dejó muy claro que la seguridad en la zona conocida como “Santuario de las Garzas” donde han sido encontrados varios cuerpos sin vida de mujeres, es responsabilidad del gobierno estatal y que en su momento él pidió que se atendiera especialmente esa zona, pero su gestión nunca fue atendida. “En mi administración se pidió ayuda, está bajo observancia de la Secretaría de Seguridad Pública. En mi administración se solicitó y no hubo eco”, dijo. *** Y cuando pensamos que “lo peor ya pasó”, la realidad nos da una nueva bofetada. La violencia sigue sin freno. La tarde de este domingo fueron halladas dos personas que fueron ejecutadas a balazos en la calle Constitución número 20 de la colonia Tanque 12, en Nanchital. Una de las víctimas era el propietario de la vivienda y era conocido como “El Terco”. En Oluta, mientras tanto, fue baleado el conductor del taxi número 107, quien murió cuando era atendido en el hospital regional. El ataque se registró a las 12:45 horas del domingo, en la calle José María Morelos esquina 5 de mayo, del barrio tercero. *** Téllez Marié se tomará unos días de descanso. ¿Harán lo mismo los delincuentes?
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