Con Álvarez Peña al frente del Poder Judicial, y con una Fiscalía General del Estado encabezada –con todo y su “autonomía” de papel- por otro incondicional suyo, Yunes Linares se lanzó a la cacería de (algunos) duartistas con toda la fuerza del estado, incluso más allá de la legalidad en algunos casos. A fin de cuentas, para eso quería el control de los órganos de procuración e impartición de justicia.
A finales del año pasado, el yunismo dio otro paso en el asalto al Poder Judicial con la integración, a propuesta del titular del Ejecutivo, del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa o Tribunal “Anticorrupción”, en donde fue nombrado como magistrado Pedro García Montañez, quien hasta hace unas semanas se desempeñaba como secretario particular del propio Miguel Ángel Yunes Linares, dejando completamente en entredicho su imparcialidad y provocando un abierto conflicto de intereses si a esta persona le tocara juzgar algún acto de corrupción del gobierno al que servía hace unos cuantos días.
La justificación de esta trastada legaloide, avalada por un Poder Legislativo que igualmente está al servicio de lo que ordene el Ejecutivo –igual que en los gobiernos priistas- es que se trata de “personas capaces”, sin importar que sean “cercanas”.
El golpe final para “yunizar” por completo el Poder Judicial está por consumarse con el retiro obligatorio de 15 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que con la última reforma constitucional que cobró vigencia el pasado 28 de diciembre, serán jubilados, les guste o no, al contar todos con 70 años de edad. Enmienda que para muchos es discriminatoria.
Para tener contentos a los que se van y que no pongan demasiadas trabas, el propio Edel Álvarez garantizó que se retirarán con prácticamente el cien por ciento de sus percepciones salariales intactas, solamente sin los generosos bonos que reciben y que elevan sus emolumentos por encima de los 100 mil pesos mensuales.
Independientemente de si es o no constitucional la reforma jubilatoria en el Poder Judicial -al menos uno de los magistrados en cesantía ya obtuvo un amparo-, lo que resulta preocupante en realidad es quiénes los llegarán a sustituir, pues es atribución legal del gobernador del estado presentar las propuestas para ocupar las magistraturas. Y eso, en la actual coyuntura de relación de fuerzas en el Congreso del Estado, significa una aprobación en automático.
El reconocido jurista veracruzano Juan José Llanes resume la situación de esta manera: “ello, por donde se vea, mina la autonomía que deben tener quienes imparten justicia. Es claro, porque nadie llega a ser magistrado si no es propuesto por un gobernador a quien, indirectamente, se le debe el puesto”.
Pero como señaló en su momento la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros, con veracruzana claridad, en el Poder Judicial del Estado “cualquier pendejo puede ser magistrado”.
Nunca como ahora tuvo tanta razón.
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