De confirmarse en tribunales la versión filtrada este jueves a los medios y adelantada por el propio gobernador, estaríamos ante uno de los casos más relevantes en materia de combate al delito de “desaparición forzada”.
La Ley General en la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación apenas el 17 de noviembre del año pasado, establece en su Artículo 27: “Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público o el particular que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público, prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero”.
A las personas a las que se les declare culpables del delito de “desaparición forzada” se les impondrá pena de 40 a 60 años de prisión, y de diez mil a veinte mil días multa. Pero, además, las sanciones pueden ser aumentadas hasta en una mitad cuando la persona desaparecida muera.
Tras dar a conocer la detención del exdirector de la Fuerza Civil de Veracruz, Roberto González Meza, señalado de haber incurrido en el delito de “desaparición forzada”, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares anunció también que existía orden de aprehensión contra Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública, quien ya se encuentra internado en Pacho Viejo, enfrentando cargos por delitos de carácter administrativo.
El propio gobernador confirmó las versiones surgidas desde la tarde del miércoles, en el sentido de que se habría girado orden de aprehensión en contra de otro exsecretario de Seguridad Pública de Veracruz, el mayor José Nabor Nava Olguín, por lo que ofreció una recompensa de un millón de pesos a quien proporcione información que facilite su localización y captura.
La información que se hizo circular el jueves señala que se giraron 22 órdenes de aprehensión contra mandos policiacos y personal operativo, todos ellos señalados de participar en la desaparición de al menos 15 personas.
La mecánica planteada para la comisión de este delito –menciona un comunicado “extraoficial” que se publicó íntegro en diversos medios- considera que el agrupamiento denominado “Fuerza de Reacción” detenía a personas sospechosas de participar con la delincuencia organizada. Las sometían a tortura para obtener información y una vez cumplida esa tarea, se les ponía a disposición de otro grupo, identificado como “Fuerza Especial”, que recibía a las víctimas y las trasladaba a la Academia de Policía Estatal, donde las sometían a más tortura y después las desaparecían.
El tema no es nuevo. En su momento el padre del joven Gibrán Martiz (desaparecido por elementos de la policía estatal y del que se habló mucho, porque la víctima había participado en un concurso de talento en la televisión nacional) denunció que un seguimiento al localizador del teléfono celular de su hijo lo llevó hasta el punto en el que se ubica la academia de policía, en El Lencero.
Hace 3 años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 14/2015, al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por detención arbitraria, indebida procuración de justicia y desaparición forzada, en agravio de Gibrán Martiz y dos jóvenes más.
Ya desde entonces la leyenda urbana mencionaba que “los desaparecidos” servían de alimento al león, al jaguar y a cuatro cocodrilos que vivían en la academia de policía, en una especie de zoológico que montó Bermúdez Zurita, aunque él siempre argumentó que se trataba de animales “decomisados” que se habían resguardado en ese espacio, en espera de que las autoridades ambientales les encontraran el espacio adecuado.
En este paquete de imputaciones también fue incluido Oscar Sánchez Tirado, exdirector de Prevención y Reinserción Social en la entidad, quien ya se encuentra recluido en Pacho Viejo acusado, precisamente, del secuestro y homicidio de Carlos David Bautista, un joven que había sido novio de su pareja, Olga Hebe Jiménez Noya.
Preocupa que un caso tan delicado quede a cargo de servidores públicos de tan limitada capacidad profesional, como el propio Fiscal-Carnal, Jorge Winckler, o el especializado en este tipo de delitos, Luis Eduardo Coronel.
En el informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas Sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (2010-2016) en referencia a México mencionan:
“Un elevado número de secuestros y delitos con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos del crimen organizado. Sin embargo, no todas las personas desaparecidas habrían sido secuestradas por grupos del crimen organizado actuando de forma independiente; por el contrario, la participación del Estado en las desapariciones forzadas también está presente en el país. El Grupo de Trabajo recibió información concreta, detallada y verosímil sobre casos de desapariciones forzadas llevados a cabo por autoridades públicas o por grupos criminales o particulares actuando con el apoyo directo o indirecto de algunos funcionarios públicos”.
Ese parece ser el caso en Veracruz.
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Epílogo.
Y la delincuencia sigue de luna de miel en territorio veracruzano. La madrugada del jueves fue asaltada la Tesorería del ayuntamiento de Acayucan. Cuando el personal llegó a trabajar, por la mañana, se encontró con cristales rotos y numerosos artículos desaparecidos. *** Y la Confederación Patronal de México (Coparmex) asegura que cuatro de cada diez empresarios en Veracruz han sido víctimas de la delincuencia. ¿Y así quieren que lleguen nuevas inversiones? *** Por cierto, el gobernador se dio tiempo para hablar de los exmandos policiacos detenidos, pero nada dijo de la ola de ejecuciones y homicidios que se suscitó en la entidad el pasado miércoles. ¿Sólo las “buenas noticias” merecen su atención?
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