Corría el 4 de septiembre del 2016, lo estertores del peor régimen de terror e ignominia que la entidad recordará estaban llegando a su fin.
Ese día se daba a conocer una noticia que por si sola erizaba los cabellos de una sociedad catatónica ante la peor ola de horror y crimen de la que se tuviera registro.
Una investigación para localizar el cuerpo de una mujer desaparecida en mayo de 2011 dejó al descubierto una fosa común en el panteón Palo Verde, Xalapa, en la que se depositaron 192 cuerpos sin cumplir con los protocolos de inhuamación, informaba la FGE acorralada y presionada por los Colectivos de Desaparecidos en la entidad.
Los resultados electorales habían confirmado lo que era un grito a voces, Javier Duarte y sus maleantes habrían tarde o temprano que pagar su afrenta.
Tan solo un mes después, el 12 de octubre –en día de asueto para empleados estatales- el hoy recluido presentaba su dimisión al cargo, jurando en televisión nacional que se iba para defender su nombre, su honor y su calidad humana de los ataques y señalamientos que le hacía su archirrival, el hoy gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Nada de lo expresado por Duarte fue al final verdad. El cumulo de realidades escondidas bajo el tapete comenzarían a brotar, cual pus en el cuerpo putrefacto de un aparato de gobierno que hedía los olores de la muerte.
De esa manera se logró saber que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJ), habría depositó 192 cuerpos sin cumplir con los protocolos de inhumación e identificación establecidos en la ley.
Y es que los nulos esfuerzos de la FGE a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras no permitieron localizar el cuerpo de Gemma Mavil Hernández y eso dejó al descubierto la negligencia de las autoridades.
Hasta ese momento los restos de la mujer no habrían sido descubiertos a pesar de haber realizado tres exhumaciones en la fosa común, sin que se reportarán resultados favorables.
Resultado de ello, se habría detectado restos sin registrar en la fosa común de Palo Verde – acciones ejecutadas desde julio de 2016 en una segunda exhumación- lo que se complica porque administraciones municipales vendieron terreno de la fosa común a particulares.
La mañana del viernes 2 de septiembre del mismo 2016, para realizar la tercera exhumación en busca de los restos de Hernández, miembros de la Dirección de Servicios Periciales, a cargo de Gilberto Aguirre Garza –hoy detenido por delito de desaparición forzada-, el padre de Gemma, Pedro Mavil, y los dueños de una fosa privada se dieron cita en el panteón.
En su momento el propio padre de la joven, Pedro Mavil aseguraba “Teníamos que haberla encontrado en la segunda exhumación, luego de la ampliación de la excavación por parte del personal responsable. En aquel momento, el área de entrega de cuerpos manifestó que ahí tenía que estar Gemma. Lamentablemente no la encontramos”.
Los trabajos de exhumación en busca de los restos la joven se realizaron en una fosa privada perteneciente a una familia de Xalapa. En el sitio, además de los restos de la familia xalapeña, se encontraron tres cadáveres.
El Diario La Jornada habría documentado dicha exhumación a través de una nota titulada “Familiares de desaparecidos hallan 192 cuerpos en fosa clandestina de Jalapa” misma que puede consultar http://digital01.jornada.com.mx/post.php?id=105841
En la nota de la corresponsal Eirinet Gómez se describe como “Había un cuerpo de recién inhumación que inclusive está despidiendo olores, y otros dos cadáveres, esperamos que al examinarse con personal calificado se encuentre a Gemma, porque no sabemos si son del sexo masculino”.
En su momento el mismo alcalde de Xalapa, Américo Zúñiga Martínez, debió reconocer que se habría presentado cientos de irregularidades en el uso del cementerio municipal de Palo Verde.
Como ese caso los casos denunciados por el Colectivo Solecito de Veracruz. Cuenta de ello las notas periodísticas que apuntaban de la aparición de 249 cuerpos en fosas clandestinas https://goo.gl/gc7m8z
O el caso de los 80 cuerpos sin identificar en el anfiteatro de la FGE en la zona conurbada de Veracruz – Boca del Río que se enviaron a la fosa común y que también se documentó en su momento en ese fatídico 2016 https://goo.gl/Q8zUDX
Hoy sabemos que la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Jorge Winckler Ortíz cumplimento ordenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, con el apoyo de elementos de la Policía Ministerial para detener al ex Director General de los Servicios Periciales, Gilberto “N” y a la ex Delegada Regional de la Policía Ministerial Zona Centro Xalapa, Carlota “N”, quienes fueran nombrados en dichos cargos por el ex Titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Luis Ángel Bravo Contreras, por su probable intervención en el ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos, mismos que fueran localizados en el lugar conocido como La Barranca de La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, Veracruz y que es señalado por testigos como el lugar en que arrojaban a víctimas de desaparición forzada, presuntamente cometida por servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.
El horror y el estupor que generó el hallazgo del 19 de enero de 2016, en aquél lugar, donde habrían sido localizados restos de al menos 19 personas, sin embargo, presuntamente por instrucciones de GILBERTO “N” y de CARLOTA “N, el personal bajo su mando únicamente reportó el hallazgo de 6 cuerpos.
De los 13 cuerpos que ocultaron, uno de ellos fue llevado hasta la localidad de Santa Ana, municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado. Dicho cuerpo, al momento de haber sido simulado su hallazgo en la localidad de Santa Ana, ya había sido identificado positivamente como quien en vida llevara el nombre de DAVID LARA CRUZ, según refiere el comunicado de la FGE, quien también señala que el identificado habría sido elemento de la Secretaría de Seguridad Pública, quien despareció el día 12 de enero del 2016, después de haber sido privado de su libertad por miembros de su propia corporación, cuando salía de las instalaciones de Evaluación y Control de Confianza de esa Dependencia.
Sobre los restos de las 12 personas restantes, mismos que no fueron reportados oficialmente, se desconoce su identidad y ubicación, pues según testimonios, dichos restos fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dependencia que se encontraba al mando del hoy vinculado a proceso por su probable participación en desapariciones forzadas, Arturo “N”, durante el Gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
¿Cuántos más habrán de caer por este horripilante modus operandi?
Así pues la marca del Duartismo. Una marga de genocidio y muerte. Una marca que jamás y nunca habremos los veracruzanos de olvidar.
¿Cuantos delitos más habremos de conocer los veracruzanos?
Ciertamente, créame que muchos, pues el saqueo, el latrocinio y el descaro marcaron ese periplo como el peor de toda la historia moderna de la entidad.
Ojalá la justicia tarde o temprano llegue y se cumpla, para bien de una sociedad sumamente agraviada y lastimada.
Al tiempo.
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