Estudiar como mecanismo para alejarse de la pobreza es y resulta siempre un asunto gratificante, cuando se conocen casos de éxito.
Si de algo podía la entidad presumir era precisamente de ello, pues a través de los Institutos Tecnológicos ubicados a lo largo y ancho del territorio veracruzano, se conocen de muchos casos en donde sus protagonistas lograron transformar su entornó, pero sobre todo acabaron con esa cadena generacional de vivir en la pobreza extrema.
Lastimosamente siempre existirá el negrito en el arroz, aun cuando a algunos opinen lo contrario, o al menos, esa sea la versión que le vienen a contar al secretario de Educación en Veracruz, Enrique Pérez Rodríguez.
Y es que aun cuando la educación tecnológica de la entidad está descentralizada y se maneja de manera autónoma, es competencia directa del sector educativo estatal o federal.
Para el caso en cuestión, el escenario de esta serie de hechos se registran en el Instituto Tecnológico de Tierra Blanca (ITSTB) que dice dirigir la Licenciada Ihara Irán Álvarez López, misma que tiene tomado el plantel desde hace un mes por integrantes del Movimiento Estudiantil del propio Instituto Tecnológico de Tierra Blanca y por integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), quienes protestan por una serie de irregularidades en el manejo de los recursos y compra de mobiliario.
Y es que como alegan los estudiantes de este Instituto, en su mayoría hijos e hijas de padres campesinos, agricultores, ganaderos, gente de escasos recursos -que busca brindarles a sus vástagos mejores oportunidades de desarrollo a través de la formación académica tecnológica-, la Dirección General del mismo ve a la institución como una empresa con fines de lucro y como medio para lograr objetivos de orden político, al imponerles un uniforme parcial direccionado hacía una ideología política.
Este reportero pudo conversar con la vocera General del Movimiento Estudiantil del Tecnológico de Tierra Blanca Guadalupe Monjaraz Mayorquin y el dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), Andy Uriel Hernández Sánchez, quienes afirman que las irregularidades van desde el nombramiento de alguien que incumple con lo estipulado por el artículo 17 del Decreto de Creación del mismo ITSTB, para asumir responsabilidades de Dirección, misma que puede usted ver a través de https://www.youtube.com/watch?v=zduTnzMVp8I
A partir de septiembre del 2017, dicha Dirección General tomo arbitrariamente la decisión de condicionar la inscripción a todos los alumnos en función del pago de un seguro del cual se desconoce la póliza, aunado a la falta de información previa a los poco más de tres mil 900 alumnos que la conforman, violentando en todo la Ley General de Educación.
Ya a principios de este 2018, la comunidad estudiantil sufrió un revés al incrementarse de 20 a 150 por ciento el costo de inscripción, tramite de constancias, liberaciones de servicio social, entre otras más.
Ambos representantes de la comunidad estudiantil afirman que dicha medida ha sido a todas luces una imposición de la Dirección General, misma que contraviene lo ya publicado en el Código de Derechos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, previendo con ello, que el siguiente semestre se vuelva a incrementar los costos de inscripción y aranceles.
El reclamo mismo se justifica cuando se sabe que tan solo de inscripciones entre julio de 2017 y julio del 2018 se han logrado recaudar 25 millones 508 mil 475.53 pesos desconociéndose a donde y para qué han sido utilizados, pues las carencias de mobiliario persisten.
Tan solo se estima que el costo de inscripción al siguiente semestre que iniciará en agosto del 2018 y concluirá en enero del 2019, sea de dos mil 780 pesos por alumno.
Evidentemente estos estudiantes muestran su rechazo al no contar con recursos para ello, basados en la falta de tacto y sensibilidad de quienes determinaron la medida.
Sumado a toda esta circunstancia se sabe que semestralmente la Dirección General obtiene en promedio nueve millones de pesos de ingresos propios, mismos que hasta hoy no se transparentan en su manejo.
Durante el semestre aluden los afectados, se les ha obligado a pagar aranceles adicionales, mobiliario, así como el supuesto financiamiento de sus propios proyectos.
El presupuesto es manejado discrecionalmente por una sola persona, y para colmo a quienes han osado alzar la voz, se les ha amenazado con expulsarlos, boletinarlos para negarles el acceso a otros centros de formación Tecnológica en la entidad.
Ahora resulta que el derecho humano a la Educación puede supeditarse al capricho de estos pésimos funcionarios que al amparo del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Ricardo Gómez Leyva, así como del director de Educación Tecnológica, Alejandro Torruco Vera quienes se la pasan lanzando amenazas a los estudiantes, como que serán expulsados del sistema, que los boletinaran a nivel nacional para que no puedan estudiar más.
Como estarán las cosas, que en el colmo del cinismo, estos malos funcionarios junto a la directora General, Ihara Irán Álvarez López pretendieron engañarlos afirmando que ya se había comprado el mobiliario para un centro de cómputo para la Carrera de Contaduría presentando una cotización, que no una factura.
De este modo, estos obtusos e ilusos ignorantes intentaron engañar a los jóvenes estudiantes quienes piden la intervención del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y de su secretario de Educación, Enrique Pérez Rodríguez, pues evidentemente les están mintiendo.
Así las cosas en el Tecnológico de Tierra Blanca donde sus directivos encontraron que bien vale educar para servirse, y vaya que las cifras muestran que se sirven y bien.
Al tiempo.
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