Prefacio.

Este martes el Congreso de Veracruz celebrará la decimocuarta –y última- sesión ordinaria de su segundo período, con lo que prácticamente se cierra la actividad de la sexagesimacuarta Legislatura. *** Se anticipa una jornada maratónica, pues hay aún muchos temas por desahogar, aunque no se prevé que se den temas tormentosos. *** El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no ha enviado al Congreso sus propuestas para ocupar las 12 vacantes de magistrados en el Poder Judicial del Estado y a menos que pretenda sacarlos en un período extraordinario, será un tema que habrá de atender la Legislatura 65, que entra en funciones el 5 de noviembre. *** Desde hace dos semanas la Junta de Coordinación Política acordó suspender la emisión de iniciativas, entendiendo que no habrá tiempo para desahogarlas, por lo que todo lo que se habrá de ver este martes será dictámenes y puntos de acuerdo. *** Aunque presumen de ser la Legoslatura con más inociativas presentadas, lo cierto es que sacrificaron la calidad por la cantidad. En los temas realmente importantes se dejaron seducir (o amenazar) por el Poder Ejecutivo, por lo que –salvo contadas excepciones- no fueron un verdadero contrapeso. *** Al final la historia la escriben los vencedores, por lo que las manchas que se llevarán a su expediente serán la designación de Jorge Winckler como Fiscal General del Estado, el desacato a la orden de un juez para despenalizar el aborto, y la vergonzoza selección del Fiscal Anticorrupción.

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Suena a caja china, cortina de humo, ruido distractor. Esa estrategia a la que recurre con singular frecuencia el gobernador de Veracruz.

Resulta que tres años después de que se debieron ejercer los recursos, cuando el gobierno federal prepara los protocolos de entrega-recepción, la Secretaría de la Función Pública (el equivalente a lo que en los estados se conoce como Contraloría General) decubrió que existen elementos para suponer que se causó un daño al patrimonio federal por 463 millones de pesos, que fueron remitidos al Gobierno de Veracruz en el año 2015, como parte de los recursos del Fondo Regional (Fonregión) un mecanismo incorporado al Presupuesto de Eghresops de la Federación, que tiene como objetivo la aplicación de recursos para apoyar a los diez estados con menor Índice de Desarrollo Humano.

Entre esos está Veracruz.

Y resulta aún más extraño porque desde hace dos años (junio de 2016) la Comisión Permanente del Congreso de la Unión expresó sus dudas respecto al manejo de los recursos de Fonregión. En aquel entonces, ante la posibilidad de que se hubieran desviado esos recursos, senadores y diputados pidieron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) un informe sobre los Lineamientos de Operación del Fondo Regional, en el que se evaluaran los resultados del programa, los proyectos que habían sido beneficiados y el impacto directo que habían tenido. Solicitaron además a los gobierno de Chiapas, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Zacatecas y San Luis Potosí transparentar la planeación y ejecución de los recursos destinados a ese programa.

Y es hasta ahora cuando Arely Gómez, actual titular de la Secretar+íoa de la Función Pública, pero que antes estuvo al frente de la PGR, da a conocer que la dependencia a su cargo presentó una denuncia penal, por hechos que habrían ocurrido durante la gestión de Javier Duarte de Ochoa.

“Se les están cayendo los casos en su contra”, advierte un especialista.

Fonregión fue creado en el año 2007, como una fuente de recursos adicionales, con el objeto de apoyar a los diez estados con menor índice de desarrollo humano. Su monto inicial fue de 2 mil millones de pesos, el cual fue creciendo año con año, hasta llegar a 7 mil 192 millones para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

Apenas en febrero del presente año, el director de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Víctor Manuel Andrade Martínez, confirmaba que tenían interpuestas más de 50 denuncias penales ante la PGR, en las cuales se tenía acreditado el desvío de más de 15 mil millones de pesos ocurridos hasta el año 2014, pero advirtió que las cifras se elevarían pues estaban por presentar las querellas correspondientes a los años 2015 y 2016.

La denuncia penal que está anunciando la secretaria de la Función Pública no corresponde a estos expedientes.

En Veracruz casi cualquiera que haya sido servidor público en la pasada administración estatal tendrá una idea clara del destino de los recursos de Fonregión: Se fueron a la licuadora.

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Epílogo.

Hilario Barcelata, aún Director del IPE, tiene claro que a partir del primero de diciembre deberá retornar a su posición de francotirador, de “especialista en economía”, para criticar la administración de Cuitláhuac García. La diferencia es que ahora los veracruzanos sabrán que sus críticas no están sustentadas en el ejemplo, que como “analista” podrá ser muy bueno, pero como servidor público nada hizo por mejorar las condiciones de los jubilados y pensionados del gobierno estatal. *** Ya apareció Éric Patrocinio Cisneros, la carta más fuerte para ocupar la Secretaría de Gobierno en el gabinete de Cuitláhuac García. Aclara que, en caso de ser designado para ese cargo, nada en la Ley se lo impide. Aunque es ingeniero agrónomo, en realidad desde hace años se retiró de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo la exigencia de que el secretario de Gobierno sea abogado. Ahí está el caso de otro ingeniero que ocupó ese cargo: Gerardo Buganza Salmerón. *** Se cae el tan cacareado “programa de reordenamiento del transporte público”, que en su momento sirvió sólo para encubrir nuevas concesiones, más piratería y más cargos a los transportistas. Un engaño más del gobernador saliente.

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