Este martes 31 de julio se cumplió el plazo ampliado de seis meses otorgado por el juez tanto a la PGR como a la defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, en lo que se refiere a las acusaciones en su contra por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La Procuraduría General de la República (PGR) asegura que Javier Duarte encabezó una red delictiva que a través de empresas fantasma y la compra de terrenos subvaluados, logró desviar recursos públicos. El año pasado un juzgado federal de control decretó la vinculación a proceso al exgobernador de Veracruz, y tras concederles la ampliación para investigaciones complementarias, en los próximos días se deberá estar celebrando la audiencia intermedia.
En esta fase del proceso, tanto el Ministerio Público como los abogados defensores expondrán ante el juzgador las pruebas que pretenden presentar en el juicio, y se resolverá cuáles son procedentes y cuáles se desechan.
Curiosamente, en las horas previas a que se venciera este plazo, se dieron a conocer nuevos señalamientos en contra de Javier Duarte de Ochoa, a pesar de que ha quedado claro que ninguna otra causa penal puede ser incorporada en contra del imputado, si no está considerada en la solicitud de extradición que aprobó el gobierno de Guatemala, país donde fue capturado el exmandatario veracruzano.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) anunció que solicitaría al gobierno de Guatemala autorización para ejecutar una orden de aprehensión en contra de Javier Duarte, por su probable responsabilidad en delitos electorales durante su administración.
Un juez federal concedió desde hace más de un año una orden de arresto, que no se pudo ejecutar durante el proceso de extradición, en abril de 2017, pues una de las cláusulas del tratado de extradición entre Guatemala y México indica que una persona sólo puede ser extraditada por hechos que sean delitos en ambos países. Los delitos electorales no están tipificados en el país centroamericano.
La FEPADE anunció que prepara una nueva solicitud a Guatemala que se ajuste al marco jurídico de aquel país.
En caso de que la respuesta vuelva a ser negativa, la orden de aprehensión tendrá que archivarse de forma definitiva.
Otro proceso iniciado después de la extradición de Javier Duarte, fue el iniciado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), señalando al exgobernador de ser responsable del delito de desaparición forzada.
La Fiscalía afirma que Duarte de Ochoa supo de una serie de desapariciones que en forma sistemática cometió la policía estatal. Por este caso hay más de 20 exfuncionarios duartistas procesados, incluyendo al exfiscal y exsecretario de Seguridad Pública.
Sin embargo, esta orden de aprehensión no puede ejecutarse sin la autorización del gobierno de Guatemala, debido a la cláusula de especialidad del tratado de extradición, que indica que una persona extraditada sólo puede ser procesada por los delitos por los cuales se pidió su entrega.
Lo que la Fiscalía de Veracruz pretende, a través de la PGR es que el gobierno de Guatemala otorgue una autorización especial debido a la gravedad que entraña el delito de desaparición forzada.
La defensa de Javier Duarte, por su parte, ha promovido dos demandas de amparo, con las que intenta que se frene el cumplimiento de esa nueva orden de aprehensión, por desaparición forzada.
El pasado 25 de julio un juez le negó la suspensión definitiva en contra de ese procedimiento y la segunda solicitud aún no ha sido resuelta.
En la audiencia intermedia que está por celebrarse, se abre también la posibilidad que la defensa de Javier Duarte y la PGR lleguen a un acuerdo por una pena reducida. Para ello, sin embargo, se requeriría que el exgobernador se declare culpable.
En esta etapa también podría suceder que la PGR determine que las pruebas que reunió no son suficientes para presumir que Duarte cometió un delito, y se desista del caso.
En caso de que el proceso continúe, el juez lo enviará a un tribunal de juicio oral para que se fije fecha, la cual se prevé que pueda ocurrir dos meses de la audiencia intermedia.
Javier Duarte debe enfrentar, además, los dos procesos promovidos por la Fiscalía de Veracruz, en los que se le acusa de desviar recursos destinados para obras hidráulicas y de haber usado ilegalmente un helicóptero oficial luego de haber pedido licencia al cargo en octubre de 2016.
Por estas dos acusaciones un juez de Ciudad de México determinó vincular a proceso a Javier Duarte el pasado 20 de mayo y concedió, a petición de la defensa, seis meses de investigación complementaria, plazo que vence a finales del mes de noviembre.
Curiosamente, cuando esté concluyendo el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares (30 de noviembre) se estará definiendo también la situación legal de Javier Duarte.
No falta quien sugiera que lo que vamos a presenciar es, prácticamente, un enroque.
Uno sale y el otro entra.
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Epílogo.
Otro tema que no ha logrado concretar el gobernador de Veracruz, a pesar de que lo anunció desde el inicio de su gestión, es la expropiación de terrenos que actualmente están a nombre de la empresa “Frutas y Verduras Asépticas de Veracruz”, propiedad de Tony Macías, suegro de Javier Duarte de Ochoa. Un juez federal le concedió al empresario una suspensión provisional contra el juicio especial hipotecario 04/2016 que ordenaba el remate de una parte del inmueble que se encuentra en Coatzacoalcos y está valuado en más de 150 millones de pesos. *** El gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez anunció que este miércoles a las nueve de la mañana dará a conocer la identidad del Secretario de Gobierno, y que el 6 de agosto anunciará al secretario de Desarrollo Económico. El detalle curioso es que el evento tendrá lugar en la Plaza Lerdo (la que algunos llaman “Plaza Regina Martínez) sitio que ha sido utilizado por años como espacio para protestar contra las acciones del gobierno estatal. Son otros tiempos.
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