Hace apenas unas semanas, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) hizo público su Informe General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, en el que —entre otras cosas graves— detectó que la Coordinación General de Comunicación Social del gobierno de Yunes realizó pagos irregulares a la red social Facebook.
De hecho, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) detectó en comunicación social un gasto 262 por ciento mayor al aprobado, pese a que en su permanente pleito ranchero con la prensa había reiterado que no gastaría un quinto en convenios publicitarios, lo que hace suponer que en pago de campañas en redes sociales e Internet (tanto de su gobierno como de su candidato a gobernador y de su partido), así como en publicaciones en medios nacionales, se fue de la mano.
Nada ha cambiado. El gobierno panista mantiene las mismas prácticas que en el pasado en términos de opinión pública. De hecho, hasta reutiliza a periodistas que antes exhibió por sus jugosos moches en las dependencias de Duarte.
Recordarán el caso de la señora Claudia Guerrero, a quien en los años previos a la campaña la acusaron (sin asomar la mano, todo con filtraciones de su otrora aliado Paco Vicente “El Chule”) de recibir recursos de la Secretaría de Seguridad Pública que entonces dirigía Arturo Bermúdez Zurita. Un día sí, y al otro también, filtraban facturas a opinadores y medios de comunicación, en las que se comprobaba la transferencia de recursos del estado, que a veces superaban el millón de pesos, a sus cuentas bancarias.
Como en el gobierno de Duarte, en el de Yunes, ante la menor crítica, algunos periodistas también dan muestras de parcialidad. Quedó más claro luego del arrebato tuitero del fiscal yunista, Jorge Winckler Ortiz, que el domingo escribió en esa red social un mensaje contra los próximos diputados de Morena y del gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, a quienes retó a que intenten desaforarlo.
El tuit fue motivado por declaraciones del próximo secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien cuestionó “el mal desempeño” de Winckler en la fiscalía. Por eso fue él mismo quien contestó ipso facto en la misma red social.
De forma inmediata le salieron muchos defensores a Winckler, la Guerrero, una de ellos. Algunos “opinadores” se le fueron encima para cuestionarle su robusta figura o su calvicie, le colgaron sobrenombres peyorativos, lo acusaron de un pasado en la administración pública con notas informativas sin verificar, con informaciones sin soporte documental, de pura saliva. Vaya, con nada que anulara sus calificaciones al trabajo del abogado de la familia Yunes.
Para los periodistas veracruzanos, sacudir la memoria en estos momentos de transición gubernamental que ocurrirá en 37 días —quiera o no Yunes, por aquello de que se opone a una entrega-recepción transparente— debería llevarnos a discutir cómo debemos reencausar el oficio.
Al gobierno de Cuitláhuac García le toca garantizar la libre manifestación de las ideas de todos, sea o no periodista, pero es desde el propio gremio en donde debemos encontrar equilibrios para que no nos ocurra como esos casos en los que, por un lado presumimos ética y buena conducta, y por el otro somos serviles a un funcionario (o fiscal) intolerante a la crítica con argumentos.
Las benditas redes sociales
“Todo parece indicar que, el éxodo migratorio hondureño, habría sigo provocado por la inteligencia norteamericana, a través de técnicas de rumorología, con objetivos electoreros, y así culpar a Demócratas, México, y aparecer Trump como el salvador de esta “invasión” Qué ingenio!”. Alejandro Solalinde @padresolalinde
Con Yunes, ni gira de agradecimiento ni anuncio de apoyos sociales
Ni tardos ni perezosos, los operadores mediáticos de Miguel Ángel Yunes Linares lanzaron a sus periodistas e ‘influencers’ de cabecera a criticar a Morena y a Andrés Manuel López Obrador porque, según nota publicada por el periódico El Universal https://goo.gl/fMXKqo , no se ha dado a conocer la inversión que destinará el próximo gobierno federal a Veracruz y a Puebla, de los 325 mil millones de pesos que piensa destinar para aliviar la pobreza. Y el mensaje fue: AMLO no le va a dar nada a Veracruz.
En efecto, según la información periodística, aunque los estados con mayor número de habitantes con pobreza serán los más beneficiados con los programas federales de desarrollo y bienestar en la próxima administración, salta a la vista que dos entidades con esas circunstancias, Veracruz y Puebla, no tengan cifras asignadas, como sí ocurre con los estados de México, Hidalgo, Chiapas, Oaxaca e, incluso, Jalisco y Ciudad de México, que se llevan los montos más elevados.
El mapa elaborado por el área de diseño del diario capitalino muestra esa ausencia, pero la nota es clara sobre las razones de ambas omisiones: Andrés Manuel López Obrador, quien ha anunciado dichas cantidades durante su gira de agradecimiento, ha evitado transitar con ese propósito por Veracruz y Puebla, aunque ha anunciado que lo hará cuando entren en funciones los próximos gobernadores.
En el caso de Veracruz, no quiere otorgarle el más mínimo crédito a un gobernador como Miguel Ángel Yunes Linares, quien no solo fue particularmente ofensivo con él durante la campaña sino que ha hecho todo lo posible por sembrarle piedras, hoyos y barreras a su sucesor Cuitláhuac García Jiménez. En el caso de Puebla, López Obrador ha preferido esperar a que corra su curso el conflicto poselectoral y, dependiendo de la decisión del tribunal electoral, acudir al estado con las nuevas autoridades estatales.
Por supuesto que esta distinción tan marcada no quieren los yunistas que se la carguen a su jefe, a quien solo le restan 37 días (tres quincenas, más aguinaldo y bono de marcha), sino revirar, queriendo hacer creer que Veracruz es el pato feo del próximo gobierno, cuando lo que ha reiterado el tabasqueño es que Veracruz es muy cercano a su simpatía e, incluso, dijo sentirse jarocho por alguno de sus padres, que era originario de nuestro estado.
Los estados que más recursos se llevarán, de acuerdo con lo informado por el Presidente electo, son los de México (46 mmdp), Oaxaca (43 mmdp), Chiapas (32 mmdp), Jalisco y Ciudad de México (21 mmdp), Hidalgo (17.5 mmdp) y Guerrero (13 mmdp), mientras que a Michoacán, Chihuahua y Nuevo León se les han asignado unos 10 mmdp a cada uno. Ahora habrá que saber cuánto se le destinará a Veracruz, cuyos índices de pobreza y marginación se han acrecentado en los últimos gobiernos estatales, incluido el que está por terminar.
¡Ya que se vaya al estero!
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