Aunque el diputado panista Sergio Hernández Hernández entre pucheros declaró que lo hecho por los de Morena era un atentado a la autonomía del Congreso local, lo cierto es que los tres últimos gobiernos estatales han tomado al Congreso como una oficina más de trámites legislativos para imponer decisiones que, por ley, deben pasar por la aprobación de los diputados locales.
En sus últimos días como gobernador, Javier Duarte de Ochoa lanzó una ominosa batería de iniciativas con que buscó blindarse de la lupa inquisidora que amenazaba con embragarle el disfrute de los miles de millones de pesos desaparecidos durante su gestión, que fueron a parar a sus bolsillos y a los de sus cómplices, y también para sembrarle de piedras el camino a quien iba a sucederle, lo que fue cuestionado acremente por el panista que está a punto de regresar al lugar de donde nunca debió salir: su fastuosa residencia en el estero.
Dos años después, lo mismo hizo Miguel Ángel Yunes Linares que, aunque ilegalmente, sí pudo imponer a su Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres, íntimo del Fiscal General Jorge Winckler, aunque no le durará mucho el gusto: lo primero que hará la próxima Legislatura es crear las condiciones que permitan darle una patada en el trasero al abogado personal de la familia Yunes y, en racimo, hacer lo propio con el fiscal anticorrupción, quien ni siquiera ha hecho una declaración sobre las observaciones hechas por el Orfis, que muestran posible daño patrimonial en la cuenta pública de 2017.
Las benditas redes sociales
“Si piensas que has tenido un mal día, piensa en Carlos Urzúa, Alfonso Romo y @JimenezEspriu a quienes @lopezobrador_ les encargó tranquilizar a los inversionistas después de los resultados de la encuesta”. Vianey Esquinca @vianeyesquinca
Panistas y perredistas, inventores de la toma de palacios
No podemos decir en este espacio que la vía adoptada por Morena sea la más correcta, pero tampoco podemos afirmar que sea inédita. El viernes 28 de octubre de 2016, alcaldes perredistas tomaron el Palacio de Gobierno para presionar la entrega de los recursos millonarios enviados por el gobierno federal a los ayuntamientos y que eran retenidos por el gobierno de Javier Duarte. De inmediato se sumaron a la toma los alcaldes panistas, encabezados por Miguel Ángel Yunes Márquez, de Boca del Río, hijo del que ya era gobernador electo de Veracruz.
No fue la única acción que aplicaron y donde se veía la urgencia de panistas y perredistas por tomar lo más pronto posible las riendas del gobierno veracruzano, que recayó en ellos legalmente el 1 de diciembre de ese mismo año. Luego de retener al titular de Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín, en Palacio de Gobierno, cercaron al gobernador sustituto Flavino Ríos Alvarado, al tomar la llamada Casa Veracruz, utilizada como residencia oficial, obligando a las autoridades vigentes a despachar en domicilios particulares.
Tanto perredistas como panistas actuaron –siguiendo la lógica de los dicho por Yunes Linares– como porros, dejando en la historia un antecedente de cómo se puede lograr, ante gobiernos autoritarios como el que está a punto de largarse, que no continúen medidas que atentan contra la población, no importa que esto sea por un ejercicio autoritario en el poder ejecutivo o por contar con la mayoría en el Congreso local.
Por eso, ni Yunes Linares ni los estupefactos diputados panistas, que ya blandían su dedo aprobatorio al despojo del gobierno estatal, puede llamarse a sorprendidos por la acción de los representantes populares de Morena. La ocasión anterior en que la maquinaria autoritaria e ilegal del PAN y el PRD hicieron nugatorio el voto mayoritario en contra fue en la designación del Fiscal Anticorrupción, donde prácticamente actuaron como porros al servicio de quien fuera porro de Derecho en la Universidad Veracruzana, a finales de julio pasado.
Pero no ha sido la única tentativa extralegal de la oposición cuando se le cierran las vías legales. En julio de 2016, diputados de la oposición tomaron la tribuna del Congreso para evitar que se aprobaran reformas enviadas por Javier Duarte que permitirían la basificación de 14 mil empleados de confianza; en esa ocasión, ante la aplanadora priista, las diputadas panistas María del Carmen Pontón y Ana Cristina Ledezma López (quien como premio logró la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública con Yunes), se encadenaron a la tribuna para impedir la sesión, mientras que sus compañeros del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano desplegaban una enorme manta y tomaban la tribuna. Los priistas simplemente instalaron una mesa directiva alterna donde siguieron con la orden del día.
Es decir, que no se hagan los santitos los panistas y perredistas, y menos el porro mayor, Miguel Ángel Yunes Linares.
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