Por lo pronto en el decreto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la LOAPF, se modifica el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social, por el de Secretaría de Bienestar, cuyas facultades “serán incrementadas para participar en las políticas que garanticen el pleno ejercicio de los derechos y el desarrollo de los pueblos indígenas; coadyuvar en la instrumentación de políticas gubernamentales de fomento a la agroforestería, la economía social y el empleo en el ámbito rural, entre otras”.
También se otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la administración y operación del Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), que desde 2006 corría a cargo de la Secretaría de la Función Pública, transfiriéndose así los recursos materiales, financieros e informáticos que actualmente se encuentran asignados a ésta última.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales será la facultada para regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos, esteros y lagunas de jurisdicción federal, así como la protección de las cuencas alimentadoras y la ejecución de obras de corrección torrencial. También, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (hoy, SAGARPA), organizará y manejará la explotación de los sistemas nacionales de riego e impulsará acciones que garanticen el acceso al agua para el sector productivo y energético a través del otorgamiento de concesiones.
Será potencializadas las facultades la Secretaría de Energía, que como es sabido estará a cargo de la senadora por Veracruz -aunque originaria de Río Grande, Zacatecas- Norma Rocío Nahle García, quien podrá realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia energética; promoverá las medidas que garanticen el abasto de petróleo y gas; establecerá políticas de estímulos y promoción al uso de energías renovables.
Se transfiere a la Secretaría de Economía las facultades para que promueva obras de mejora en las zonas con actividad minera, en coordinación con gobiernos estatales y municipales, con la participación de los sectores social y privado. También –junto con otras dependencias-, llevará a cabo la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población.
Otra Secretaría que cambiará de nombre es la actual Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se denominará como Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte, ahora tendrá a su cargo la coordinación, autorización e instrumentación de la normatividad aplicable en materia de acceso y uso de tecnologías de información y comunicación (conocidas con las siglas TIC).
Los recursos para el funcionamiento de los Órganos Internos de Control de las entidades y dependencias, así como las Unidades Administrativas equivalentes en las empresas productivas del Estado, quedarán adscritos presupuestalmente a la Secretaría de la Función Pública, de quien continuarán dependiendo jerárquica y funcionalmente.
Se dota a la Secretaría de Educación Pública de competencias esenciales para asegurar la igualdad de oportunidades y el acceso equitativo a otros bienes sociales, por lo que se deroga la evaluación calificada como “punitiva”.
Se dota a la Secretaría de Salud la facultad para crear y administrar establecimientos de medicina tradicional complementaria y para la formación de recursos humanos en salud, procurando la movilidad y accesibilidad. Igualmente, podrá diseñar y conducir políticas tendientes a garantizar el acceso gratuito a los servicios de salud y medicamentos para las personas que no sean beneficiarios o derechohabientes, así como la producción nacional de medicamentos.
En tanto se expiden las nuevas normas reglamentarias, las facultades con que cuentas las Unidades Administrativas de las dependencias y entidades que por virtud del Decreto se modifican, continuarán vigentes.
A partir de la entrada en vigor del Decreto, las entidades descentralizadas Liconsa y Diconsa, quedarán sectorizadas en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Comisión Nacional de Vivienda a la SEDATU.
Así las cosas, que están por venir a partir del primero de diciembre, luego de la toma de posesión del hasta ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
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