La declaratoria podría venir de la mano del próximo presidente, quien ha evitado pisar suelo veracruzano en tanto se mantiene en el poder Yunes Linares, y que tiene previsto acudir a Veracruz el 2 de diciembre, al día siguiente de tomar posesión. López Obrador acompañaría esta declaratoria, cuyo sustento lo conforman los miles de casos de violación a los derechos humanos, que Encinas documenta, entre otros mecanismos, con reuniones con los colectivos de búsqueda de desaparecidos, organizadas por el equipo de Cuitláhuac García.
“Hemos venido conversando con el gobernador electo todo el tema de violación a derechos humanos y la crisis humanitaria que existe en la entidad (…) Tiene que haber un tratamiento especial a Veracruz como en otros estados”, dijo Encinas, quien dijo que esa declaratoria le permitiría al próximo gobierno atraer más recursos para la identificación de restos hallados en fosas clandestinas y para la operación de la comisión estatal de búsqueda, próxima a crearse.
Yunes, mala paga
¿Quieren conocer otra de las estrategias de Miguel Ángel Yunes Linares para dejar endeudado el gobierno estatal para que la próxima administración enfrente graves problemas financieros? No pagar las deudas de las dependencias y organismos autónomos.
Un caso. El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) está a punto de ser desalojado del edificio sede por no pagar la renta durante el último año. Ante ello, la semana pasada, los consejeros determinaron por unanimidad emprender acciones legales en contra del secretario de Finanzas, Guillermo Moreno Chazzarini, por no depositarle en 2017 el presupuesto aprobado a ese órgano autónomo.
La consejera presidenta del IVAI, Yolli García Álvarez, informó ante el pleno que “se ha generado una problemática contractual, al no proporcionar el presupuesto con sus montos autorizados por el Congreso local; la Secretaría de Finanzas incurre en el incumplimiento de un deber legal, en razón de ello, este pleno debe emprender acciones legales contra el titular de la Secretaría de Finanzas o quien resulte responsable a efecto de que de manera inmediata se cubran las ministraciones correspondientes a la partida que se adeudan”.
En la sesión se propuso instruir a la dirección de Asuntos Jurídicos la elaboración de los escritos por medio de los cuales se deben emprender las acciones legales necesarias. La consejera dijo que, en caso de no lograr este cometido, que les permitiría pagar las rentas atrasadas “se tendría que proceder a la entrega material de las instalaciones en las que nos encontramos actualmente”. Y es que, dijo, “la vía del diálogo y comunicación oficial se ha privilegiado con la Secretaría de Finanzas y la respuesta ha sido nula”.
Como el IVAI, varias dependencias enfrentan el veleidoso manejo de las finanzas públicas no por parte del titular de Sefiplan, quien no se maneja solo, sino de quien es su jefe, quien decide desde el principio de su gobierno qué hacer con los recursos presupuestados, como es el caso de los recursos etiquetados para el pago de salarios y prestaciones (entre estos últimos, el aguinaldo) de los trabajadores al servicio del gobierno estatal.
A escasos días de que se vayan todos estos funcionarios que profundizaron la crisis financiera de Veracruz, muy difícilmente ordenará Yunes la entrega de un presupuesto que no ha visto necesario soltar, porque lo que menos le interesa es la transparencia, como ha sido evidente con el nombramiento ilegal del Fiscal carnal “anticorrupción”, y la negativa a dotar de presupuesto a diversos organismos creados solo por obedecer plazos establecidos en el orden federal y que hoy padecen la carencia de recursos para realizar las labores que establece la ley.
Las benditas redes sociales
Anuncian que el 16 de diciembre arranca la construcción del #TrenMaya y luego dicen que el 24 y 25 de noviembre el gobierno electo #AMLO repetirá una consulta nacional para someter a votación su construcción. Si ya está decidido ¿para qué la consulta?” Azucena Uresti @azucenau
Chiquiyunes habría priorizado obras suntuarias
De haber ganado Miguel Ángel Yunes Márquez la gubernatura de Veracruz, el gasto público estatal habría estado centrado en obras suntuarias, enfocadas principalmente a convertir la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río en el Miami del tercer mundo. Su gastado discurso de apoyo a los pobres, con el modelo electoral-asistencialista impulsado por su padre (muy factible de ser comido por la corrupción), hubiera sido una verdadera caricatura.
Y si no lo quiere creer, vea usted las cifras otorgadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF) sobre la cuenta pública de 2017 en el ayuntamiento de Boca del Río, siendo alcalde el primogénito del actual gobernador.
Según las observaciones, menos del 15 por ciento de los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), orientado a mejorar las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional, se destinaron a ello. Lo demás fue para obras suntuarias, no consideradas por ese rubro.
De los 27 millones 404 mil 500 pesos enviados por el gobierno federal para atención a la población en pobreza y pobreza extrema del municipio boqueño el año pasado, Yunes Márquez solo destinó 4 millones a ese propósito. Lo demás, poco más del 85.1 por ciento, “se aplicó para proyectos que no beneficiaron directamente a la población que habita en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la Secretaría de Desarrollo Social”.
La auditoría practicada a la Cuenta Pública 2017 sobre recursos del FISM en Boca del Río, detectó que el Ayuntamiento no hizo una buena gestión de los mismos.
“Se verificó que el municipio destinó 15 millones 881.5 mil pesos del FISMDF 2017, para el pago de seis obras, de las cuales no justificó el que hubieran beneficiado a la población que habita en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) definidas por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), o a la población en los dos grados de rezago social más altos, o bien, de la población en pobreza extrema en el municipio”.
Para abundar, observó que el ayuntamiento entregó dos contratos por adjudicación directa (sin licitación alguna) que, por el monto, debieron ser sometidos a concurso de al menos tres aspirantes y posteriormente optar por la mejor opción.
Una de las obras, que se estimó inicialmente en 2 millones 656 mil pesos, finalmente creció a 3 millones 156 mil, lo que significó un incremento injustificado por 500 mil pesos, sin mencionar el contrato modificatorio. Además, se constató que dos obras no estaban concluidas, pues tuvieron un atraso de 112 días, sin justificación alguna, mientras que obras de dos contratos no se encontraron concluidas, sin embargo, se determinaron conceptos con volúmenes de obra pagados de las estimaciones, que en la verificación física no se localizaron, por 897 mil pesos. Ninguna de estas obras fue aprobada como de beneficio a la población con rezago social.
De la que nos salvamos.
Duro trabajo para diputados federales esta semana
Esta semana es considerada como una de las más intensas y definitorias en el trabajo legislativo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión pues deben definirse reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para la creación de una nueva secretaría, la de Seguridad y Atención Ciudadana (cuyas funciones se habían concentrado en la de Gobernación en el gobierno de Peña Nieto), y la transformación de la Sedesol en Secretaría del Bienestar.
Y es que estas reformas, además de un paquete de al menos seis iniciativas, deberán quedar listas antes del 1 de diciembre en que toma protesta el presidente Andrés Manuel López Obrador, y estar contempladas en el paquete económico de 2019.
La próxima Secretaría de Seguridad y Atención Ciudadana, que empezará a funcionar el 1 de diciembre, requerirá de un presupuesto para 2019 de más de 66 mil 412 millones de pesos, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Ya el sábado pasado, la Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados circuló el proyecto de dictamen para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con el que se busca crear las secretarías de Seguridad y del Bienestar, que prevén aprobar en el pleno de San Lázaro este martes 13 de noviembre.
Además, del proyecto se desprende que el Presidente de la República tendrá el control de los llamados superdelegados, aunque orgánicamente ya no dependerán de la Oficina de la Presidencia; esta nueva figura institucional tendrá la coordinación, así como la implementación de programas y acciones para el desarrollo integral y funciones de atención ciudadana.
Según el documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, a la nueva secretaría de Segurdad y Atención Ciudadana no se le agregan nuevas atribuciones, "únicamente se transfieren las facultades de seguridad pública, seguridad nacional y protección civil de la Secretaría de Gobernación a la nueva institución”, por lo que no se generaría un mayor gasto presupuestario. Con la aprobación de la iniciativa se reasignaría a la nueva secretaría alrededor de 87% del presupuesto 2018 de la Secretaría de Gobernación, el cual asciende a 64 mil 288.2 mdp (66 mil 412.4 mdp 2019)", describe el documento.
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