Prefacio.
El rostro de los nuevos legisladores panistas, el pasado jueves era de un mal disimulado regocijo. *** “Nunca se había visto que un partido mayoritario llegara tan dividido como le sucedió a Morena. ¡No hay mando! ¡Nadie controla el timón!”, expresaban con el asomo -mal disimulado- de una sonrisa. *** “Las bancadas panistas han pasado también por severos conflictos internos; sucedió en la LX (2004-2007) y apenas en la LXIV (2016-2018) en los pasillos de este recinto se confrontaron dos diputados panistas”, se les recordaba. “Sí, pero nunca llegamos a esos extremos, siempre privilegiamos los intereses de grupo”. *** Eso, por supuesto, es falso. En gran medida el origen de los conflictos en el PAN fue, ha sido y seguirá siendo, la disputa por los intereses individuales. *** Pero esa mal disimulada alegría que exhibían la semana pasada, se tornó en una mueca de desánimo, tras conocer el conflicto que se suscitó con la elección interna de su dirigente estatal. *** Incluso antes de que se iniciara la jornada electoral los señalamientos entre los dos aspirantes a la dirigencia (Joaquín Guzmán y José Mancha) versaban sobre compra de votos y coacción. La cereza del pastel surgió la noche del domingo, cuando los dos salieron a anunciar su victoria. *** ¿Ese es el partido que se burlaba de las diferencias internas de Morena?
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Las denuncias se acumulan. Una tras otra se van colocando en la parte superior de ese endeble castillo de naipes, que luce a punto de derrumbarse.
Este lunes el abogado Arturo Nicolás Baltazar, defensor del exfiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, presentó una denuncia penal contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña; contra el actual fiscal general, Jorge Winckler, y contra la juez Alma Aleida Sosa Jiménez, por los delitos de asociación delictuosa, abuso de autoridad, usurpación de funciones, incumplimiento de un deber legal, falsas denuncias y tortura.
La denuncia está basada en las declaraciones del abogado de otro exfuncionario de la Fiscalía vinculado a proceso, Gilberto Aguirre Garza.
Apenas la semana pasada su abogado, Jorge Reyes Peralta, presentó denuncia penal contra el aún gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, contra Jorge Winckler, contra el fiscal anticorrupción Marcos Torres Zamudio, y contra el fiscal de atención a desaparecidos, Eduardo Coronel por tortura en contra de su cliente, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, falsas denuncias, simulación de pruebas y delitos contra la administración de justicia.
Reyes Peralta denunció que mediante diversos tipos de tortura, las actuales autoridades han presionado a Gilberto Aguirre para que declare en contra de quien fuera su jefe, Luis Ángel Bravo.
Basado en ese testimonio, el defensor del exfiscal denunció que integrantes del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado, montaron un espectáculo de sangre y terror para fincarle responsabilidad a su defendido.
El abogado dio a conocer que el propio Luis Ángel Bravo Contreras afirma que la juez Alma Aleida Sosa le confesó que mantenerlo en prisión fue una instrucción de su jefe Edel Álvarez, y que por ello ha desestimado todos los amparos que le ha otorgado la justicia federal.
Contrario a su postura en muchos otros casos polémicos que le ha tocado atender, la juez Alma Aleida Sosa ahora sí salió a responder.
Dijo que que ella no recibe órdenes “de nadie” para tomar sus resoluciones.
Afirmó –y tiene razón- que sus resoluciones “están sujetas a revisión federal, apegadas a su criterio y al criterio jurisdiccional”.
Es por eso que muchos de los exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte han conseguido amparos. Ahí están los casos de Flavino Ríos, José Nabor Nava, Leonel Bustos, y el propio Luis Ángel Bravo.
Con la misma velocidad con la que se derrumba el castillo de naipes que se construyó con la captura de los colaboradores de Javier Duarte, ahora se arma otro, más sólido, con las carpetas de investigación abiertas contra Miguel Ángel Yunes, Edel Álvarez, Jorge Winckler, Marcos Torres y Eduardo Coronel.
No podía ser más certero Miguel Ángel Yunes Linares cuando en sus mensajes presumía que en sólo dos años había hecho más que en los últimos dos sexenios.
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Epílogo.
El revés que sufrió la PGR este lunes (luego de que un juez desestimó una buena parte de las pruebas contra Javier Nava Soria, señalado de formar parte del entramado que habría montado Javier Duarte para el desvío de recursos públicos) es algo que ya se veía venir. Resulta que los elementos de prueba son estados de cuenta y reportes de movimientos bancarios que no fueron conseguidos mediante la orden de un juez, por lo que resultan invalidados. *** Ese mismo problema tuvo la PGR con el propio Javier Duarte, al grado de que sus fiscales intentaron reponer el procedimiento y solicitar al juez de control el permiso para conseguir la información que ya tenían en su poder y que, incluso, ya habían presentado en una audiencia previa. No hay, pues, “criterios a modo”, sino evidentes fallas de procedimiento. *** En Coatzacoalcos, el próximo secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, lo dejó muy claro: Jorge Winckler Ortiz, no terminará los siete años que le quedan al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE), pues le será aplicada la ley. ¿La principal causa? Las graves deficiencias en la integración de las carpetas de investigación contra exfuncionarios estatales. “Este estado reclama justicia y hoy tenemos un fiscal de membrete, payaso, que no trabaja para los veracruzanos, trabaja solamente para una familia. Ustedes lo están viendo un fiscal que se sienta a negociar junto con el fiscal anticorrupción, que es su empleado. Ése es el verdadero crimen organizado, el que se organiza desde la política y se sienta para negociar con lo que hicieron todas las tropelías en el gobierno de Duarte, con esos se estaba sentando, con esos que dicen que estaban combatiendo”.
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