Al asistir al Segundo Foro de Acciones Preventivas contra el Delito 2018, que tuvo lugar en el Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) de Xalapa, García Jiménez afirmó: “Yo no quiero actuar de mala fe, vamos a esperar. Y lo que pido, lo vuelvo a repetir: es para ver si es cierto que este Comité Ciudadano tendrá la información y transparentará la entrega-recepción. Le pedimos información detallada de las cámaras de vigilancia y de la empresa concesionaria.”
García Jiménez tocó una de las fibras más sensibles del gobernador saliente, pues la empresa beneficiada es Comtelsat, la cual fue inhabilitada en septiembre de 2014 por la Secretaría de la Función Pública por haber defraudado a PEMEX. En ese mismo año, también le fueron embargadas las cuentas bancarias por el incumplimiento del pago a sus trabajadores, al IMSS, Infonavit y al SAT.
Esta empresa forma parte del Grupo Lauman, que preside Manuel Arroyo, propietario también del periódico El Financiero.
Inclusive existe la versión de que la relación de Yunes Linares con Comtelsat dataría desde que el mandatario veracruzano y su grupo –entre ellos Enrique Pérez Rodríguez, actual secretario de Educación de Veracruz, y Mario Marín Zamora, quien despacha como director del IPAX– estuvieron a cargo de los Centros Federales de Readaptación Social de 1999 hasta enero de 2001, después de la sospechosa fuga del capo del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien escapó del penal de Puente Grande, Jalisco, burlando todo el sistema de seguridad, incluyendo las videocámaras.
Desde octubre de 2017, Yunes anunció que se instalarían 6 mil 476 cámaras de videovigilancia, lo que aumentaría en mil 700 por ciento el número de estos dispositivos, pues sólo funcionaban 180 en toda la entidad. El mandatario panista detalló que este moderno sistema sería instalado en ciudades de seis regiones estratégicas del estado: Pánuco con 404 cámaras; Poza Rica, mil 136; Xalapa, dos mil 052; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 084. La cobertura total alcanzaría una extensión de más de 21 mil 594 kilómetros cuadrados de territorio.
Y no es por meterles “tenebra”, pero no está por demás recordarles tanto al gobernador Yunes Linares como a su jefe policiaco lo que el próximo secretario de Seguridad Pública federal, Alfonso Durazo Montaño, dijo en el marco del foro sobre seguridad “Diálogo Ciudadano por la Paz y el Bienestar” que se realizó a mediados de octubre en Ciudad Victoria, Tamaulipas: “Nada de perdonar, todo aquel que haya cometido alguna ilegalidad tendrá que asumir las consecuencias, particularmente si se trata de gobernantes que hayan incumplido su responsabilidad o que hayan hecho mal uso del recurso público”.
SOSPECHOSA OPACIDAD EN EL RPP
Pero ha trascendido también que en el Registro Público de la Propiedad (RPP) tampoco cantan mal las rancheras.
Según nos comentan, los encargados resultaron ser todas unas fichitas, tanto en la Dirección General como en la mayoría de las 25 zonas registrales que funcionan en todo el territorio veracruzano.
Por la opacidad y los presuntos negocios al margen de la ley que se habrían comenzado a detectar, el RPP dará mucho de qué hablar a partir de diciembre próximo con el cambio de administración estatal.
Acopio ilegal de rentas, esquemas de trabajo no apegados a la reglamentación interna de la dependencia, desconocimiento de lo acaecido en la misma por quien se dice ser su Director General y el tráfico de influencias de parte de quienes ocupan la segunda línea de mando de la institución es parte del catálogo de irregularidades que se van a encontrar los enviados del gobernador electo a la hora de “recibir” tal instancia de la SEGOB.
Dicen que en la casona ubicada sobre la calle de Juárez, frente al histórico Colegio Preparatorio de Xalapa, existen por lo menos dos fuertes candidatos a ingresar al reclusorio regional de Pacho Viejo apenas inicie 2019.
¡Están avisados! |
