La defensa de Javier Duarte ha medido con mucho cuidado los tiempos políticos, para que no choquen con los momentos jurídicos.
Antes de dar su siguiente paso, tenían que esperar a que Miguel Ángel Yunes Linares dejara la gubernatura.
Ya sucedió y ya se empezaron a mover.
Esta semana presentaron una demanda de amparo contra el acuerdo del juez que rechazó su apelación contra la sentencia condenatoria.
En la audiencia de amonestación, celebrada el 31 de octubre, Javier Duarte anunció ante el juez de ejecución Mario Montellano Iturralde, que presentaría juicio de garantías encaminado a impugnar su castigo.
En su demanda presentada ante Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, Juez Décimosexto de Distrito en Amparo Penal, la defensa del exgobernador de Veracruz pidió la cancelación de los acuerdos dictados el 11, 15 y 16 de octubre pasado por el mismo juez que lo sentenció.
El 26 de septiembre pasado Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, condenó a Duarte a 9 años de prisión y al pago de una multa de 58 mil 890 pesos, por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Sus abogados interpusieron la apelación contra la condena, pero días más tarde presentaron un escrito en el que su cliente se desistía de dicho recurso, por lo que el día 11 de octubre el juez administrador Fernando Payá Ayala tuvo por “no interpuesta” la impugnación.
Javier Duarte presentó otro escrito en el que afirmó que no era suya la firma suscrita en el desistimiento, a pesar de lo cual el día 16 de octubre Payá determinó que debía prevalecer lo ya acordado, es decir, el desistimiento de su apelación.
El recurso de amparo señala esos acuerdos judiciales como actos reclamados y, en el caso de que Javier Duarte ganara su demanda en la instancia definitiva, la consecuencia concreta sería que el juez de control estaría obligado a admitir su apelación. La turnaría a un tribunal unitario de la Ciudad de México, donde un magistrado estaría en posibilidad de reponer, revocar, modificar o confirmar su castigo. Si fuera este último caso, al veracruzano todavía le quedaría recurrir al amparo directo ante un tribunal colegiado.
Javier Duarte alega que el juez no dictó una resolución con base en las pruebas o medios de convicción presentados por la PGR; que la parte acusadora señaló los hechos como un concurso real de delitos, aunque era un concurso ideal. En caso de que su reclamo sea aceptado, se ordenaría la compurgación simultánea de las penas y en lugar de los 9 años de cárcel, serían 4 años y medio, con lo que estaría en posibilidades de pedir su libertad anticipada.
Javier Duarte reclama, también, por el decomiso de 40 inmuebles, lo que considera ilegal, pues argumenta que ninguno es de su propiedad.
Una vez resuelto el caso federal, la defensa se abocaría a atacar los dos procesos que le inició la Fiscalía General de Veracruz.
Para ese entonces, Jorge Winckler ya no estaría al frente de ese organismo.
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Epílogo.
La diputada federal Anilú Ingram está brillando por su capacidad de convocatoria. Después de que presentara una iniciativa para otorgar seguridad social a los y las trabajadoras domésticas en el país, han sido más las diputadas que se han sumado a su causa. Este martes Lorena Villavicencio, de Morena, y la panista Marcela Torres Peimbert, acompañaron a Ingram Vallines en una conferencia de prensa para urgir al titular del IMSS, Germán Martínez, a que se sume a ese reclamo social y reconozca el trabajo de más de dos millones de personas, según cifras del Inegi. *** Por cierto, desde la Cámara de Diputados, las congresistas de diferentes grupos parlamentarios aplaudieron también la resolución por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que declara inconstitucional que los patrones de las trabajadoras domésticas no estén obligados a registrarlas ante el IMSS. La ONU celebró también la resolución de la Corte. Una vez que se apruebe será, sin duda, uno de los mayores aportes legislativos de la veracruzana.
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