Hasta ese día se tenía registrado un total de 37 secuestros denunciados, delito que alarma notoriamente a la sociedad y la mantiene en la zozobra.
La guerra por demás mezquina emprendida por la actual administración en contra del actual titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de su titular Jorge Winckler Ortíz ha sido el frente de batalla en el que absurdamente se han concentrado, sin que al momento el saldo les sea favorable.
Al respecto el propio Winckler Ortíz presentó este lunes el Informe de Resultados del 16 de diciembre de 2018 al 05 de enero de 2019 al frente de la FGE, mismo que reporta similitudes con algunas de las cifras ofrecidas por funcionarios de seguridad a este reportero.
Al respecto el fiscal General señaló que se han registrado entre este periodo 138 homicidios, de los cuales 19 son considerados feminicidios y 38 secuestros.
Otros delitos reportados por el titular de la FGE fueron: 315 robos de vehículos; 259 robos a comercios; 93 robos a transeúntes; 80 robos a casa habitación; y 17 extorsiones.
De este modo se comprueba que los delitos de alto impacto han mostrado un notorio incremento en la entidad ante la falta o nula capacidad y conocimiento de reacción de parte de las autoridades estatales en materia de seguridad pública.
Querer vender la idea de que todo este escenario es culpa de un solo personaje al frente de una instancia responsable de impartir justicia tras denunciar hechos delictivos resulta de lo más absurdo, pues es como pedir primero la gallina antes de tener el huevo.
En la realidad, la percepción social va cada vez más en detrimento del Gobierno Morenista, pues exhibe una altísima soberbia y lo peor, un grave e intolerante desconocimiento de la situación.
Urge ante ello, el apaciguamiento de las aguas, para serenos las autoridades atiendan de manera frontal su responsabilidad de garantizar y salvaguardar la seguridad de los veracruzanos.
En este sentido, los veracruzanos no pedimos más en materia de seguridad, pero tampoco pedimos menos a lo que se venía realizando, pues en los fríos números el saldo resultó favorable para el bienio gubernamental a cargo de Miguel Ángel Yunes Linares.
Ojalá el discurso incendiario mengüe y pasemos a la etapa de los resultados en favor de Veracruz.
Sextante.
Vaya cifra la que nos reveló la comisionada Nacional del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular), Ivonne Cisneros Luján, resulta que, a su llegada a la dependencia federal, encontró que habrían sido empleados poco más de 68 mil millones de pesos para pagar los contratos eventuales de cerca de 108 mil trabajadores de la salud.
Y es que como se podrá imaginar, en ese sentido, no hubo estado del país en que no dejarán títere con cabeza en eso de emplear hasta el 40% del recurso federal destinado para garantizar el abasto y suministro de medicamentos en este manejo irresponsable del personal de la salud.
Por lo pronto, la funcionaria federal sale al paso y desmiente el despido masivo de trabajadores del Seguro Popular como se ha querido manejar en las benditas redes sociales.
Confirmó que realizarán un análisis exhaustivo del personal, especialmente del administrativo para entonces si buscar generar ahorros sustanciales en la materia.
Si bien dicen por ahí al ojo del amo engorda el caballo y a la instrucción dada, no supervisada, se la lleva la chingada.
Al tiempo.
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