Hubo casi un centenar de muertos. Poza Rica era entonces el principal centro productivo petrolero del país, la industria energética nacional resintió fuertemente los efectos de este terrible siniestro. Y aunque el bombeo sólo se detuvo por algunas horas, se habló entonces en la prensa nacional de que las refinerías de Ciudad Madero, Azcapotzalco y Salamanca sufrieron por la escasez de combustible. Y se mencionó también que la producción de crudo bajó considerablemente.
Agentes de la PGR resguardaban las instalaciones de las primeras refinerías. Las pipas, que eran de menor tamaño que las actuales, entregaban la mitad de su carga a los destinos establecidos, y la otra mitad la vendía directamente al mejor postor. Los escándalos eran sólo rumores que escondían complicidad de aquellos políticos a quienes todavía les interesaba la opinión de la población.
En aquel entonces los funcionarios públicos estaban conscientes que los votos en las urnas dependían de su conducta como administradores del país. Pero llegaron quienes se sintieron dueños del país y les empezó a importar poco la opinión de los mexicanos que terminaron por perder el poder, al parecer de manera definitiva.
Desde hace más de medio siglo había válvulas que detectaban desde el interior de Pemex la disminución o intensificación de la presión de los ductos. Conocían la hora de la suspensión de labores por mantenimiento, conocían los lugares de mayor facilidad para extraer. No hay novedad en el delito. Porque hasta ahora tanto PRI como PAN, sabían que este gran robo existía. Y si los propios presidentes de la República no sabían era porque no sabían desempeñar su papel. Porque el mejor informado de los mexicanos debe ser el presidente de la República.
Desde ese entonces lo que se conocía como robo de pipas con gasolina ha crecido y rebasado, por mucho, los límites de Poza Rica y de Veracruz. Es un delito que sucede a lo largo y ancho de la red de tuberías de combustible en el país.
Porque como dijera el presidente López Obrador: “El Gobierno de México, sus instituciones, la sociedad y los trabajadores de Pemex acabaremos con la corrupción y la impunidad, no seremos cómplices del robo de hidrocarburos. Hacemos un llamado a todos los miembros de la sociedad, a que se sumen al Plan Conjunto para acabar con el robo de combustible; juntos rescataremos nuestra soberanía energética”.
Desde luego que hay consecuencias por curar un cáncer que se enquistó en las prácticas económicas desde hace muchos años. A pesar de que hay muestras palpables de que se quiere extirpar este mal, no faltan los inconformes que exigen una explicación al gobierno por no avisarles que habría desabasto; lo cual equivaldría a avisar a los ladrones que va por ellos la policía a atraparlos con las manos en la masa.
Pareciera que quisieran continuar padeciendo cáncer. Porque hubo despistados que decían que con el huachicoleo no había desabasto, ahora que se ataca empieza la reducción de producción. Es muy común ver cómo algunas personas repiten más los rumores que lo que puede marcar su lógica y lo que pueden observar sus ojos.
Porque un cáncer debe operarse y la cirugía requiere de una preparación y un momento de recuperación, antes y después de realizada. Eso es lo que ahora se vive en México.
La penetración de la corrupción operó tan a fondo en la economía de los combustibles que requiere del esfuerzo de todos para que vuelva la salud a la economía, sobre todo en materia de energéticos, que es la principal fuente de ingresos del país.
El robo de combustible no sólo consiste en la apertura de ductos, sino en el robo de pipas completas, en la extracción de combustible de las pipas, en la aplicación de plataformas de extracción en los pozos, etc.
Es toda una estructura al servicio de la delincuencia. Hay tanta gente implicada en este negocio ilícito que en algunos casos no lo saben, también ocurre al revés, que son tantos los millones que les han robado a los mexicanos que consideran que es un negocio legal, sobre todo algunos funcionarios y políticos del pasado que dejaron pasar lo que veían y esperaron hasta poderse incorporar a ese negocio.
Es decir, cómplices de un robo de miles de millones al año, que si lo multiplicamos por más de 50 años encontramos que con eso el país hubiera pagado buena parte de la deuda externa o ya la hubiera liquidado.
Debe castigarse a esos funcionarios públicos, y mientras más alto haya sido su cargo, mayor deberá ser el castigo. Porque tan delincuente es aquel que comete el delito como aquel que se calla, pero nadie puede negar que los más altos puestos políticos no sólo conocían del delito, sino que formaban parte de él. Si la población les tuvo paciencia a los ladrones de cuello blanco y corazón tricolor, también debe tener paciencia para quienes se atreven a detener un saqueo que en algunos años hubiera colocado en la quiebra al país entero. PEGA Y CORRE. - Jorge Winckler, fiscal General de Veracruz, tiene las horas contadas en el puesto donde lo colocó su amigo de toda la vida llamado Miguel Ángel Yunes Linares. Los más reacios a pedir su remoción en el Congreso local, los diputados panistas empiezan, uno a uno, a aceptar que es un lastre en la aplicación de la justicia en la entidad. Porque de nada sirve que haya una policía eficaz si no hay procuración de justicia que meta a la cárcel a la delincuencia. Esta fue una consigna del ex mandatario estatal para desprestigiar al actual gobernador, pero finalmente los perjudicados son todos los veracruzanos.
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