Los intereses y poderes fácticos en el país no serán tan fáciles de vencer como lo fue en las urnas.
La corrupción y su abatimiento como principal objetivo de AMLO está mucho más enraizada e institucionalizada en las leyes de lo que alguien se pueda imaginar.
Y como muestra solo un botón, o varios para mejor comprensión.
En un serio trabajo de Alberto Morales publicado por el diario El Universal se da cuenta de un análisis realizado por Transparencia Mexicana sobre la política anticorrupción en México. El escrito leído por Eduardo Bohórquez, director general la organización concluye que ‘la mayoría de las medidas adoptadas hasta el 2018 son de carácter preventivo y muchas de ellas han resultado ineficaces’
Bohórquez advierte que ‘prácticamente en ningún caso relacionado con la corrupción, la República ha logrado desmantelar las redes detectadas en esos ilícitos’. ‘Las medidas preventivas tomadas hasta ahora pierden efectividad cuando quienes participan en las redes de corrupción saben bien que no serán sentenciados y que podrán mantener los recursos desviados del erario’.
Si usted no se explica aún porqué se detuvo y encarceló al exgobernador Javier Duarte y simultáneamente se dejó escapar a su esposa Karime Macías y a su familia para que viviera una vida de lujos allá en Londres, Inglaterra, no le piense mucho, eso es parte de lo que advierte Bohórquez.
Transparencia Mexicana analizó los resultados de la Convención Anticohecho de la OCDE, ratificada por México en 1999, y desde ese año y hasta la fecha se inició un número limitado de investigaciones y en NINGUNO de ellas se prosiguió a sanción, apunta en su artículo Alberto Morales.
Del mismo modo afirma que el Grupo de Acción Financiera Internacional destaca que de lasa mil 702 auditorías de la Administración Pública Federal, practicadas en 2016, 353 resultados en acciones judiciales y 16 resultaron en condena. Señala, además, que, a tres años de la creación del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, éste no está plenamente integrado y no es funcional como Sistema.
Así que con semejante andamiaje legal permisivo poco se podrá esperar de las acciones desesperadas de AMLO y su equipo para combatir el ‘huachicoleo’ de combustibles, el ‘guateo’ de especies marinas reservadas, el abigeato, la inseguridad y el crimen organizado puesto que más tardarán en capturar a los delincuentes que en dejarlos salir, pues las leyes han sido confeccionadas en el Congreso para favorecer a los delincuentes y no para hacer justicia.
Así que si la bancada de MORENA en el Congreso no se mete a fondo a quitar las dobles bisagras que tienen las leyes anticorrupción el desencanto de las acciones que hoy valientemente emprende AMLO pronto se convertirá en su propio bumerang.
Quizá por ello es por lo que AMLO habla tanto del perdón a los corruptos que han saqueado al país, pues le debe quedar claro que de caminar por esa vía será perder el tiempo.
Lo que sí, sería imperdonable es que AMLO piense que todos en su equipo en verdad son honestos y honorables, puesto que a menos de dos meses de gobierno ya empiezan a salir por ahí denuncias del modus operando de algunos de sus más cercanos colaboradores.
Quien esto escribe tuvo acceso a una denuncia entregada el pasado 24 de enero ante el Auditor Superior de la Federación por Enrique Manuel J. Sada Fernández en la que señala por presuntos actos irregulares cometidos por Ignacio Ovalle Fernández, director de ‘SEGALMEX’ organismo al que se fusionó Liconsa y Diconsa, así como a sus colaboradores René Gavira y Manuel Lozano, de la cual le comentaré en una siguiente entrega de Figuras y Figurones.
Solo le adelanto que:
A Segalmex ya se le conoce como la nueva Conasupo, creada por Ovalle Fernández y dirigida por Raúl Salinas de Gortari y luego por él mismo para su desmantelamiento.
A Ignacio Ovalle, excolaborador de los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas en cargos de privilegio en el Gobierno Federal, AMLO le ha encomendado nada más y nada menos que el jefe máximo de la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Enrique Manuel J. Sada Fernández, fue invitado a colaborar por el mismo Ovalle desde que AMLO ganó la Presidencia y se encargó junto con otros personajes que menciona en su denuncia, de armar en andamiaje de Segalmex.
Así que una denuncia en su contra y a estas alturas del partido si que podría tener repercusiones y ser llevada a discusión política en el Congreso de la Unión además de convertirse en un serio punto de comparación entre el discurso de AMLO y los hechos.
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