Las complicidades ominosas que existen en el país son de pronósticos reservados y no podría calificarse de otra manera cuando vemos que el máximo tribunal de justicia del país, como lo es la suprema corte de justicia de la nación, designa a la licenciada Arely Gómez  como controladora del consejo de la judicatura federal, órgano interno encargado del registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios y recursos materiales, cuando ha quedado acreditada su  ineficiencia en las responsabilidades de senadora de la república, procuradora general de la republica  y como secretaria de la función pública, cargos en el gobierno de Enrique Peña Nieto en que se registró la más alta corrupción de la historia de México.

De analizarse a profundidad las funciones que tuvo a su cargo, el caso de los desaparecidos de  los  cuarenta y tres estudiantes de Ayotzinapa  es más que suficiente para que el pleno de la  judicatura, ni por asoma,  hubiera  puesto sus ojos  en una persona que ,a través del ejercicio del servicio público no ha demostrado capacidad, pues es la misma que, sin sustento alguno le manifestó al ex gobernador dos añero Miguel Ángel Yunes que podría rendir protesta como diputado, pese a la existencia una serie  de denuncias, entre otras del ex dirigente panista Espino o de la auditoria superior de la federación    que con antelación se habían publicitado, es decir, su omisión a darle curso a esas denuncias, habla de la omisión a cumplir con su  deber como es la investigación de los delitos.

Por otro lado, al sustituir en la procuraduría general de la república  al  licenciado Raúl Cervantes,  no se dejó sentir su presencia, pues  pese a existir una robusta resolución de un tribunal colegiado  para que se  profundizara en el caso de los jóvenes desaparecidos, nada hizo y tan es así, que  se designó una  la comisión de la verdad,   por decreto  del presidente López Obrador, de ahí que,  sin duda que la veremos desfilar,  junto con Murillo y Cervantes  por sus  omisiones ostensibles e irresponsables, que tienen como resultado, de ser el caso, la sanción penal o administrativa  correspondiente.

                 No existe duda que  como procuradora., solo administró la corrupción imperante en esa dependencia  porque siendo de la mayor  importancia y trascendencia en la investigación y castigo a los delincuentes, su negligencia, descuido u omisión, tienen que conducir a que se les sancione a quienes dejaron de cumplir con deber legal.

Sin embargo, no es solo este hecho de Arely Gómez el  que  escandalizará a la corte de nuestro país- y más  ahora en que  el presidente de México ha manifestado  que no existe reversa en el combate a la corrupción e impunidad-, sino que también el referido a que la  sentencia de la corte interamericana que  ha condenado al gobierno de la república , en el caso de Atenco, que involucra  al  ministro Eduardo Medina Mora, por cierto designado de manera inconstitucional por el senado de la república, a propuesta de Peña Nieto-,  pues siendo Titular de la Secretaría  de Seguridad Pública Federal en el gobierno de Fox, se presume su  responsabilidad en  contra de  las once mujeres que fueron ultrajadas y torturadas,

Al ordenarse la reactivación de la investigación para el deslinde de responsabilidades tanto del gobierno  federal y estatal al planificar y supervisar el operativo, las afectadas reclaman  el cumplimiento cabal a la sentencia que precisa unas investigaciones  “amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables directos y a sus superiores jerárquicos”, donde no se escapará el exgobernador Enrique Peña Nieto.

      En esta cuarta transformación que está  viviendo  el país  en que ya no se quiere el silencio o la confabulación criminal, lo que es inusual después de 70 años, sin duda , no habrá crimen sin castigo y las consecuencias y resultados se tendrán que ver en el corto tiempo, para que por fin, se pueda presumir que se vive en un régimen democrático y de derecho.

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