Cuando la autoridad deja de cumplir con una de sus responsabilidades básicas, garantizar seguridad pública a la población, lo que sigue invariablemente es la anarquía y la justicia por mano propia.

Eso es exactamente lo que sucedió la semana pasada en el municipio de Soledad Atzompa, enclavado en la Sierra de Zongolica. Cuatro personas –entre las cuales se encontraban dos menores de edad- fueron linchadas por guardias comunitarias del lugar, al ser identificados como parte de una célula delincuencial que se dedica a la extorsión y el secuestro en esa región.

Los presuntos delincuentes fueron lapidados y quemados vivos por los habitantes de ese municipio indígena, localizado en una de las zonas más “calientes” de la inseguridad en la entidad: el corredor fronterizo de la región central de Veracruz con el estado de Puebla, en el que operan bandas criminales dedicadas, además de a los delitos que se les achacan a los hoy occisos, al robo de combustible.

Los hechos sucedieron entre jueves y viernes de la semana pasada. Y al observar la respuesta de las autoridades estatales, resulta más que comprensible por qué la población decidió actuar por su cuenta contra los criminales.

El viernes, en un escueto y vergonzante boletín de prensa, la Secretaría de Seguridad Pública del estado “lamentó” y “condenó” los hechos de violencia en Soledad Atzompa, a donde fueron desplegados ese mismo día “100 elementos de la SSP, Secretaría de la Defensa Nacional y policías Federal y Ministerial”.

Si los gobiernos estatal y federal hubiesen hecho caso a los numerosos llamados de auxilio que desde esa región -asolada desde hace mucho tiempo por la inseguridad y la violencia- se han hecho, no habrían tenido que “lamentar” nada. Pero resulta que no hicieron su trabajo. Ni los que se fueron, ni los que llegaron ni los que se quedaron.

Hasta el domingo fue que se apareció en Soledad Atzompa el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien más parecía que estaba en un acto de campaña –de los que nunca se le vieron- que en un recorrido de inspección por motivos de seguridad. Y aun cuando se comprometió a reforzar los operativos de vigilancia con elementos de la Fuerza Civil en coordinación con militares, marinos y policías estatales para proteger a maestros rurales y médicos, que son quienes han sufrido la mayor cantidad de plagios, lo único que pudo ofrecer en realidad fue el envío de cinco patrullas para la región, “una vez que éstas sean adquiridas, a finales del mes de marzo”. 

¿De verdad es ése el nivel de urgencia y prioridad que le da el gobernador a una situación como la que se vive en esa zona? ¿Pensará realmente que en la Sierra pueden esperar hasta finales de marzo?

Ni qué decir de la respuesta del fiscal Jorge Winckler Ortiz. Con la sensibilidad de un hipopótamo, afirmó este lunes que se investigan los homicidios ocurridos en Soledad Atzompa y que “nadie debe hacer justicia por propia mano”, pues “para eso están las autoridades e instituciones”. 

Mientras todo esto ocurría, en Acayucan un estudiante fue plagiado y ejecutado, se encontró una fosa clandestina en Ixhuatlán del Sureste y un entrenador de artes marciales fue baleado en la capital del estado.

¿Autoridades e instituciones? ¿De qué hablan?

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