A inicios del mes pasado se metió en problemas al calificar de “Yalitzas” a las mujeres o familiares que podrían cuidar niños en lugar de llevarlos a estancias infantiles, lo que le valió que lo reprobara la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al calificar sus palabras como “expresiones estereotipadas y discriminatorias” y rechazarlas por “inaceptables”.
No lo pensó dos veces y enseguida salió a ofrecer disculpa pública. Aceptó que había sido “desafortunada” su declaración y que “no era la intención de ofender a nadie”, al tiempo que ofreció sus “sinceros respetos a las mujeres”. Recordó que “soy padre de una pequeña y conozco el esfuerzo que realizan las mujeres en todo México y Veracruz”.
Mostró que sabe dar marcha atrás y rectificar, que si se equivoca lo acepta sin buscar pretexto para tratar de justificarse y que no hay mejor forma de evitar la lluvia de críticas que reconociendo los errores cuando se cometen.
He hecho toda la anterior consideración porque otra cosa que quedó de manifiesto durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la Huasteca veracruzana la semana pasada es que es otro de sus hombres, en el que confía, acaso solo atrás del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
La tarde del viernes en Tuxpan, aparte de tener palabras de reconocimiento para el gobernante estatal, AMLO ofreció atender demandas de campesinos y pescadores afectados por la construcción de un gasoducto.
Soltó: “Aquí aprovecho para decirles a esos campesinos, a esos pescadores, que Manuel Huerta, que es nuestro coordinador del gobierno federal, va a tener este encargo para ir a las comunidades y escuchar las peticiones, las demandas, y que represente al gobierno federal para que esas empresas cumplan con sus compromisos”.
Lo que se hubiera visto más natural hubiera sido que la encomienda se la encargara al gobernador, pues finalmente los afectados son veracruzanos, que le delegara su representación personal así como la de su gobierno, o incluso que anunciara que iba a pedir a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, a quien se le queman las habas por ser la próxima gobernadora, para que viniera a atender el problema porque cae dentro del área de su competencia, pero tampoco.
Optó por Manuel. Le dio más responsabilidad, lo que le otorga la oportunidad de calarlo con miras al futuro, inmediato o mediato, para lo que se ofrezca; o sea, dejó claro el presidente que Huerta es otro de sus hombres en Veracruz. Ya lo puso en el círculo de espera con el bat al hombro para meterlo de emergente por si se complica el partido, o para tenerlo en cuenta para la entrada 2024.
Y llama a la cordura
Este mismo personaje, a quien el presidente López Obrador le dio la representación del gobierno federal, es decir, de él, para que lo ayude a resolver un problema en Veracruz, irrumpió ayer como una voz sensata que llama a la cordura ante el incesante enfrentamiento que sostienen algunos miembros del gobierno del Estado con el fiscal Jorge Winckler.
De acuerdo a una nota de la reportera Sarah Landa (alcalorpolitico.com), Huerta declaró que es importante que tanto el fiscal como el secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, tengan una estrecha coordinación en los temas de seguridad.
Se entendería que reaccionó así ante los señalamientos contra policías estatales por desapariciones y ejecuciones, a quienes de acuerdo al fiscal Winckler el gobierno estaría protegiendo, ante lo que respondió el secretario de Gobierno Eric Cisneros que no es cierto, que se les investiga y que serán suspendidos todos los que la Fiscalía solicite, pero no habló de ponerlos a disposición de las instancias legales.
El llamado súper delegado entró a la polémica para decir que son tiempos de mejorar la coordinación, que ha escuchado “por boca del” gobierno estatal que no se va a encubrir a nadie, recordó que el propio López Obrador lo repitió en su gira por la huasteca “y creo que en el tema de desapariciones por acciones extrajudiciales, desapariciones forzadas o abuso de autoridad, me parece muy loable que no tengamos que esconder”.
Fue más allá. Dijo que es obligación de los titulares de la FGE y de la SSP que acudan al Congreso local a comparecer y a explicar las acciones que realizan en sus áreas, además de brindar cuentas a los veracruzanos.
“Yo pienso que es sano que los poderes jueguen su rol, yo entiendo que el Congreso, la Cámara de Diputados, tiene un tramo institucional y que está en sus funciones revisar la acción del fiscal y en este caso la del secretario de Seguridad Pública, no veo nada inconveniente a que acudan a emitir su informe y a dar cuenta de sus actuaciones”.
Tiene toda la razón. Mientras Fiscalía y Seguridad Pública se pelean, se corre el riesgo de que no se investiguen presuntas graves violaciones a la ley y a los derechos humanos cometidas en contra de veracruzanos, con la posibilidad, además, de que policías presuntos delincuentes queden en la impunidad.
Este caso, además, resalta la importancia de la verdadera autonomía de la Fiscalía, sea su titular quien sea, pues ya estamos viendo que al no ser del mismo grupo político que gobierna, el fiscal ahora sí está llamando a cuentas a los policías presuntos delincuentes y presionando con ello para que no se les proteja ni se les encubra y que no vayan a quedar impunes.
Debe haber coordinación, como propone Manuel Huerta, pero también, lo mismo el secretario de Seguridad Pública que el fiscal, deben responder por la responsabilidad que les toque y asumir las consecuencias. |
