Valientes, sin duda, los reportajes y artículos de opinión que ha dedicado a Veracruz el periódico capitalino El Financiero.
Desde el cuerpo directivo de ese medio de comunicación, se ha señalado con dedo flamígero al actual gobierno de la entidad, por los elevados índices de violencia e inseguridad que presenta el estado.
El periodista Pablo Hiriart, Director de Información y analista de ese medio, escribió:
“Difícil vivir en Veracruz en estos tiempos. Y muy fácil morir. Matan los delincuentes y matan los cuerpos policiacos del gobierno. Ante eso no hay excusa ni se valen distractores para culpar a terceros. No pueden con el encargo”.
Postura digna de encomio… si no fuera porque atrás de ella, está la mano de un empresario que defiende sus intereses, por encima de la seguridad de los veracruzanos.
Resulta que desde noviembre del 2012, el propietario del periódico El Financiero se llama Manuel Arroyo, quien –además- es dueño de la empresa Comtelsat, la misma que le vendió a Miguel Ángel Yunes Linares el fraudulento sistema estatal de videovigilancia.
No hay que perder de vista que este ambicioso proyecto de videovigilancia fue anunciado por Miguel Ángel Yunes Linares con una inversión de 700 millones de pesos, cifra que con el tiempo se incrementó a mil cien millones de pesos. Contemplaba la instalación y operación de 6 mil 476 cámaras.
Al hacer el anuncio de este proyecto, en octubre del 2017, Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que las cámaras estarían funcionando en el mes de mayo del 2018, aunque el contrato con Comtelsat consideraba un plazo de cinco meses para su conclusión.
En agosto, sin embargo, Yunes Linares hizo “un ajuste” a la fecha de entrega y aseguró que las cámaras entrarían en funcionamiento el 15 de septiembre, que ya estaban instaladas pero estaban en la “fase de configuración” para enlazarlas con los Centros de Mando.
Llegó esa nueva fecha y las cámaras seguían sin operar. El gobernador prometió que –“ahora sí”- quedarían listas el 15 de octubre.
Para el mes de diciembre de ese año, cuando entró en funciones el gobierno de Cuitláhuac García, se reportó que apenas operaban el 28 por ciento de las cámaras.
Los representantes jurídicos de Comtelsat pidieron al actual gobierno estatal una prórroga de 160 días para concluir el trabajo (que ya fue pagado en su totalidad, por Miguel Ángel Yunes) y la respuesta del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, fue contundente:
No hay más prórrogas.
En los documentos que posee el gobierno estatal hay constancia de que la empresa le solicitó al gobierno anterior dos aplazamientos, cada uno de 45 días, para cumplir con lo estipulado en el contrato, y no concluyeron.
Cuando el propietario de esta empresa se enteró que el gobierno de Veracruz presentaría denuncia penal por las irregularidades detectadas en este procedimiento (luego de una exhaustiva auditoría realizada por el Órgano de Fiscalización Superior) recurrió a la vieja práctica de aquellos empresarios que han invertido en empresas periodísticas: la extorsión.
Es una pena que un medio de comunicación al que se le conocía por su honestidad y transparencia, que se labró un prestigio a través de los años, lo eche todo por la borda con tal de servir a los intereses de su nuevo propietario.
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Epílogo.
La diputada Adriana Martínez Sánchez tuvo una cálida acogida en su visita, la semana pasada, al recinto legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México. La diputada local por Martínez de la Torre dialogó con legisladores de su partido en el Congreso federal, para revisar temas de gran relevancia para Veracruz. *** Adriana Martínez fue acompañada por el doctor Tomás Mundo Arriaza, un especialista en el nuevo sistema penal acusatorio y quien encabeza ambiciosos proyectos para brindar asesoría jurídica a grupos vulnerables. Juntos, sostuvieron una prolongada reunión de trabajo con el Presidente de la Mesa Directiva en el Senado, Martí Batres Guadarrama. Decisiones importantes surgirán de estos encuentros. *** “The Washington Academy of Political Arts & Sciences” celebró a principios de este mes la octava edición de los Napolitan Victory Awards, evento en el que se reconoce a las mejores campañas, a los innovadores, creativos, líderes, activistas, estrategas, políticos y otros profesionales en una convocatoria que abarca más de 30 países. *** Llama la atención que en este año recibió uno de estos reconocimientos el joven Fernando Elías Guevara, subsecretario de Infraestructura del gobierno de Veracruz. *** Elías Guevara nació en Poza Rica, es arquitecto por el Tec de Monterrey con estudios en Australia y Suecia. Es especialista en ciudades sustentables y desarrollo urbano. Desde su posición como subsecretario de infraestructura, es uno de los perfiles más jóvenes en la administración pública estatal. Bien. *** Oportuno, sin duda, el llamado de la diputada local Nora Jessica Lagunes Jáuregui, quien convocó a la militancia de su partido -el PAN- a vigilar “con extrema atención” la nueva elección de su dirigente. No vaya a ser que Pepe Mancha y sus huestes reincidan en violentar las reglas de competencia. *** Desesperado porque anticipa que habrá consecuencias legales, el aún diputado Juan Manuel de Unanue pretendió sorprender a la opinión pública asegurando que ya había sido exhonerado de los señalamientos hechos por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, por haberse excedido en sus atribuciones, cuando encabezó la Comisión de Vigilancia de la LXIV Legislatura. Ya se aclaró que el Órgano de Control Interno aún no se pronuncia sobre esos hechos. *** Mientras tanto, el Orfis publicó un seguimiento a las observaciones de presunto daño patrimonial determinadas en la Cuenta Pública 2017 y apuntó: “En 45 Entes Fiscalizables no se aperturó (sic) la investigación respectiva, en virtud de la modificación que llevó a cabo el H. Congreso de la LXIV Legislatura del Estado, a los Informes Individuales de los mismos, a través del Decreto 784. Lo anterior, en razón de que la Contraloría Interna del Poder Legislativo tiene abierto un procedimiento”. Esa historia aún no termina.
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