Son los mismos que encabezaron el cabildeo para “tirar” los dos procesos de juicio político que se iniciaron en contra del aún fiscal Jorge Winckler.
Gonzalo Guízar Valladares, diputado que llegó con la bandera del Partido Encuentro Social (PES) y cobijado por la alianza con Morena, casualmente ha visto crecer la carrera de su hermano, Marco Antonio, en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Amado Cruz Malpica, diputado local reelecto bajo las siglas de Morena, que pretendió mantenerse como coordinador de la bancada de su partido –y convertirse, por ende, en Presidente de la Junta de Coordinación Política- pero tuvo que ceder ante la operación de Juan Javier Gómez Cazarín, quien contó además con el respaldo del propio gobernador Cuitláhuac García.
Es por personajes como ellos que persiste la percepción de que en Veracruz, Morena está dividido, de que predomina la lucha de grupos al interior de esa, la mayor fuerza política en el estado y en el país.
El sábado, estos dos diputados participaron con Jorge Winckler en un foro convocado por ellos mismos, en Coatzacoalcos, para analizar la incidencia delictiva en la zona sur.
Aunque se hayan corrido las invitaciones, lo cierto es que este encuentro se dio al margen de los esfuerzos que realiza el gobierno estatal para combatir la delincuencia en aquella región.
Mientras eso sucedía en Coatzacoalcos, en Xalapa, el investigador de la UV Alberto Olvera Rivera, advertía de las consecuencias que podría acarrear para Veracruz la confrontación entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado.
“Para colmo de males, si esto (la inseguridad) ya es un problema nacional, en Veracruz es peor por este conflicto entre Fiscalía y Gobierno. Lo único que podemos esperar es que empeore esta situación, no puede mejorar en un contexto como este”.
Cuitláhuac García, por su parte, daba los pasos hacia una labor coordinada con los otros Poderes del Estado.
Este fin de semana se reunió con los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, José Manuel Pozos Castro y Edel Álvarez Peña, en Palacio de Gobierno y ahí los tres acordaron “mantener una coordinación institucional que genere bienestar”.
A propósito de la urgencia de trabajar en forma coordinada, en entrevista para La Jornada Veracruz, el Presidente de la Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín, llamó la atención sobre la inmensa responsabilidad que tiene en sus manos el aún fiscal Jorge Winckler, quien debe investigar a sus amigos y ex compañeros de gabinete Indira Rosales y Enrique Pérez.
“El fiscal general y el fiscal anticorrupción, ambos vinculados al yunismo, deben actuar en apego a la Ley. No hacerlo agravará el estado de impunidad en el que se ha vivido en Veracruz durante años y se protegerá a quienes quebrantan el patrimonio del Estado”, advirtió el legislador, a la vez que apuntó que la bancada de Morena en el Congreso local habrá de estar pendiente de que estas investigaciones avancen y se realicen apegadas a derecho.
“Hay un gran reclamo de la ciudadanía contra las autoridades por solapar la corrupción y proteger a quienes incurren en delitos, lo que ha derivado en un alto grado de impunidad y violencia en Veracruz. Nadie está conforme con el desempeño del fiscal general por lo que no se tolerará que haga caso omiso ante las denuncias por los actos irregulares detectados en la SEV y Sedesol”, remató.
Para enfrentar los grandes retos que dominan la escena estatal, es indispensable que todos los órdenes de gobierno, que los Poderes y los institutos autónomos, que la sociedad civil y el ámbito académico, trabajen en forma coordinada.
Ningún esfuezo aislado será suficiente.
Esto ya no es un tema de colores, tampoco se trata de fortalecer a un grupo político debilitando a los otros. Es momento de comprometerse con Veracruz y con sus habitantes.
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Epílogo.
Las “travesuras” del diputado Juan Manuel de Unanue en la pasada Legislatura, fueron mucho más allá que dar por solventadas observaciones del Orfis, consideradas “daño patrimonial” en la Cuenta Pública 2017. *** Un completo reporte difundido este domingo en el portal “alcalorpolitico”, hace nota que De Unanue, quien fuera Presidente de la Comisión de Vigilancia en la LXIV Legislatura, retiró del dictamen las observaciones que se hicieron a empresas del dirigente estatal del PAN, José Mancha y de su esposa, la actual diputada local Monserrat Ortega, por seis contratos de obra pública por casi 70 millones de pesos vinculados con las secretarías de Educación, Desarrollo Social y de Infraestructura. El Orfis señaló en su informe que los procesos de adjudicación de dichos contratos arrojaron “fallas administrativas graves”, pero al momento de elaborar el Dictamen, la Comisión de Vigilancia no las incluyó. *** El Orfis fue claro sobre esos contratos. Notificó que se detectaron “faltas a los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia para obtener las mejores condiciones”, por lo que en opinión de sus especialistas, estas acciones “pudieran constituirse faltas administrativas graves, respecto de los servidores públicos y particulares que intervinieron”. *** Las empresas involucradas en estas irreguaridades son: Multiservicios El Elemento (de Rosa María Ruiz Gaytán y Monserrat Ortega), Biodiversidad del Golfo, de Pepe Mancha y Monserrat Ortega), e Izal Inmobiliaria (de Pepe Mancha y Monserrat Ortega). *** El expediente ya está listo y muy pronto se podría traducir en una denuncia penal. ¿Le apostará el diputado a que Jorge Winckler le dé “carpetazo”?filivargas@gmail.com |
