El millonario fraude cometido durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, con la amañada compra de más de 6 mil cámaras para vigilancia, no es algo nuevo. Acaso lo que incorporó el actual secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado (en el reportaje difundido por TV Azteca) es que del asunto también se está encargando la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La razón es obvia: Los más de mil 100 millones de pesos aplicados en esta compra que resultó una farsa (de las 6 mil 324 cámaras adquiridas, sólo sirven 695) fueron tomados del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad (Fortaseg), partida que es fiscalizable por el gobierno federal.
Pero en el ámbito de la seguridad y la procuración de justicia, no sólo se cometieron latrocinios como el de las cámaras “fantasma”, sino que se tendió una amplia red de complicidades para proteger a grupos delictivos, entramado en el que están involucrados quienes ocuparon los más altos niveles jerárquicos en Seguridad Pública, el aún fiscal Jorge Winckler, con un reducido grupo de fiscales de su confianza, y jueces tanto del ámbito local como del federal.
En la más reciente colaboración hice referencia a las tácticas ilegales que está utilizando Jorge Winckler para retrasar la celebración de la audiencia constitucional en el amparo que solicitó contra la reforma a la Constitución local, con la que se define la posibilidad de que el Congreso local remueva de su cargo al fiscal.
En forma sistemática se incorporan elementos para el análisis de caso, de manera que el juzgador ha pospuesto en ocho ocasiones la celebración de esa audiencia. Especialistas en la materia advierten que esta práctica puede ser sancionada y les llama la atención que la juzgadora esté permitiendo estás trampas dilatorias.
Y justo este jueves, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, en atención a una queja presentada por el propio Jorge Winckler, le llama la atención a la juez Karina Juárez Benavides, titular del Juzgado Primero de Distrito en Veracruz, para que le haga llegar del escrito de demanda y las constancias necesarias para su resolución, pues quedó en evidencia que no se remitieron 13 anexos “los cuales son necesarios para estar en aptitud de emitir el proyecto de sentencia en este asunto”.
Este recurso de queja fue presentado el pasado 30 de enero y han transcurrido más de 60 días sin que se pueda emitir una resolución, debido a la sospechosa actuación de la juez Juárez Benavides.
Mientras el Tribunal Colegiado no resuelva el recurso de queja presentado por Jorge Winckler, la juez primera de Distrito no podrá emitir sentencia en el juicio de amparo.
Todo este ardid, sin embargo, sólo le sirve al aún fiscal para prolongar su agonía. Su remoción es inevitable.
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Epílogo.
No necesitó rascar mucho la actual Legislatura para encontrar los jugosos negocios que se hicieron en el pasado Congreso, desde el área de Comunicación Social. El actual presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, confirmó que se detectaron contratos “leoninos” para beneficiar a unos cuantos medios, algunos de ellos, propiedad del aún dirigente del PAN en Veracruz, el empresario José de Jesús Mancha. *** El resultado de la audiotoría ya lo tiene el Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Juan Javier Gómez Cazarín, por lo que muy pronto se podrían estar presentando las denuncias correspondientes. *** Este jueves en el Congreso local fue presentado el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y el Acoso Sexual en el Congreso del Estado. El Presidente de la Jucopo, Juan Javier Gómez, afirmó que “la prevención, atención, sanción y erradicación de los distintos tipos de violencia de género, constituyen una de las metas principales de esta Legislatura, la primera Legislatura de paridad, con 25 diputadas y 25 diputados”.
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