Por demás sospechosa la actitud de su titular Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, quien como el ladrón que grita “¡Al ladrón!” acusa amenazas que, según él, comenzó a presentar por malversaciones cometidas durante el gobierno de Miguel Angel Yunes Linares.
“Eso me tiene muy sacado de onda” dice el Auditor General de Veracruz, quien durante el mandato yunista nunca encontró nada irregular y que, por el contrario, al aprobar la cuenta pública 2017 solo observó un crisol de honestidad de un gobierno al cual se arrodilló de servil manera.
De la misma manera que lo hizo durante el periodo de Javier Duarte donde Veracruz registró el peor saqueo de la historia.
Orfis cumple actualmente el programa anual de auditorías, por el que se realizan más de mil 700 a la Cuenta Pública 2018, una feria de revisiones en donde se mueven muchísimos intereses que van desde las auditorías a modo contratadas por despachos, hasta chantajes que forman parte de una alcancía fuera de todo registro presupuestal.
Ello le permitió a Mauricio Audirac en el 2010, conservar su empleo al frente de Orfis.
Fue gracias a que le entregó al gobernador entrante, Javier Duarte, 6 mil millones de pesos, de lo recaudado en municipios, que fueron vitales para el arranque de la administración pública quebrada por Fidel Herrera.
Orfis audita, pero ¿Quién audita a Orfis?
Sus titulares han salido hinchados de billetes sin que nadie les revise las carteras. Han dispuesto de enormes sumas de dinero sin que el Congreso del estado sea capaz de revisar el mundo de papeles que le entrega Orfis anualmente para revisión.
Y la élite creada dentro de ese organismo es inamovible desde hace casi dos décadas.
Es una mafia, un clan, que aprendió a ganar ríos de dinero, a repartir a quien se debe repartir y mantener a su titular, cómplice, dentro del aparato el periodo legal correspondiente.
Incluida, por supuesto, la reelección.
En cinco meses el Congreso del estado habrá de designar o reelegir al Auditor General a propuesta del gobernador del estado y todo indica que ya hay acuerdo cupular con el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros y que se la van a meter de humo al atarantado gobernador Cuitláhuac García.
Aquí la pregunta obligada es ¿de a cómo fue el acuerdo?
Orfis es la mayor alcancía que tiene el gobierno del estado, vale lo que pesa en oro, así que maliciosamente valdría la pena, de cara a tan noble aspiración de Lorenzo Portilla, considerar qué tanto se mueve por debajo de la mesa.
Escribe Jorge Miguel Ramírez Pérez, analista y conocedor de las entrañas de Orfis que si nosotros creíamos que los cárteles delincuenciales estaban integrados solamente por pelafustanes, pues estamos equivocados.
“Los cárteles fuertes son otra cosa, son la llamada delincuencia de cuello blanco. Los lavadores de dinero son la variante conocida y hasta frívola de esa especie de maleantes, que usan el cerebro y los conocimientos de técnicas jurídicas, para enredar cuentas y flujos que desaparecen de los ojos de la transparencia, que se pide en los negocios públicos y privados”.
Agrega que la apariencia es la principal arma de los depredadores de cuello blanco, una imagen de solvencia, un discurso que parece real contra los procedimientos deshonestos y por supuesto, la desfachatez de hacerse tontos para dejar que las sospechas se pierdan en el descuido y el tiempo perdido.
Y remata:
Es el caso del Órgano de Fiscalización Superior del Estado Veracruz, Orfis, un organismo dizque “autónomo”, para quitarle control al pueblo veracruzano en la vigilancia de su dinero; a sus representantes, es decir al Congreso.
“El argumento malicioso era despolitizar la fiscalización, de modo que hicieron un monstruo sin control, independiente; sin contrapesos, su única liga con la institucionalidad era el paso del nombramiento del titular por parte del legislativo; a partir de eso, ningún control”.
Jorge Miguel Ramírez coincide con lo que desde hace mucho tiempo se sospecha en el sentido de que con Orfis se pudieron atraer y aislar los atracos al gobierno.
“Aparentar procesos enredados para que los transgresores se arreglaran con esa gestapo autóctona, y así, aflojar la mayor parte de lo hurtado mediante el episodio conocido en el argot del bajo mundo burocrático, como vómito negro”.
Acto seguido asignarle un despacho externo, de los “cuates” pagado con recursos presupuestarios, más lo que le unte el empleado defraudador; para, dicen: “se investigue a fondo”, de lo que resulta una devolución oficial ínfima del atraco y la solventación de todo proceso.
Los contralores del ORFIS y sus despachos son, en síntesis, unos limpiadores profesionales de cadáveres de la corrupción, como en la película Pulp Fiction de Tarantino.
No dejan rastro aparente.
Ahora Lorenzo Portilla en vísperas de su salida en septiembre de este año -el llamado cacique de la banda- quiere reelegirse otros siete años.
En la puja van en juego 17 mil millones y esa cara de honesto de Portilla que para los delincuentes de cuello blanco merece la canonización.
Tiempo al tiempo.
*Premio Nacional de Periodismo |
