Jorge Winckler está preparando su huída.
Sabe que ya quedó atrás el momento para la negociación y que a partir de ahora, en cualquier momento, pueden llegar a detenerlo.
Ya le habían anticipado que la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizaba una investigación a partir de la denuncia por tortura presentada por el exdirector de Servicios Periciales, Gilberto Aguirre garza, que incluso dio pie para que se solicitara juicio político en su contra.
“Sé que en los siguientes días -porque así nos lo han comentado- utilizarán otras arterias del Gobierno del Estado, como la Comisión de Víctimas, Comisión Estatal de Derechos Humanos, muchas otras, para tratar de denostarnos; nada de eso nos inquieta”, le dijo la semana pasada Jorge Winckler al periodista Ciro Gómez Leyva.
Sin embargo, Jorge Winckler se equivocó en sus cálculos, pues sí debía sentirse inquieto.
Hasta hoy podía argumentar que las acusaciones en su contra –en esencia, por ineficacia y por omisiones en el cumplimiento de sus responsabilidades- tenían un interés político, pero señalamientos específicos, documentados, por tortura, no pueden ser considerados una “treta”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos define este delito así:
Artículo 2: “… se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.
La Recomendación 025/2019 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Veracruz (que aún no ha sido subida al portal de ese organismo, pero que ya se filtró a diversos medios de comunicación) señala:
“En la investigación se acredita que durante las madrugadas de abril y mayo del 2018, Eduardo Coronel Gamboa, en aquel momento Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas y que actualmente se desempeña como Fiscal Regional en Xalapa, ingresó personalmente al penal de Pacho Viejo en la ciudad de Xalapa, sin dejar constancia en los filtros de seguridad con la finalidad de fabricar pruebas mediante actos intencionados de sufrimiento, es decir, tortura”.
Jorge Winckler es abogado y no debería requerir de sus asesores para entender que el señalamiento específico contra Eduardo Coronel no lo eximiría a él.
El Artículo 13, en su segundo párrafo, de la “Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, establece:
“Los superiores jerárquicos serán considerados autores del delito de tortura en los términos de lo previsto en la legislación penal aplicable”.
Este domingo el abogado Jorge Reyes Peralta, representante de Gilberto Aguirre Garza, anunció que presentará denuncia penal en contra de Jorge Winckler, de Eduardo Coronel (en la actualidad Fiscal Regional en Xalapa) y del fiscal anticorrupción Marcos Even Torres.
Con el sólo hecho de que se abra una investigación en contra de Jorge Winckler por el delito de tortura, deberá dejar el cargo de Fiscal.
Así está determinado en el Artículo 16 de la Ley contra la Tortura:
“Al servidor público que siendo investigado o vinculado a proceso por el delito de tortura, y que por razón de su encargo o influencia pueda interferir u obstaculizar las investigaciones, le podrán ser aplicadas las medidas cautelares previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, incluida la suspensión del cargo”.
Jorge Winckler sabe que una vez que deje la Fiscalía, las autoridades contra las que se ha enfrentado, tendrán acceso a toda la información que resguarda en ese organismo autónomo.
(Otra área que está en la mira del gobierno de Morena es la Oficialía Mayor, a cargo de Gabriela Mercedes Reva Ayón, activa militante del Partido Acción Nacional, con vínculos muy cercanos a la familia Yunes-Márquez).
Múltiples fueron los mensajes, a través de los más diversos conductos, para convencer a Jorge Winckler de que dejara el cargo “por las buenas”, mediante una negociacón con el gobierno estatal. La instrucción, sin embargo, se mantuvo: “Resiste. Te quedas ahí. No saben cómo sacarte. Recuerda que tú eres nuestra última barrera”.
Hoy ya tiene claro que su error fue subestimar a los gobiernos emanados de Morena. Ellos también saben hacer sentir su poder cuando lo consideran necesario.
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Epílogo.
Este lunes estará ya en Oaxaca el doctor Tomás Mundo Arriasa, para participar en el Congreso Internacional de Razonamiento Probatorio, evento en el que participan juristas de reconocimiento internacional. *** Michelle Taruffo, investigador de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona y autor de importantes obras sobre Derecho; Jordi Ferrer Beltrán, Profesor de filosofía del derecho y director de la Cátedra de Cultura Jurídica en la Universidad de Girona; Jeffry José Mora Sánchez, doctor en Derecho y juez penal de Costa Rica; Rodolfo Félix Cárdenas, de la Escuela Libre de Derecho, especialista en ciencias penales y exprocurador en la Ciudad de México, y Gonzalo Lobos Fuica, profesor de Derecho Procesal y Destrezas de Litigación en la Universidad de las Américas. *** En una prolífica labor de coordinación, la diputada Adriana Martínez Sánchez y el doctor Tomás Mundo impulsan el programa “Veracruzano Inocente”, a través del cual se revisan los expedientes de más de medio millar de presos indígenas, muchos de los cuales no han recibido el apoyo jurídico que las leyes exigen. Los resultados se estarán viendo muy pronto.
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