La ruptura entre el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado (FGE) alcanzó ya niveles alarmantes. Pasó de de las críticas mutuas por el desempeño de los servidores públicos del más alto nivel, a las acusaciones concretas, que sugieren la comisión de delitos graves.
Las responsabilidades y atribuciones están bien definidos en los artículos 49 y 67 de la Constitución local. La primera atribución que se le concede al gobernador es la de “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes federales, los tratados internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen”.
Más adelante se establece que la procuración de justicia y la vigilancia del cumplimiento de las leyes, de acuerdo con las disposiciones de la Constitución federal que rigen la actuación del ministerio público, para ejercer las acciones correspondientes en contra de los infractores de la ley, así como las que tengan por objeto la efectiva reparación del daño causado y la protección de los derechos de la víctima del acto ilícito, son atribuciones “del organismo autónomo del Estado denominado Fiscalía General”, cuya función de procurar justicia “se regirá por los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos”.
Juntos, gobierno del estado y Fiscalía, deben trabajar para abatir la impunidad y garantizar el Estado de Derecho.
No pueden –ni deben- trabajar por separado. La autonomía que ambas instituciones poseen tiene la finalidad de fortalecer su capacidad de operación y su desempeño en bien de la sociedad.
La abierta confrontación entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General del Estado explica, en gran medida, la alta percepción de inseguridad que se padece en Veracruz.
A todos en esta entidad sacudió el asesinato de 13 personas durante una reunión social en Minatitlán. Este lamentable hecho se dio –casualmente- a pocas horas de que tocara tierras veracruzanas el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a partir de los cuestionamientos sobre el tema, terminó por incluir en su agenda, para una semana después, una visita al municipio donde se habían suscitado esos crímenes.
Antes de que llegara a Minatitlán –casualmente, otra vez- otro crimen sacudió a los veracruzanos: fue asesinada Maricela Vallejo, alcaldesa de Mixtla de Altamirano, municipio enclavado en la sierra de Zongolica.
Este lunes el gobernador Cuitláhuac García fue contundente en su denuncia mediática: “Lo digo con toda responsabilidad, el Fiscal está encubriendo a los asesinos intelectuales de la alcaldesa de Mixtla de Altamirano”.
El gobernador de Veracruz criticó que, a pesar de conocer los señalamientos de la alcaldesa, Jorge Winckler se desentendió del tema:
“Los asesinos de la alcaldesa saben que cuentan casi con un aliado en la Fiscalía, porque no hace nada; año cuatro meses, en un pueblo, no es posible que las autoridades no sepan quiénes están delinquiendo, y sucede esto a pesar de que la alcaldesa denunció ante la Fiscalía con pelos y señales quiénes eran los que la estaban acosando, y la estaban presionando y amenazando de muerte”.
Jorge Winckler, motivado por esta nueva ofensiva del mandatario estatal, salió de inmediato a responder y le echó la culpa a la policía estatal:
“En la carpeta de investigación donde ella denuncia amenazas, el Ministerio Público ordenó que se dictaran medidas cautelares para efecto de proteger a su persona; se giró el oficio correspondiente y estamos checando qué pasó con el cumplimiento de esta medida de seguridad”.
Cuitláhuac García recordó que hace poco más de un año Maricela Vallejo presentó la denuncia por las amenazas recibidas, y hasta la fecha la Fiscalía no ha resuelto esa investigación; tampoco ha aclarado el asesinato de un tío de la alcaldesa.
El gobernador hizo referencia a los señalamientos de Maricela Vallejo, en el sentido de que las amenazas de muerte le llegaban de “la administración pasada”, en clara alusión a la exalcaldesa Angélica Méndez Margarito, y al actual síndico y esposo de la que también fuera funcionaria estatal en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, Ricardo Pérez Marcos.
Frente a estos señalamientos (y el probable conflicto de intereses del Fiscal, toda vez que se han exhibido fotografías en las que convive con quienes son señalados como autores intelectuales del crimen), Jorge Winckler se limitó a sugerir que, si tienen alguna duda, que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, y que el gobernador acuda a declarar para que ratifique los señalamientos en su contra.
Así no se avanzará en las estrategias para alcanzar la paz en Veracruz.
En alguien tiene que caber la cordura.
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Epílogo.
Y Jorge Winckler podrá gritar a los cuatro vientos que es víctima de la “aplanadora” del gobierno estatal, pero en los hechos, su ineficacia confirma los señalamientos en su contra. *** Este lunes el juez de control de Pacho Viejo, Luis Roberto Juárez López, le negó a la Fiscalía la vinculación a proceso que pedía en contra de la exsecretaria de Turismo, Leticia Perlasca. *** El organismo que encabeza Jorge Winckler no ofreció medios de prueba suficientes que permitieran presumir que Leticia Perlasca hubiera cometido el delito de desvío de recursos por 25 millones de pesos, mediante la contratación de una empresa ficticia. *** En la audiencia se corroboró que la empresa a la cual la Fiscalía señalaba como “fantasma” cumplió con los trabajos encomendados y que los pagos no se hicieron en la etapa en la que Leticia Perlasca era titular de la Secretaría de Turismo, ni los hizo esa dependencia, sino en forma directa la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). *** Ninguno de esos argumentos hubiera valido el año pasado, cuando todavía ejercía el Poder en Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares. *** He ahí una razón de suficiente peso para que Jorge Winckler se haga a un lado.
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