El gobernador Cuitláhuac García ha iniciado reuniones de evaluación con las diversas áreas de su administración y eso es, sin duda, una buena señal.
Fue el propio mandatario estatal el que lo dio a conocer, en esa práctica que le copió a Miguel Ángel Yunes Linares: las redes sociales.
“Hemos iniciado un recuento de las acciones de gobierno en todas las dependencias. Como botón de muestra les adelanto: @segobveracruz con 84 mil acciones de atención; @SSALUDVeracruz, con 8 centros de salud nuevos; y en Seguridad redujimos en 31% el índice delictivo”, publicó el gobernador en su cuenta de Twitter.
Y es una buena señal, porque conforme pasa el tiempo se van dando más casos en los que se requiere de una explicación detallada, para que no se presten a confusión y se genere la percepción de que este gobierno arrastra las mismas mañas que sus antecesores.
Y llama la atención que las primeras dependencias evaluadas hayan sido, precisamente, aquellas en las que más gestiones dudosas se han presentado.
Desde la Secretaría de Seguridad Pública no ha quedado claro cuál fue el mecanismo jurídico y cuáles fueron los argumentos éticos, para la adquisición y/o arrendamiento de patrullas, a costos más elevados que en el mercado, mediante adjudicación directa.
En la Secretaría de Salud, casualmente, este martes se revivió el debate acerca de la adjudicación directa (esto es, sin licitación de por medio, lo que viola la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de veracruz) de contratos a las empresas “Impromed” e “Intermet”, por más de 200 millones de pesos, luego de declarar desiertas licitaciones –aseguran- “amañadas”.
Los contratos tienen como fin que estas empresas brinden el servicio integral de Laboratorio a los centros médicos de la entidad, y hasta la fecha no han instalado sus propios equipos, por lo que trabajan con la infraestructura que dejaron los proveedores anteriores.
Desde diciembre del 2018 se presentaron los primeros casos en los que fueron favorecidas estas empresas. El último día del año circuló un oficio que se hizo llegar a los 59 hospitales de la entidad para informarles la conclusión de contratos con la empresa Pharmacur y el inicio de relación comercial con la compañía Impromed, sin licitación pública, con un contrato de 300 millones de pesos.
Seguramente habrá explicaciones lógicas, coherentes, para la realización de estas transacciones sin apegarse a la Ley estatal que las regula.
Por eso es importante que el propio Cuitláhuac García (desde le óptica del presidente Andrés Manuel López Obrador, “el más honesto” de los gobernantes del país) llame a cuentas a su gabinete y que, además, dé vista de estos asuntos a su eficiente Contralora, Leslie Garibo Puga, para que los aclare con la prontitud y eficiencia que mostró en el tema de las “falsas acusaciones de nepotismo”.
Por el bien de Veracruz, ojalá todo marche en orden.
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Epílogo.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, reconoció que en la muerte de una migrante de 19 años en el municipio de Agua Dulce participaron elementos de la Policía Federal. El funcionario aclaró, sin embargo, que los migrantes agredieron a elementos de la Policía Federal, lo que originó un enfrentamiento en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos. Durazo subrayó que los migrantes dispararon primero a los uniformados y añadió: “no sorprendería” que estuvieran involucrados con el crimen organizado. *** “Hay protocolos de actuación para la Guardia y también para el caso migratorio, en este caso las primeras informaciones nos indican que no sólo no se detuvieron, sino que dispararon y hubo agresiones contra el personal de la base de ese retén que disparó lastimando a uno de estos migrantes (…) no tenemos todavía concluida la investigación ni los suficientes elementos pero no nos sorprendería que termináramos identificando elementos del crimen organizado”, dijo. *** A pesar de que ya hay jurisprudencia sobre el caso y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió ya una recomendación al gobierno federal para que pague a las estancias infantiles que se ampararon contra el recorte del gobierno, el delegado federal en Veracruz Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dijo que no ha recibido ninguna notificación. En una de esas la notificación le llegará desde un juzgado, para imputarlo por incumplir una orden judicial.
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