Por esa razón, desde octubre del año pasado el periodista presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), que inició la carpeta de investigación CI/114/2018/PC y ordenó medidas de protección para Ruiz Vázquez y su familia en abril de 2019, a través de un oficio girado al secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.
Sin embargo, las autoridades no cumplieron su deber. Por una parte, en febrero de 2019 Celestino Vázquez se quejó ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz por falta de avances en la investigación, por lo que ese organismo, en conjunto con la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, formularon un acuerdo para que el reportero ampliara sus declaraciones ante la Fiscalía General del Estado, lo que nunca se llevó a cabo.
Asimismo, al anunciar en un boletín el inicio de la indagatoria por el homicidio de Celestino Vázquez, la FGE señaló que también investigará “por qué no se daba cumplimiento a las medidas de protección dictadas a favor de la víctima y su familia, las cuales se encontraban vigentes”, y que incluían la asignación de elementos policiacos para realizar rondines de protección y vigilancia.
Esto fue rechazado por la Secretaría de Seguridad Pública, que también a través de un comunicado sostuvo que “las medidas de protección en favor del periodista Jorge Celestino Ruiz Vázquez fueron implementadas en tiempo y forma, de acuerdo con los requerimientos de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos contra la Libertad de Expresión”.
Concediendo que sí se hayan ordenado y aplicado dichas medidas de protección y vigilancia, éstas resultaron insuficientes, inoperantes y estériles. Nada impidió que la noche del pasado viernes, Celestino Ruiz Vázquez fuera balaceado a mansalva, con todo y los antecedentes de violencia de ese mismo tipo hacia su domicilio particular. |
