Cierto que no es lo correcto entrar en una negociación con la delincuencia, sobre todo, la organizada, para establecer el funcionamiento de las normas jurídicas y que el derecho prevalezca ante tanta violencia que se ha generado, pero hasta dónde podría ser permisible que el gobierno buscara otras estrategias que le dieran mejor resultado que militarizar al país, sin conseguir siquiera que los índices de la violencia lleguen a niveles aceptables.
Ahí está el dilema al que se enfrentaría el gobierno de la cuarta transformación, porque si bien en el pasado, ese pasado que Andrés Manuel López Obrador, rechaza permanentemente, donde siempre se dijo que el país se mantenía en calma, porque había pactado con la delincuencia bajo el compromiso de no afectar al gobierno, ni tampoco a la población del país que no tuviera nada que ver con los negocios clandestinos de los grupos armados, pero que en la práctica, por mucho tiempo, le dio resultados positivos al gobierno para mantener la tranquilidad y la paz en todo el territorio nacional.
Pero, vendría, sin duda, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, quien rompió con los acuerdos de paz y se opondría a seguir pactando con la delincuencia, iniciando, al mismo tiempo, su guerra contra la delincuencia, donde se dio cuenta, al final de su gobierno, que había perdido todas las luchas y consecuentemente la propia guerra. Desde ahí, no se ha sabido que haya paz y tranquilidad en el país, ni siquiera con el mismo gobierno de Enrique Peña Nieto, que ya encontró bastante descompuesto el panorama y sin elementos necesarios para recuperar la seguridad, de tal manera, que tendría que seguir con el mismo sistema de enfrentamiento con los grupos armados, aunque ya disminuida la posibilidad de lograr pacificar al país.
Por eso, diríamos, que López Obrador, tiene ya la experiencia vivida en otros gobiernos del pasado, con lo que, pactar con los grupos armados sería como el principio del camino que lo llevaría, sin duda alguna, a tener las posibilidades de lograr que, efectivamente, tarde o temprano, se lograra concretar el proyecto de su República amorosa, pues con los llamados que hace desde Palacio de gobierno, para que la delincuencia se porte bien, son meras ocurrencias de un gobierno que se ha significado, precisamente, por gobernar con ocurrencias y no con hechos que garanticen un resultado verdadero, ahora que se busca, por todos los medios, conseguir que vuelva la tranquilidad a todo México, y que sus habitantes puedan trabajar bajo un ambiente de seguridad.
Pactar o no pactar, sigue siendo el dilema, el cual seguramente tuvo que enfrentar el mismo ex Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, cuando tuvo que tomar la decisión de combatir a la delincuencia, cuestión que al final, como ya hemos comentado, le salió mal, al grado de que todavía, después de seis años del gobierno peñista y casi nueve meses del gobierno de la cuarta transformación, la inseguridad sigue siendo el coco de la administración federal y de todos los gobiernos los gobiernos estatales y municipales.
Sin querer faltar a los principios constitucionales, pactar con los grupos armados y todo aquello que signifique violencia, organizada o no, puede ser catalogado como un mal necesario. El acercamiento con la gente que se encuentra al margen de la legalidad, no significa, solamente, ponerlos frente a la justicia, sino también entenderlos, como es el caso de los autodefensas, que ante el evidente rebase de la violencia sobre el gobierno, quizá se dio la necesidad de defenderse así mismos, como se diría en otros términos populares, defenderse con sus propias uñas.
El tema, indudablemente que es delicado y nadie quiere que se rebasen las instituciones legalmente establecidas y menos los principios constitucionales, pero dentro de un gobierno, deben existir, también, las estrategias que beneficien directamente a los gobernados, y conseguir la paz y la tranquilidad, son aspiraciones de todos los mexicanos.
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¿SE CALMAN LAS COSAS?
DESPUES DE TANTO golpeteo mediático que se ha visto en los recientes días, con la expedición de la convocatoria emitida por el Congreso local, para iniciar el proceso de sucesión en el la representación del ORFIS, todo parece volver a la calma, sobre todo, porque ya se abrió la posibilidad de la participación de todos los aspirantes apuntados para este objetivo.
Son estos diez días de tiempo para que se presenten todos los aspirantes con la documentación respectiva, incluyendo al mismo Auditor en funciones para buscar un lugar dentro del periodo de registro y luego esperar la evaluación de la propia comisión de vigilancia, para determinar quién de todos los que se han apuntado en la lista, resulta seleccionado para ser el próximo auditor general de esta institución. Ya pasó, todo se indica de esta manera, el periodo de golpeteo para el actual Auditor Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, quien no hizo nada fuera de lo normal, sino asomar su cabeza para una posible continuación de los trabajos que han permitido que dentro del Órgano de Fiscalización Superior, se le dé continuidad al proyecto renovador de los sistemas más avanzados de la fiscalización.
Ojalá que el congreso local, tome la mejor decisión y que, efectivamente, de nombre, al futuro titular de este organismo, que con visión futurista, tenga en cuenta lo que se ha realizado.
Hay que recordar, solamente, que recientemente el ORFIS, fue reconocido por diversos organismo nacionales e internacionales, por el trabajo que ha desempeñado y los mecanismos más adecuados y avanzados que ha utilizado para cumplir con la tarea que tiene como principal responsabilidad, es decir, la fiscalización de los recursos públicos y su debida aplicación.
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UNA PREGUNTA.
¿DÓNDE CREE, USTED, amigo lector, que se encuentren los recursos económicos de la entidad veracruzana, después de que durante casi nueve meses de administración, se han recibido en las arcas del gobierno del Estado, primero, por conceptos de recaudación de la propia administración estatal, y segundo por los recursos que recibe de la federación que legalmente le corresponden?
No, pues la respuesta es clara. Para la mayoría de veracruzanos, se dice, que se encuentran sudando en algunas instituciones bancarias, ya que hasta este momento, no hay obras que justifiquen la inversión de tantos miles de millones de pesos.
Todo esto, dicen los economistas y estudiosos del tema, que se hace con la finalidad de obtener recursos que no serían fiscalizables, mientras que por otro lado, el gobierno estatal, se podría encontrar con el subejercicio que lo obligaría a retornar estos recursos a la propia federación, que en todo caso es lo que se busca para que dicho gobierno pueda hacer uso de ellos en otra aplicación que no estaría, hasta ahora, conocida.
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Y MAÑANA, aquí nos encontraremos, si otra cosa no sucede.
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