El argumento con el cual soportan la remoción, pudiera tener cierto grado de verdad, siempre y cuando no existiera consigna para ello.
La línea evidenciada con el nombramiento temporal de una encargada de despacho que minutos antes de protestar al cargo, era subordinada directa del secretario de Gobierno, Eric Patrocino Cisneros Burgos, muestra lo burdo del plan ejecutado.
Basta señalar que dicha posición por justificada que sea, deja también en entredicho el actuar del Congreso Local, el cual servil, no equilibra los poderes, por el contrario, se muestra entreguista y supeditado a la voluntad del todo poderoso señor de Palacio de Gobierno.
Siendo justos en el criterio, el fundamentar la medida en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en su artículo 65, afirma “los aspirantes que ingresen a las instituciones de Procuración de Justicia, deberán contar con el Certificado y Registro correspondiente de conformidad con lo establecido por esta Ley. Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las instituciones de Procuración de Justicia sin contar con el Certificado y Registro Vigentes”, pudiera tener sustento siempre y cuando el procedimiento legislativo fuera el viable.
Sin embargo, el procedimiento no lo es, pues la Constitución es clara en las atribuciones facultadas a la Diputación Permanente.
La argumentación que esgrime el Congreso basada en la votación de tan solo ocho legisladores pudiera en determinado momento poner en riesgo la continuidad del Poder Legislativo, y si me apura del mismo Ejecutivo.
El asunto en manos de un buen constitucionalista provocaría que la 4T evidenciara su proclividad a violar el marco jurídico, bajo el argumento de que si es conveniente al pueblo se debe transgredir la Ley.
Ese mensaje por sí mismo resulta ser sumamente explosivo y peligroso, incitar desde el mismo aparato de Estado a violar la Constitución es menos que darle la bienvenida al autoritarismo y por consiguiente a la dictadura.
Los veracruzanos votaron por un cambio real, tangible, vivo, que permitiera tener órganos de Seguridad que a plenitud garanticen la seguridad de sus conciudadanos, no a que estos la violenten.
Hoy el Congreso de Veracruz, mostró su entreguismo y un grave desconocimiento de la legalidad que en su encargo es vital mantener, basado en el hecho mismo de ser contra peso a las determinaciones o caprichos del Poder Ejecutivo.
Esperemos que en lo inmediato el propio Jorge Winckler eche abajo la argumentación referida por el mismo presidente de la Mesa Directiva del Congreso, y entonces sí, observemos el tremendo ridículo que harán pasar nuevamente al presidente López Obrador.
Al tiempo.
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