Si la remoción del Fiscal General del Estado Jorge Winckler Ortiz fue legal o ilegal, si el proceso se llevó a cabo con desaseo, en medio de gritos, empujones y mentadas; si se hizo en la Permanente cuando debió realizarse en el Pleno del Congreso; si estuvo viciada de origen y obedeció a una consigna que vino de muy arriba, todo eso pasa a un segundo término porque el palo ya está dado.

“Lo que debe hacer Jorge Winckler es buscar un país que le dé asilo político y esfumarse, porque van por él para detenerlo”, me dijo un amigo periodista.

La remoción se cocinó desde la víspera cuando llegó la orden perentoria de quitarlo de la Fiscalía “a como dé lugar”. A esa hora se habló con la directora jurídica de la Secretaría de Gobierno, Verónica Hernández Giadans, que se fue a dormir con la noticia de que al día siguiente sería la encargada de despacho en la FGE.

Lo demás se dejó venir como catarata.

Este martes durante la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso local, el diputado Juan Javier Gómez Cazarín presentó un oficio al presidente del Congreso José Manuel Pozos Castro y pidió que se leyera. Éste lo pasó al diputado Alexis Sánchez para darle lectura, Alexis lo leyó y prendió la mecha.

Cuando Alexis llegó a la parte donde se solicitaba la remoción temporal del Fiscal “por el presunto incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registros correspondientes, necesarios para el ingreso y permanencia en el cargo”, fue cuando tronó la bomba.

La diputada del PAN, María Josefina Gamboa Torales salió en defensa de Winckler: “La ley es muy clara y (el fiscal) solamente puede ser removido de su cargo a través de un juicio político, a través de una declaración de procedencia o a través de la reforma al artículo 33, la cual no entró en vigor por contar con un amparo que le concedió la razón”.

Y empezaron los empujones, amagos de golpes y gritos que arreciaron cuando Pozos Castro anunció que la presidencia a su cargo declaraba aprobado el proyecto de punto de acuerdo, con lo que se hacía efectiva la remoción temporal de Jorge Winckler.

Seria y aparentemente tranquila, Verónica Hernández dijo “Si, protesto” cuando Pozos le preguntó a gritos si protestaba guardar y hacer guardar, etcétera, mientras María Josefina le gritaba: “¡Es un delito federal!” y a Pozos Castro: “¡Eres un cobarde!”.

Por encima de la gritería y en un claro conflicto de interés, Hernández Giadans, empleada del Secretario de Gobierno Eric Cisneros el más acérrimo enemigo de Jorge Winckler, fue ungida encargada de despacho de la FGE.

Para ese entonces cuatrocientos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se habían apostado a lo largo del edificio de la Fiscalía General del Estado y dos helicópteros sobrevolaban la zona.

Allá se dirigieron María Josefina, Sergio Hernández, Rodrigo García Escalante y dos diputados más del PAN que a empujones quisieron entrar a la dependencia y no los dejaron. Minutos después llegó Verónica Hernández acompañada del diputado Juan Javier Gómez Cazarín y varios legisladores de Morena a los que les franquearon el paso en medio de la batahola.

María Josefina dijo que eso era un golpe de Estado contra el Poder Legislativo y el Judicial y acusó al gobernador Cuitláhuac García y al presidente López Obrador de orquestarlo.

¿Y Jorge Winckler?

Mediante un comunicado anunció que combatirá legalmente la suspensión provisional de su encargo y calificó de ilegal y violatoria de la Constitución de Veracruz, la acción de los diputados. Agregó que interpondrá todos los recursos que la Ley le permite para impedir esa ilegalidad e hizo responsables a Cuitláhuac García y a Andrés Manuel López Obrador de lo que le pase a él y a su familia.

Más tarde ofreció una conferencia de prensa donde dijo casi lo mismo que en el comunicado, pero agregó que es falso lo de la falta de evaluación y control de confianza. “Yo no soy un delincuente, estoy avalado no solo por instancias nacionales sino internacionales. Sigo siendo el Fiscal de Veracruz y con ese encargo seguiré defendiéndome a mí y a la sociedad de Veracruz”.

También dijo: “Nada puede estar por encima de la ley, quebrantarla y no respetarla es un acto ilegal que estoy seguro, el Presidente (López Obrador) no comparte”. Aunque esto lo dijo para la foto; es evidente que sabe muy bien que la orden de removerlo salió de Palacio Nacional.

¿Qué sigue?

“Quizá lo detengan, tiene una acusación por tortura que es oro molido para sus enemigos. Pero el asunto no es jurídico, ni tiene que ver con su presunta falta de evaluación. Es un asunto personal entre un sujeto vengativo y con todo el poder que se llama Andrés Manuel López Obrador, contra un sujeto que lo ofendió y que se llama Miguel Ángel Yunes Linares. Al quitar a Jorge de la Fiscalía, AMLO deja a Yunes sin su único alfil en el tablero. Y si encima de eso lo quiere meter a la cárcel, imagínate. Yo en lugar del Fiscal estaría volando a Canadá y desde allá me defendería”, me dijo el periodista.  

¿Qué hará Jorge Winckler? Es una incógnita y el dilema le toca resolverlo sólo a él.

Por lo pronto, me quedo con una frase que posteó en sus redes sociales el también periodista Ángel Martínez Armengol: “Si esta maniobra no les sale, harán un ridículo de marca mundial”.

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