La remoción" temporal" del fiscal ,- heredero auténtico de la familia Yunes Linares-, vendrá a demostrar, en forma por demás elocuente, si es cierto que la corrupción y la impunidad llegará a su fin en el Estado de Veracruz, con el entierro de quien, desde una de las áreas más estratégicas era el obstáculo para incoar los procedimientos penales en contra de quienes integraron el gobierno dos añero de Miguel Ángel Yunes, a quien siempre se le ubicó como el aliado más férreo en el estado , del senador priista y ex secretario de gobernación Miguel Osorio Chong e instrumento fundamental para el encarcelamiento del exgobernador Javier Duarte de Ochoa.

Los intereses agazapados o abiertos de la arraigada familia corrupta y corruptora que destronó el presidente López Obrador,- misma que aún no muere- no se han dejado de sentir por todas partes, como un contrapeso ostensible,- pues captura un cúmulo de recursos económicos-, y más en esta entidad federativa donde se quiere descarrillar al gobierno de Cuitláhuac García y exhibirlo" como un pobre diablo político", sin ponderar que las complicidades del pasado no se han podido destruir, por las mismas razones que a nivel nacional estamos viendo, es decir, no es tarea fácil la restauración después de tanto tiempo de trastupijes y componendas.

El golpe asestado a la familia Yunes Linares con la remoción de su adalid jurídico, vendrá a probar de que está hecha la estructura gubernamental que encabeza el partido de Renovación Nacional, pues ahora no existen pretextos para no ir al fondo de lo que la ciudadanía demanda, como es actuar con rigor legal en los actos de corrupción de que se acusa al ex gobernador y sus colaboradores y cuyas denuncias, si es que existen pruebas de la corrupción y la impunidad, o será cosa del pasado, en abierto silencio o contubernio lo que no sería aceptable.

Por vía de mientras- como dicen los arrieros- la fiscal temporal Verónica Hernández, demostró, al asumir la responsabilidad de llevar las riendas de ese toro de miura , que tiene agallas para enfrentar el reto, ahora, habrá que ver si el personal que la arropa responde a las expectativas que exigen los nuevos ordenamientos jurídicos en los principios esenciales de presunción de inocencia, debido proceso, legalidad de las detenciones y se cumplen a cabalidad, pues de lo contrario, acontecerá lo que ya se vio con el fiscal removido, que se abusó de lo que es condena mundial como es la prisión preventiva oficiosa o supuestamente justificada, o si bien que con los acuerdos reparatorios con la delincuencia gubernamental del duartismo , Yunes Linares y el procurador de la República, Raúl Cervantes, se ajustaron a la ley, porque jurídicamente en tratándose de delitos de desviación de recursos de la federación , los mismos tiene que regresarse a la secretaría de Hacienda.

Si el personal que existe en la fiscalía general del Estado permanece, en las mismas condiciones e incapacidades jurídicas de evidente inexperiencia , sin duda que se irá al fracaso, pues con los acontecimientos de la remoción, se dejó ver que el suspendido fiscal no tiene capacidad para sacar a un preso de la cárcel ni con la multa pagada, pues lo correctamente jurídico , si existiera esa capacidad y prudencia , era el aceptar, sin chistar , la disposición soberana del congreso del Estado o su comisión Permanente y de manera serena y reflexiva entregar el cargo sin mayor alarde , y con posterioridad , promover una controversia constitucional que resolvería la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, a quien corresponde determinar si es correcto o no ese proceder.

Pero lo peor no es ese hecho, que se demuestra su mediático proceder, sino que promueve un amparo para impedir ser destituido cuando ya es un acto consumado por un poder soberano, en fin, esto da cuenta de la capacidad jurídica de quienes dirigían esa dependencia, de ahí la crisis en impartición de la justicia de que goza el Estado.

Si se destapa la cloaca , a lo que está obligada la nueva fiscal temporal, lo relevante será demostrar que han existiendo violaciones a la impartición de la justicia y que la obstrucción a ese propósito ha sido elocuente, por lo mismo, la cauda de amparos que habrá de promover los responsables de las áreas respectivamente, vendrá a incrementar el rezago que cada días es mayor en la materia federal pues los jueces y magistrados no quieren asumir riesgos cuando resuelven un amparo, ya que siempre los dictan para efectos, tal parece que es el plan, es con maña es para obtener más recursos e incrementar su burocracia. limacobos@hotmail.com

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