La respuesta esgrimida por el Ejecutivo mismo, apenas este miércoles exhibe o total desconocimiento de la Ley o peor aún una altísima arrogancia.
La cruzada emprendida por los senadores de Acción Nacional como asunto de orden nacional, no es cosa menor.
El caso Cuitláhuac, supera por mucho a otros hechos donde se ha violentado el marco constitucional, y abrió la rendija de la procedencia de al menos dos posibles recursos: La desaparición de Poderes y el Juicio Político.
La afirmación de algunos juristas en el sentido de que no habrá de proceder nada de lo antes señalado, pudiera tener en cierta forma justificación en el mismo entramado legal del país.
Pero la violación flagrante a la Carta Magna respecto a determinados hechos está ahí.
La determinación de 17 legisladores veracruzanos de interponer una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) evidencia claramente que, al interior del Congreso Local, la fuerza mayoritaria encabezada por Morena, no podría por ningún motivo, reabrir posibles casos por juicio político.
Y es que las represalias están a la orden del día.
La amenaza se dio el mismo 16 de septiembre en medio del Desfile Militar, cuando el secretario del Congreso, Domingo Bahena Corbalá aseguró que se le habría solicitado a la Comisión Instructora de la Sexagésima Quinta Legislatura, analizar las solicitudes presentadas en contra Jorge Winckler Ortiz, separado temporalmente del cargo de Fiscal General del Estado, para que fuera factible iniciar un nuevo juicio político, reactivando algunas denuncias.
Bahena Corbalá aseveró que jurídicamente era factible, aun cuando no quiso abundar sobre el procedimiento, evidenciando la intención de cobrar venganza empleando todo cuanto esté al alcance del grupo político en el Gobierno.
La acción firmada por Sergio Hernández Hernández, Enrique Cambranis Torres, María Josefina Gamboa Torales, Juan Manuel de Unanue Abascal, María Graciela Hernández Iñiguez, Rodrigo García Escalante, María de Jesús Martínez Diaz, Omar Miranda Romero, Nora Jessica Lagunes, Monserrat Ortega Ortiz, Judith Pineda Andrade, Bingen Rementería Molina, Ricardo Arturo Serna, Gonzalo Guizar Valladares, Erick Iván Aguilar López, Ivonne Trujillo Ortiz y Juan Carlos Molina Palacios, muestra que al menos algunos legisladores tienen claro dos cosas: el grado de responsabilidad para con la ciudadanía y el cumplimiento irrestricto de la Ley.
Ahora bajo este argumento, habría que preguntarles a esos que han demostrado usar a los Poderes para mal gobernar la entidad si ¿están conscientes de las constantes acciones que por desconocimiento o agandalle buscan convertir en legales sin serlas?
Algo se está cocinando en contra del que es ya calificado a nivel nacional como el peor ejemplo de gobierno de la 4T.
Al tiempo.
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