Para tristeza de los veracruzanos, sus funcionarios críticos en antaño ahora no gustan del reclamo social, mucho menos del periodístico, pero encontraron también el placer de ejercer la fuerza del estado para con ella, estrangular y poner a raya a quien piense distinto.
Las señales estuvieron latentes desde el momento mismo que asumieron el poder, fue el 13 mayo de este 2019 cuando el mismo secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos lanzaba una advertencia a los periodistas desde conocido café de la capital.
“Aquí va a ver un parteaguas que es muy claro, y también va para todos los compañeros que son periodistas, va para todos los veracruzanos, con esto que está pasando hoy en Veracruz, vamos a saber quién está del lado de los veracruzanos, y quién quiere ser cómplice de un pequeño grupo de personas que ni siquiera son veracruzanas”.
Ese día el propio Cisneros Burgos arremetió “hay periodistas que "defienden lo indefendible" y es un parteaguas para todos, aquí vamos a saber quiénes actúan para un interés propio”. http://bit.ly/2lP5LVU
Al final en medio de ilegalidades constitucionales el Congreso Local removió temporalmente al Fiscal Jorge Winckler, evidenciando ese intento por emplear la represión y la violencia como forma de mandato.
Y que decir del reclamo social, ese que muchas organizaciones emprenden a favor de miles de personas que más lo necesitan, desmitificado bajo el argumento falaz de la corrupción, que bien sirve para todo.
De ese modo, convirtiendo una función del estado en aparato político-clientelar, es como la 4T pretende destruir a las organizaciones sociales, en el afán de acabar con toda evidencia de un régimen surgido de una revolución social.
El caso del Movimiento Antorchista es un caso especial, pues el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador se pitorrea de sus demandas en giras y eventos por todo el país, citando, “no pariente, el dinero es pa la gente, nada de meterle el dos de bastos, ahora la Federación le da el dinero al beneficiario directamente”. http://bit.ly/2mcUAGE
Dicha crisis ha provocado que el Movimiento Antorchista reaccione en reclamo legitimo a la actitud por demás irracional del presidente López Obrador, quien no reconoce las bondades y esfuerzos de este movimiento social a favor de los que menos tienen.
El asunto ya tomó niveles serios en Veracruz, pues de la pacifica solicitud de audiencia conferida en la Constitución, se ha tenido que pasar a la toma de las calles, para demandar ser escuchados y atendidos.
La negativa -expresada en la indiferencia total-, llegó a su culmen el pasado miércoles 11 de septiembre.
Miles de integrantes del Movimiento Antorchista en Veracruz marcharon por las calles céntricas de la capital veracruzana y realizaron un mitin de protesta en Plaza Lerdo para exigir, por enésima vez, una audiencia con el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, sin embargo, de nueva cuenta fueron desoídas sus peticiones.
Desde febrero de 2019 se entregó un pliego petitorio en el que se solicita al Gobierno de Veracruz más de 780 obras y acciones sociales para miles de pueblos y colonias de 105 municipios de Veracruz; obras como introducciones de agua potable, drenaje, electrificaciones; infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento para escuelas de nivel básico a superior; construcción de caminos sacacosechas, pavimentaciones, apertura de calles; espacios deportivos y culturales; subsidios en especie para albergues estudiantiles, así como apoyos para el campo y becas para deportistas de zonas populares y campesinas, entre muchas otras.
El gobernador García Jiménez recibió en persona el pliego petitorio y se comprometió a estar revisando mensualmente el avance de solución en las peticiones, sin embargo, no ha sido así, por lo que se han hecho varios actos de protesta, pero en todas las ocasiones no han sido atendidos, por el contrario, las puertas de Palacio se cierran con candados, para evitar el bochornoso reclamo.
Para esta última manifestación varios concesionarios de autobuses por órdenes del Gobierno del Estado les cancelaron de última hora viajes que ya estaban contratados para que contingentes de Córdoba, Veracruz, San Rafael y otros municipios no acudieran a la protesta.
Fue así como al concluir la marcha, la Policía Estatal empezó a hostilizar a algunos integrantes del movimiento cuando se iban a sus casas, la justificación empleada detenerles e inspeccionar arbitrariamente sus pertenencias, ante el hecho Samuel Aguirre Ochoa se quedó hasta el final en la plaza Lerdo.
Una vez que concluyó el evento, y cuando el dirigente se retiraba hacia el estacionamiento en que se encontraba su vehículo sobre la acera de la calle Rafael Lucio, una patrulla y alrededor de 10 policías estatales armados con armas de alto poder le cerraron el paso, le pidieron que se identificara y se dejara revisar por los elementos policiacos.
En un acto a todas luces ilegal, intentando intimidar, coaccionar, el dirigente se negó a la petición y les recrimino advirtiendo que se trataban de un acto de provocación del Gobierno Estatal por haber encabezado la marcha.
Ante ineficiente y burda intimidación, al ver que no pudieron amedrentarlo los policías tuvieron que cederle el paso. Entrada ya la noche, diversas patrullas estuvieron rondando su domicilio particular, a manera una vez más de infringir terror, miedo.
Entrevistado por este reportero, Aguirre Ochoa afirma: hago responsable al Gobierno de Veracruz de cualquier agresión que se cometa en mi contra o en contra de cualquier miembro de la organización.
Grave que suceda esto en la entidad, pues es apenas la muestra de lo que pudiera suceder en el futuro inmediato.
Pero más grave resulta al ver que el costo por festejos de Independencia reconocidos y admitidos por el propio mandatario estatal y su secretario de Gobierno rebasan los 14 millones de pesos. http://bit.ly/2kcMVYe
Según ha documentado la periodista Noemí Valdés el presupuesto autorizado por la propia Secretaría de Gobierno fue de 14 millones 992 mil 089.34 pesos para las celebraciones del próximo domingo 15 de septiembre.
Y el colmo de todo esto ha sido saber que el mismo mandatario estatal justificó la contratación de una banda -La Adictiva- que amenizará el evento por cerca de 6 millones de pesos.
Triste el caso pues el dispendio para un evento de horas pudiera bien ser empleado en los reclamos de obras de esta organización con el que se permitiría abatir el rezago social de cientos de municipios.
Pero … es septiembre, ¡Fiestas Patrias! que importa lo que demanden los Antorchistas.
¿Acaso no es así como razonan?
Al tiempo.
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Twitter: @LuisBaqueiro_mx
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