Tanto en el ámbito local, como en el fuero federal, está prohibido –y sancionado por la Ley- divulgar información que tenga carácter de confidencial y ponga en riesgo la impartición de justicia.
Por simple sentido común: Está prohibido dar a conocer la emisión de una orden de aprehensión, pues eso alertaría a la persona señalada en dicho mandamiento y se favorecería su fuga.
El Código Penal Federal, en su Artículo 225, fracción XXVIII incluye entre los delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos, el hecho de “dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales”.
El Código Penal para el estado de Veracruz lo contempla también, en su Artículo 348: “Al servidor público que, por cualquier medio, facilite información sobre mandamientos expedidos por autoridad judicial y tenga como consecuencia que se evada de la acción aquel contra el que vaya dirigido, se le impondrán de seis meses a tres años de prisión, multa hasta de cincuenta días de salario, destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por un tiempo igual al de la prisión impuesta. Igual sanción se aplicará al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la investigación ministerial”.
Esa razón, de estricto carácter jurídico, debió advertir sobre la dudosa procedencia de la “filtración” surgida el pasado fin de semana, acerca de que ya se emitió una orden de aprehensión en conbtra el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
Ninguna autoridad –estatal o federal- confirmó o negó oficialmente dicha versión, pues estarían faltando a los articulos arriba mencionados de los Códigos Penales.
El periodista Ciro Gómez Leyva se atrevió a informar que “fuentes” de la Fiscalía General de la República (FGR) le habrían asegurado que la versión sobre dicha orden de aprehensión era falsa.
Por ese nivel de discreción a que obliga la Ley, es que aquellas personas que temen que sobre ellos recaiga una orden de aprehensión, lo que suelen hacer es solicitar lo que coloquialmente se conoce como un “amparo rastreador”.
Le solicitan a un juez federal que los proteja ante una orden de aprehensión que habría gestionado alguna autoridad judicial. El juez de amparo solicita información para saber si existe tal mandamiento. Si nadie ha expedido la orden de aprehensión, se niega el amparo por falta de materia, pero si –en efecto- existe tal disposición, el juzgador ordena que se mantenga en suspenso hasta analizar con detalle los agravios invocados.
De lo que existe certeza es que hay no una, sino múltiples carpetas de investigación, en las que Yunes Linares es señalado de delitos contra la administración pública (peculado, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, entre otros); algunas muy añejas, y otras de reciente cuño.
No sería, pues, una sorpresa, que a raíz de alguna de esas denuncias, le hubiera resultado la orden de aprehensión. De ser así, ninguna autoridad lo revelará, sino hasta que lo hayan capturado.
De Jorge Winckler sabemos que hay por lo menos una orden de aprehensión, porque él mismo recurrió a la vía del ampáro y le fue concedida una suspensión provisional. De Marcos Even Torres, él mismo admitió en una carta pública, que existía un mandamiento en su contra. Ninguno de los dos está localizable en estos momentos.
De Miguel Ángel Yunes Linares se sabe, porque lo publoico el periódico Reforma en un “trascendido”, que fue visto en un restaurante de la Ciudad de México cuando surgió la versión de ese supuesto ordenamiento judicial en su contra, sitio que habría abandonado de forma intempestiva.
Dicen que el cazador disfruta más la búsqueda y persecución de su presa, que el momento mismo de la captura…
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Epílogo.
Este domingo, en Tlalixcoyan, el dirigente estatal del PRI se fue contra la Presidenta del Comité Nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky. Desde la óptica de Marlon Ramírez Marín, “son hipócritas y farsantes” los discursos de austeridad de Morena y del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador: La prueba –dijo- es el despilfarro de recursos para pagar un millón 920 mil pesos, en la renta de un inmueble utilizado como oficina por Yeidckol Polevnsky, cuando tienen oficinas en su partido. *** “No le atribuyamos a la política bondades de superioridad porque no somos superiores, somos seres humanos. Los únicos que piensan que están iluminados y tocados por Dios son los de Morena, son hipócritas porque hablan de austeridad republicana y esas cosas y se gastan grandes cantidades de recursos en una oficina, eso es ser farsante”, fustigó. *** Y ahí mismo, en Tlapacoyan, Marlon Ramírez habló con los trabajadores del campo: “dijeron que iban a ayudar a los campesinos, y ¿ya los están ayudando?, claro que no”.
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