A diferencia de su ex jefa, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara –quien a principios de 2018 detonó un gran escándalo mediático porque aparte de negarse a revelar su sueldo le fue descubierta la adquisición de la residencia del ex gobernador Rafael Hernández Ochoa, por la cual, según la Escritura Pública número 28109, volumen 726, del 30 de octubre de 2017, habría pagado 12 millones de pesos, monto que fue puesto en duda ya que tan solo el puro terreno ubicado en el centro histórico de Xalapa mide más de 3 mil 500 metros cuadrados–, la contadora Clementina Guerrero García, ex secretaria de Administración y Finanzas de la UV, posee bienes muebles e inmuebles que, según aseguran sus amigos, sí serían congruentes con sus ingresos obtenidos a lo largo de los 44 años que laboró en la máxima casa de estudios.       

Pero el proceso penal 318/2019 que le ha iniciado la Fiscalía General del Estado (FGE) a la ex funcionaria universitaria no es por peculado o enriquecimiento ilícito, sino por los presuntos delitos de “Ejercicio Indebido del Servicio Público”, “Abuso de Autoridad” y por “Hechos de Corrupción” en los que presumiblemente habría incurrido como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) al inicio del bienio del ex gobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares, según la orden de aprehensión concedida por un Juez local al Fiscal de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial XI con sede en Xalapa.

Habrá que ver si el fiscal que lleva su caso finalmente logra acreditarle a ella y a tres de sus ex subordinados la responsabilidad en los supuestos ilícitos que les imputan. Por lo mientras a Clementina se le presume inocente, aunque lamentablemente para su causa, un ex subsecretario de la Sefiplan ya fue detenido y vinculado a proceso.

Este lunes, el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares declaró al periodista Ciro Gómez Leyva que la Fiscalía estatal prepara una denuncia por extorsión en contra de quienes participaron en el proceso de devolución de bienes inmuebles que ex funcionarios duartistas habrían adquirido ilícitamente mediante el desvío de recursos públicos, y que él recuperó con ayuda de sus colaboradores.

A lo que a través de su cuenta de Twitter, el ex gobernador Javier Duarte respondió que las declaraciones de Yunes “parecieran más bien una cortina de humo para desviar la atención”, aludiendo a una publicación periodística difundida este mismo lunes acerca de la presunta red financiera que el ex mandatario panista operó discrecionalmente para financiar la campaña de su primogénito que aspiraba sucederlo en la gubernatura. 

“¿Por qué #Yunes sin existir ningún elemento legal supuso que eran bienes obtenidos con recursos públicos? ¿Por qué no se permitió conocer el testimonio directo de estas personas? Parece más un espectáculo mediático que un procedimiento jurídico real sustentado en pruebas.

“¿Por qué #Yunes presume que personas ‘devolvieron bienes por iniciativa propia’ si nunca fueron acusados ni mucho menos estuvieron vinculados a ningún proceso? ¿Cómo obtuvo esos bienes y cómo sabemos que no le dieron más? Coaccionar personas para obtener un lucro sí es extorsión”, acusó Duarte de Ochoa.  

¿Acaso ignoraba “Tula” Guerrero la embarcada que le estaban dando?

Y es que totalmente al margen de la ley, sin ser agente del Ministerio Público, tampoco fiscal y ni siquiera gobernador constitucional en funciones –pues todavía no rendía protesta formal ante el Congreso del estado–, Yunes Linares se dedicó después de las elecciones locales del 5 de  junio de 2016 a ubicar y a extorsionar a ex colaboradores y a presuntos socios y prestanombres del ex gobernador Javier Duarte, lo que él mismo se encargó de revelarlo y presumirlo públicamente.