El mayor problema con estos discursos tan polarizados es que cada uno escucha lo que desea escuchar, ya no se lee o se oye con lógica; los argumentos ya no importan, importa la estructura del discurso emotivo para causar mayor impacto y tratar de convencer al otro de que se tiene razón.
Es grave que se utilice la figura de los medios para generar la discordia social, en un país que parece estar unido con tela de araña. Estamos, con esto, imitando la estrategia del actual gobierno de Estados Unidos: descalificar a los medios para que independientemente de lo que digan o analicen se les reste credibilidad y, con ello, anular a la prensa crítica, capaz de propiciar una reflexión equilibrada sobre la situación del país. Y después de eso, podemos esperar las peores atrocidades de los actores políticos.
Resulta todavía más grave que este aparente ataque a los medios, del que se culpan mutuamente gobierno y personajes de la oposición, pueda estar maquiavélicamente emparentado con las declaraciones de un general en retiro que se magnificaron inútilmente. En este punto, el gobierno federal debe revisar su política de comunicación. La declaración del general pudo haber quedado sepultada, pero fue el propio gobierno el que la engrandeció al reaccionar a ella, finalmente no son los militares en funciones quienes dieron muestras de rebelión y se pudo haber manejado en privado el significado de la declaración pública.
Sería ingenuo pensar que un gobierno no debe contar con mecanismos de respuesta a un ataque mediático, pero también es importante priorizar los temas y no ayudar a los oponentes.
Quien no vea que acciones como la orden de detención contra Karime Macías, la vinculación a proceso de Gilda Austin Solís —la madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya— e incluso la detención de Juan Apolinar Torales, el director que avaló la construcción del Colegio Enrique Rébsamen cuya caída provocó la muerte de 26 personas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017 están moviendo fuertemente las aguas políticas en la oposición en contra del actual gobierno, sólo está recogiendo fragmentos de una realidad política que puede convertirse en una pesadilla.
Sin llamar a la psicosis o a la conspiranoia, es dable pensar que todos aquellos que tienen deudas con la sociedad y que durante los regímenes anteriores supieron ponerse a salvo del castigo que les correspondía —y que son muchos— pueden estar poniendo sus barbas a remojar y que no les importe hacer temblar al país con tal de evadir responsabilidades. Se trata del mismo tipo de justicia que esperan los familiares de todas las mujeres víctimas de feminicidio, de los responsables del incendio de la guardería ABC y de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, sólo por mencionar algunos de los temas más dolorosos para nuestra sociedad. ¿Se puede entender que más allá del revanchismo político está una ciudadanía ávida de un poco de justicia? ¿De ver que la ley puede, por lo menos en algunos casos, no estar supeditada al poderío económico? ¿Qué la voz de un ciudadano común y corriente puede hacerse oír?
¿Para evitar esta dosis tan elemental de justicia se justifica que unos cuantos pongan en vilo al país?
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