Por eso llama la atención que en este preciso momento el gobierno estadounidense haya decidido proceder contra García Luna, y además que lo haga hasta ahora, cuando sobre el ex funcionario de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón pesaban acusaciones por presunta colusión con el crimen organizado desde hace por lo menos unos siete u ocho años, a pesar de lo cual vivía muy quitado de la pena y a todo lujo en los mismos Estados Unidos, donde este martes fue detenido
García Luna es investigado por presuntamente recibir millonarios sobornos de parte de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, jefe del cártel de Sinaloa, preso y condenado a cadena perpetua en una prisión norteamericana.
Las acusaciones contra García Luna fueron hechas por Jesús Zambada, alias “El Rey”, hermano del número dos –aunque hay quien asegura que en realidad siempre ha sido el uno- del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, quien durante el juicio de “El Chapo” Guzmán afirmó que el ex funcionario federal recibió los pagos del cártel de Sinaloa entre 2001 y 2012 para permitir la operación del citado grupo delincuencial.
No podía ser de otra manera. La única forma de que las bandas delictivas hagan y deshagan a voluntad y con total desparpajo es a través de la protección oficial de los distintos niveles de gobierno. En los albores de la aparición del narco como delincuencia organizada, a través de acuerdos con las autoridades policiacas e incluso políticas. Y una vez que su poder económico y de fuego se volvió tremebundo, desafiando a las mismas instituciones que de manera criminal los dejaron crecer hasta ese punto.
La llamada “guerra contra el narcotráfico” lanzada por Felipe Calderón para legitimarse en el poder tras las cuestionadas elecciones presidenciales de 2006, representó un punto de inflexión que ocasionó un océano de sangre en todo México y por el cual será juzgado históricamente, por lo menos. Habrá que ver si la investigación contra García Luna en Estados Unidos lo alcanza.
Lo que queda de manifiesto es que la estrategia para combatir a la delincuencia organizada emprendida por los sucesivos gobiernos ha sido una farsa, en la que más bien se ha impulsado a una o a otra banda criminal con la que el poder político ha negociado a través de diferentes personeros. Y no parece que nada de eso haya cambiado con la llegada al poder de la autodenominada “cuarta transformación”.
El tráfico de droga en México y hacia Estados Unidos no ha disminuido un ápice en un año de “4T”, ni tampoco la violencia de los grupos delincuenciales, ya sea entre ellos mismos y contra las fuerzas de seguridad y la población civil. Pero como resulta que “también son pueblo”, ahora no hay indicios de que se les combata. “Abrazos, no balazos”, dice la consigna oficiosa.
Y no hay que perder de vista que un oscuro funcionario, residuo del peor autoritarismo priista y que ha sido vinculado desde hace más de 30 años con dos crímenes que marcaron un parteaguas en la historia de México, los asesinatos del periodista Manuel Buendía y el ex agente de la DEA Enrique Camarena, ocupa un cargo de primer nivel en el gobierno y en la confianza de quien hoy encabeza el destino de México.
La narcopolítica no es cosa del pasado.
Asueto
Para cumplir con múltiples compromisos profesionales y personales de fin de año, así como para que su autor retome energías, la Rúbrica dejará de publicarse por lo que resta de 2019, regresando el martes 7 de enero de 2020.
A sus lectores y editores, muchas gracias y felices fiestas.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
|
