En la anterior entrega de la Rúbrica se abordó el tema de los graves problemas que existen en el sistema de salud pública a nivel federal y en los estados, mismo que se volvió asunto central de la agenda este miércoles a raíz de las protestas y las críticas contra el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), organismo que inició operaciones apenas el pasado 1 de enero en sustitución del Seguro Popular.

El Insabi arrancó funciones sin funcionar. En primer lugar, porque no cuenta con reglas de operación claras, lo que provocó un caos en los centros de salud públicos en relación con la atención de los pacientes y en particular con un tema sustantivo: la gratuidad de los servicios.

En varios hospitales y clínicas se comenzó a cobrar a los usuarios por ciertos tipos de atención, contra la afirmación del gobierno federal de que todos los servicios serían gratuitos y a diferencia del Seguro Popular, que sí brindó esa gratuidad y acceso universal para la atención de prácticamente cualquier enfermedad y tratamiento.

El pasado 21 de octubre de 2019, en la presentación oficial de lo que sería el Insabi durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director del organismo, Juan Antonio Ferrer, planteó entre los objetivos del instituto “proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de salud y medicamentos a la población sin seguridad social (…) sin restricción para ningún tipo de padecimiento, como era en los años anteriores”.

Ferrer quizás se refirió a los años anteriores al Seguro Popular, que con todos sus bemoles sí logró ser un programa exitoso y con alto sentido social, pues gracias al mismo las personas que no contaban con el beneficio de pertenecer a algún sistema de seguridad social como el IMSS o el ISSSTE –y que representan a la mayoría de la población del país-, tenían la posibilidad de recibir atención médica en todos los niveles de manera gratuita.

Eso ya no será así. Este martes 7 de enero, a través de un comunicado la Secretaría de Salud dio a conocer que el Insabi “brinda servicios médicos en el primer y segundo nivel de atención para todas las personas que no cuentan con seguridad social”, mientras que la atención de tercer nivel corresponde a los “institutos nacionales de salud y hospitales federales”, los cuales, de acuerdo con el artículo 36 de la Ley General de Salud, “están sujetos a obtener cuotas de recuperación” para la prestación de servicios para padecimientos de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento.

¿Cuáles son las enfermedades o dolencias que se atienden en los centros de salud de tercer nivel? Las que ponen en peligro la vida, como los padecimientos del corazón, riñón, cerebro, hígado, cáncer, VIH, tumores, leucemia, hemofilia, etcétera, y cuyo tratamiento en el Seguro Popular eran financiado a través del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, creado específicamente para cubrir los servicios médicos de alta especialidad a los beneficiarios del hoy extinto programa que padeciesen enfermedades de alto costo.

Contra lo que afirme el presidente –quien conforme pasa el tiempo se contradice cada vez más-, es un hecho que esos servicios ya no serán gratuitos, por lo menos para quienes se afilien a partir de ahora al Insabi. ¿Y a dónde irán a dar los 75 mil millones de pesos que se destinaban al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos?

A que no se lo imagina.

 

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