En diciembre el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción, solicitó un presupuesto de 32 millones de pesos. Esa cantidad sería para lo estrictamente necesario, pero sólo les aprobaron 18 millones con lo que no se podrán echar a andar programas prioritarios como la Plataforma Digital.
A nivel federal y local la Ley señala que se debe crear una gran base de datos que aloje las declaraciones patrimoniales y devoluciones patrimoniales de todos los servidores públicos; todas las personas que participan en contrataciones, todos los procesos de licitación, la relación de los funcionarios sancionados, es decir, es una gran Plataforma que permitirá tener el pulso del manejo de los recursos. Pero no se podrá llevar a cabo porque no hay ni para comprar toner a las impresoras.
Aparte, hay cosas dentro de la dependencia que encierran cierto trasfondo; en el capítulo 3000 que corresponde a servicios generales, se incluye el pago de la luz, la renta, el teléfono y demás, pero ahí cae el recurso que se le paga a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC). En ese capítulo o no hicieron previsiones, o si las hicieron, deliberadamente las cortaron para pagar los honorarios del CPC ya que lo que presupuestaron sólo alcanzará para cubrirles sus percepciones hasta el mes de abril.
Pero ahora se sabe que la Sefiplan solo ministrará lo concerniente a renta, luz y otros servicios. Porque para el Comité de Participación Ciudadana no se presupuestó nada desde enero. Es decir; los quieren doblar desde ya.
¿Qué significa esto? Que a partir de mayo el Sistema Anticorrupción bajará la cortina y sus miembros se irán a su casa.
Si así fue planeado, grave. Si fue un descuido u omisión de quienes al final del día en Sefiplan revisaron las cuentas de lo que había en cada entidad, pues mal hecho. Si fue omisión del Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva Carlos Quiroz Sánchez; más grave aún.
Y es que este tipo (que tiene desde el año anterior acusaciones por presunto acoso laboral y sexual) es el que tiene que litigar con las autoridades correspondientes y presentar toda la información debida, para dejarles perfectamente en claro que el Comité Ciudadano Anticorrupción tiene que percibir la dieta que estipula la ley, ya que ninguno de sus integrantes puede desempeñarse en otro trabajo que no sea ese. La ley les prohíbe tener otros empleos; todo su tiempo lo tienen que dedicar al Sistema Anticorrupción.
¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. El día 28 va a convocarse al Órgano de Gobierno a sesionar y el secretario tendrá que poner a consideración este escenario catastrófico.
Se prevé que se pida una ampliación presupuestal de cinco o seis millones de pesos para las necesidades más urgentes, pero nadie apuesta a que les otorguen el recurso.
En palabras más claras, el Sistema Anticorrupción de Veracruz va directo al despeñadero.
Por donde se le mire esto es muy grave porque el Sistema Anticorrupción no es una entidad que camine sola; forma parte de un conjunto de sistemas locales y un sistema nacional que nacieron a la vida institucional a partir de una reforma a la Constitución de la República, y en esa medida no se vale que un estado (en este caso Veracruz) diga “no pues esto se acabó, no hay dinero y cierren las oficinas”.
Pero lo más probable es que eso pase porque, insisto, al gobierno encabezado por Cuitláhuac García Jiménez le importa pura corneta combatir la corrupción.
Aún con todas sus broncas y después de un año de trabajo, los miembros de esa dependencia concluyeron el Documento de la Política Estatal Anticorrupción, que si me permites lector, es algo así como el Plan Veracruzano de Combate a la Corrupción y se deriva de tareas, acciones y líneas estratégica que tendrán que ejecutar las autoridad estatal y las municipales.
El documento ya está aprobado en la Comisión Ejecutiva. Y una vez aprobado adquiere fuerza de Ley y será obligatorio para todo el servicio público y para los particulares que se relacionen con la administración pública.
Esto pone al Sistema Anticorrupción en una ruta de viaje donde las autoridades tienen que hacer su chamba. Y los ciudadanos deberán vigilar, acompañar, darle seguimiento y evaluar qué tanto se cumple de este Programa.
Lo anterior permitirá que quienes integran el Sistema Anticorrupción hablen directamente con el gobierno para pedirle una suficiencia presupuestal que les permita cumplir con su trabajo. Y ahí se verá hasta dónde es congruente el discurso gubernamental del combate a la corrupción y la impunidad.
Si no autorizan una ampliación presupuestaria, el Sistema Anticorrupción de Veracruz junto con el Comité de Participación Ciudadana pasarán a mejor vida a más tardar en mayo. Con la pena pero así será.
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