Prefacio.

Curiosa –por decir lo menos- la reacción mostrada por la Iglesia Católica con la celebración, el pasado jueves 23 de enero, de un foro más para recoger opiniones sobre lo que más le conviene a Veracruz en materia de reformas al Código Civil. *** No era el primer foro organizado por la diputada Mónica Robles. En todos los anteriores, sin excepción, se presentaron grupos religiosos que violentaron cada evento hasta provocar que se suspendiera. *** En todos esos casos la Iglesia se declaró ajena a los hechos, aunque insistió en que coincidía con sus señalamientos. *** Correspondía el foro a la capital del estado y la diputada Mónica Robles hizo las gestiones pertinentes con el fin de que éste se pudiera realizar en el recinto legislativo, su centro de trabajo. *** A diferencia de los anteriores eventos, que se realizaron en salones públicos, en el Palacio de Encanto existe un estricto control de acceso y, por lo mismo, esos grupos de “reventadores” fueron contenidos. *** Este domingo la arquidiócesis de Xalapa reclamó, precisamente, que sus emisarios no hayan podido acceder (algunos sí entraron, pero eran tan pocos, que fueron opacados por los asistentes, quienes estaban ahí para participar en forma civilizada en ese debate). *** “El espacio fue llenado con aplaudidores previamente seleccionados. Extrañamente se terminaron los espacios del auditorio pues los pases de ingreso fueron asignados a los activistas que promueven esta reforma; los mismos panelistas eran personas afines que fueron a elogiar la reforma; toda una camarilla que no representa los intereses de los ciudadanos. La participación fue sólo aparente”, criticó la Iglesia en su comunicado. *** Por supuesto, la embestida fue dirigida a la legisladora: “Es mentira que la diputada promueva la inclusión, el encuentro, el diálogo y la no discriminación. Eso es pura palabrería. De otra manera no hubiese cerrado las puertas a los ciudadanos, dejándolos afuera en la calle y blindándose con fuerzas de seguridad”. *** Está claro que se impidió su acceso, porque ya habían mostrado en foros anteriores que su interés no era debatir, sino vandalizar. *** En la parte final del comunicado, la Iglesia Católica lanza una seria amenaza: “La batalla no termina ahí, la gente seguirá manifestándose, esperamos que los diputados verdaderamente escuchen la voz de quienes los eligieron. Se ha anunciado que llegará un gran contingente al Congreso del estado. El pueblo sabio está dándose cuenta de quiénes lo representan en sus convicciones y en sus valores. El pueblo bueno y sabio no renunciará a sus principios”. *** Pero a todo esto: ¿Y las autoridades qué están haciendo? ¿Cómo permiten que desde el púlpito se promueva la violencia y la intolerancia?

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Aprovechando la falta de rigor periodístico que se padece, especialmente en redes sociales, el prófugo abogado Jorge Winckler Ortiz pretende tender una cortina de humo que tape la decisión definitiva, tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su contra.

En un comunicado filtrado por aquellos comunicadores que le sirvieron cuando estaba al frente de la Fiscalía General del Estado (FGE) Winckler Ortiz asegura que es falso que le hayan negado “todos los amparos” que promovió para evitar su cese y explica que sólo existe un Juicio de Amparo, el número 819/2019 del índice del Juzgado Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, que hasta la fecha no ha sido resuelto.

No dice, sin embargo, con fecha 17 de septiembre del 2019 le fue negada la suspensión definitiva y que ante el recurso de revisión que presentó, apenas el pasado 20 de enero el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito lo declaró infundado. La audiencia constitucional está programada para el 03 de marzo.

Tampoco aclara el fugitivo que la que le fue desechada -por considerarla “improcedente”- fue la Controversia Constitucional (320/2019) presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que de facto otorga validez a la medida tomada por la diputación permanente de la LXV Legislatura de Veracruz, de separarlo temporalmente de su cargo, por carecer de las certificaciones que exige la Ley.

El recurso fue desechado pues Jorge Winckler Ortiz incurrió en un error fundamental:

“… la representación legal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, corresponde al Abogado General, por tanto, se advierte que el promovente no tiene legitimación procesal activa para promover la presente controversia constitucional en representación de la Fiscalía General de la entidad, en virtud de que el artículo 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, establece que las partes en las controversias constitucionales deben comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos, lo que no se satisface en el caso, puesto que no comparece el Abogado General del referido organismo al presente medio de control constitucional”.

Hay un amparo más, promovido por Jorge Winckler, el 1266/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, para evitar la aplicación de la reforma constitucional al artículo 67, que faculta al Congreso para remover al Fiscal General en las hipótesis establecidas por la Ley.

Este amparo sigue sin resolución, en gran medida debido a las tácticas dilatorias que en su momento promovió el propio Winckler. Una vez que fue removido de su cargo, el abogado -hoy prófugo de la justicia- presentó un Incidente de Violación de la Suspensión, pero la Juez Primera de Distrito le negó tal medida, pues la Comisión Permanente del Congreso local no fundó ni motivó su actuar con base en la reforma constitucional al artículo 67.

Si la SCJN ha resuelto que resulta improcedente la controversia constitucional contra la remoción temporal del Fiscal, y en tanto que prevalece la causa de su suspensión (sigue sin cumplir con la aprobación de la Evaluación de Control de Confianza y Certificación) lo que procede es que la Legislatura local, en uso de sus atribuciones, concluya el procedimiento y disponga el cese definitivo de Jorge Winckler -por la vía jurídica más indicada- y de inmediato emita la convocatoria para la designación del nuevo Fiscal General.

Este arroz… ya se coció.

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Epílogo.

Los expedientes de fantasía fabricados por Jorge Winckler, a partir de las instrucciones que le daba su jefe Miguel Ámgel Yunes Linares, se siguen desplomando como castillos de naipes. La semana que acaba de concluir un tribunal federal ordenó levantar el aseguramiento a las cuentas bancarias de Gabriel Deantes Ramos, quien fuera secretario del Trabajo de Veracruz y uno de los más importantes operadores políticos, en la administración de Javier Duarte. *** A la Fiscalía General de la República (FGR) le sugiere que, si considera necesario que se mantenga esa medida, lo solicite ante un juez: “En caso de considerar que resulta necesario el aseguramiento de los instrumentos financieros de los aquí quejosos, se allegue de toda la información necesaria, que justifique de manera fehaciente la necesidad de la medida y realice la petición respectiva al juez de control en turno”. Así como este caso, todos los que se iniciaron en contra de los funcionarios del duartismo se han ido derrumbando. *** La Secretaría de Seguridad Pública confirmó el fallecimiento de la oficial María Alejandra Cruz Hernández, quien fue embestida por un vehículo cuando realizaba labores de control vial, en la carretera Tihuatlán-Álamo, a la altura de la localidad de Tecomate. *** Un vehículo no se detuvo a pesar de los señalamientos de la oficial y terminó embistiéndola, lo que le provocó la muerte. El conductor fue detenido.

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