* Marlón y el avión presidencial.

Vaya que el diputado local José Manuel Pozos Castro, ve al tuxpeño Alberto Silva Ramos hasta en la sopa, pues resulta que con tal de afectar la imagen del “cisne”, el legislador declaró que el Congreso Local estará haciendo una nueva revisión al contrato que se asignó a la empresa “NL Technology S.A. de C.V.” con el ayuntamiento de Tuxpan, aseverando que lo anterior se dio en la época en la que Silva fue edil, presumiéndose desvíos de recursos.

  Sin embargo, al parecer el no tan informado Pozos, desconoce que este contrato que superó los $150 millones de pesos, fue firmado en el 2017, en los tiempos del ex presidente Raúl Ruiz Díaz, quien efectivamente ha sido bastante señalado por hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

  Ah, pero para que no se piense mal, Pozos se dio el tiempo para descartar que estos asuntos sean para afectar la imagen de su seguro próximo competidor a la alcaldía, cuando a kilómetros se le nota el pánico que le tiene a Beto, quién al parecer será el encargado de darle fin a la carrera de un personaje, que está muy mal parado con los propios integrantes de la “4T”, pues pretendió grillar a muchos de sus compañeros, quedando bastante apestado.

  En fin, José Manuel Pozos Castro, ni coordinador del Grupo Legislativo, ni Presidente de la Mesa Directiva, ni Secretario de Gobierno, ni Subsecretario de nada, ni mucho menos alcalde.

  Ya se verá.

POR CIERTO, grave, gravísimo lo que el dirigente estatal del PRI Marlón Ramírez Marín declaró a medios de comunicación, al asegurar que el subejercicio del Gobierno de Veracruz durante el año 2019 asciende a $3 mil 284 millones de pesos, suficientes para comprar el avión presidencial valuado en $2 mil 900 millones de pesos.

  Con documentos oficiales en manos, el presidente del tricolor demostró que el 74% de los fondos federales entregados a Veracruz el año pasado no fueron ejercidos, y que no se van a poder utilizar, atestando que Cuitláhuac García miente cuando asegura que se ejercerán hasta marzo, pues el artículo 17 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que a más tardar el día 15 de cada año se debe de reintegrar a la tesorería de la federación todo el recurso que no se haya ejecutado.

  Caray, parece increíble que exista un subejercicio en la SIOP por mil 116 millones de pesos, en el DIF con 730 millones de pesos, en Sedesol con 276 millones de pesos, Salud con 230 millones de pesos.

  Ahora se entiende porque no hay obras, ni atención a grupos vulnerables, ni mucho menos medicamentos para las y los enfermos de cáncer.

  ¡Qué poca madre!

@IvanKalderon

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