Para la mayoría de los analistas políticos, la detención del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, representará una dura prueba para el sistema de procuración de justicia en México, pues la inminente extradición del excolaborador del expresidente priista Enrique Peña Nieto demostrará si la ley es selectiva o no, y si los juzgadores se atreven a citar e interrogar a todos los que tuvieron que ver en este escandaloso caso de presunta corrupción.

Y es que entre los supuestos implicados figuraría hasta el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, actualmente preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, al cual vinculan también con el consorcio brasileño Odebrecht que habría sobornado a Lozoya desde la campaña presidencial de Peña, en la que el exfuncionario recién detenido en España se desempeñó como responsable de Vinculación Internacional en el equipo del mexiquense.

Según el libro "Gigante de lodo", del periodista Raúl Olmos, el caso Odebrecht también tiene hilos conductores con el exmandatario veracruzano, pues el consorcio brasileño y su filial Braskem ya habían invertido desde antes en Veracruz. Inclusive refiere que al inicio del sexenio duartista, entre julio y agosto de 2011 --en la víspera del destape de Peña Nieto como precandidato presidencial--, la entonces dirigente nacional del PRI, Beatriz Paredes, volvió de Brasil en la misma comitiva donde estuvieron los empresarios Eustaquio de Nicolás, amigo del exgobernador del Estado de México, y los veracruzanos Francisco "Franky" García González y Moisés Manzur, ambos señalados como presuntos prestanombres de Duarte.

“No hay ningún otro lugar en el mundo donde tengamos un compromiso tan grande como lo tenemos en Veracruz a través de la empresa Braskem”, presumía Marcelo Odebrecht, el presidente de la gran compañía corruptora.

A este vínculo se atribuye que tras su detención y extradición de Guatemala en julio de 2017, Duarte haya lanzado sus enigmáticas palabras de advertencia dirigidas evidentemente a sus exaliados del poder presidencial: “Paciencia y prudencia, verbal continencia, presencia y ausencia, según conveniencia”.

Los negocios de Duarte con el consorcio carioca se activaron prácticamente al mes siguiente de que el exsecretario fidelista de Finanzas y Planeación fuera electo gobernador, en 2010, pues a partir de entonces empezaron a fluir las transferencias de las empresas offshore de Odebrecht a la firma fantasma "Blunderbuss", con domicilio fiscal en Poza Rica, en cuya acta constitutiva protocolizada ante notario dos años atrás figuraban como supuesto dueño Plinio Roldán Lecona Argüelles, exempleado de una gasolinera, de 29 años de edad, con domicilio en una humilde vivienda en el callejón Heriberto Jara, en la colonia popular Las Valentinas, de la cabecera municipal pozarricense, y como socio Santiago Castellanos Estrada, un vendedor de seguros de 66 años de edad, quien habitaba una modesta casa en la calle Xoyotán, en el fraccionamiento Tajín, de la ciudad de Papantla.

Para entonces, coincidentemente, ya estaban en curso dos de las más grandes inversiones de la constructora Odebrecht en el sur de Veracruz: la modernización de la refinería de Minatitlán en la que el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa autorizó un sobrecosto de 66% --al pasar de 634 millones de dólares a 1 mil 055 millones de dólares-- y la planta de Etileno XXI en Coatzacoalcos, a la que posteriormente Pemex, ya con Lozoya como director general, accedió a seguir suministrándole gas etano a precio preferencial por 20 años.